Carlos Razo Celaya

Expediente 576/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
576/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Razo Celaya

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS CAUSA ESTADO DESECHADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de nueve de junio del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado en sentido contrario y 20, inciso fracción II, del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, nueve de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de uno de junio cursante, y al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta los antecedentes del acto que reclama. En esas condiciones, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente reclama: La resolución de dieciocho de mayo de este año, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en autos del toca ***** de su índice, que confirmó la diversa resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio sucesorio intestamentario ***** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, respecto de quienes acudieron como mandatarios de la albacea en el desahogo de la prueba testimonial que tuvo lugar en el juicio de origen el tres de febrero de este año. En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio, a través del amparo directo, como violación procesal. Ahora bien, como se anticipó, el quejoso reclama la resolución de dieciocho de mayo de este año, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en autos del toca ***** de su índice, que confirmó la diversa resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio sucesorio intestamentario ***** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, respecto de las personas que acudieron como mandatarias del albacea, al desahogo de la prueba testimonial de tres de febrero de este año. Lo que patentiza que el acto reclamado, se emitió dentro de un procedimiento en forma de juicio que no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso, consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Es decir, al tratarse de una determinación que tiene como efecto confirmar la improcedencia del incidente de falta de personalidad, que deja incólume el desahogo de una prueba testimonial que ya se llevó a cabo, por su propia naturaleza, no tiene afectación en derechos sustantivos de la parte quejosa, sino constituye un acto procesal, precisamente, relativo al desahogo de pruebas en el contradictorio de origen. En el supuesto de que la determinación que se dicte en el procedimiento respectivo, en la etapa correspondiente, sea desfavorable a los intereses del peticionario del amparo, podrá aducir violación a las leyes del procedimiento. Pero lo importante ahora es que ese acto forma parte del procedimiento, en la etapa en la que se encuentra y no trasciende a derechos sustantivos de quien acude al amparo. En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, uno de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama del Magistrado del Supernumerario de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato con residencia en la capital y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 576/2023. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y, consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con copias necesarias del escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, toda vez que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que si bien la parte promovente narra algunos hechos relacionados al acto, lo cierto es que no se advierte de forma clara, el origen del acto reclamado, es decir, el tema sobre el cual versó la resolución que reclama, el tipo de juicio del que deriva, su secuela y estado procesal actual, así como las partes procesales que lo integran. Se reclama la sentencia de apelación que confirmó la resolución incidental de veinticuatro de marzo del año en curso, pero con los datos que aporta la demanda, no se permite advertir con claridad cuál fue la materia de ese incidente y, por ende, del recurso de apelación cuya sentencia se reclama; pues únicamente refiere que contra la interlocutoria interpuso recurso de apelación del que tocó conocer a la Tercer Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, radicándose con el toca número *****, el cual se resolvió el dieciocho de mayo del año en curso, y que confirmó la resolución recurrida. No obstante, omite mencionar los hechos o datos que permitan conocer de manera completa la naturaleza y contenido del acto que reclama. Todo lo cual es importante para determinar lo que corresponda sobre la admisión de la demanda. De modo que, tendrá que exponer los hechos que precedieron al acto que señala como reclamado, indicando de manera clara, precisa y cronológica, las actuaciones realizadas en el juicio de origen, incluyendo lo ya precisado, además, el carácter que tiene en el juicio del que emana el acto reclamado y el estado procesal en que se encuentra; lo cual deberá realizar con la "protesta de conducirse con verdad". Lo antes expuesto, por ser datos que resultan necesarios para fijar la litis constitucional y estar en condiciones de proveer lo conducente respecto de la demanda planteada, siendo que esa información corresponde a los antecedentes del acto reclamado, los cuales, constituyen un requisito formal del citado libelo actio. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no atender lo requerido en este acuerdo en los puntos que anteceden, dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En tales condiciones, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena que dentro del juicio de amparo en que se actúa, todas las notificaciones sucesivas, aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista que se fije en los lugares visibles de este órgano, así como la correspondiente publicada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal; hasta en tanto señale domicilio para tal fin. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***** se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para que sean considerados como medios de contacto. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.

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