Carlos Raúl Díaz de León Hernández
Expediente 266/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- Carlos Raúl Díaz de León Hernández
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de septiembre de dos mil veintitrés. I. Informa. Agréguese a los autos, el oficio de la Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que notificó a las partes, la resolución que emitió en cumplimiento a la sentencia emitida en autos, lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexa, de lo que se toma nota para los efectos a que haya lugar. II. Análisis de cumplimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Al respecto, se traen a glosa los efectos de la concesión, los cuales estatuyen lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Los efectos del amparo son para que la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, obre en el sentido de respetar el derecho de acceso a la impartición de justicia violado, por lo que en cumplimiento a la presente resolución, una vez que cause ejecutoria, la Junta Laboral responsable deberá:[...] Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se tratan de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" II. Archivo y destino del expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el inciso a), fracción del artículo 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de conservación, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XX del artículo 3, del referido Acuerdo General. IV. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, el tomos d prueba que se formó con las constancias que integran el juicio laboral ********************, que exhibió en autos. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo de la citada autoridad, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. I. Remite promoción dirigida a este juicio. Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, al que anexa diversa promoción, consistente en el oficio signado por la Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; atento a ello, se provee: I. Informa cumplimiento. Visto el oficio signado por la Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, remite las constancias con las que estima dar cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. I. Autoridad solicita prórroga. Intégrese al sumario el oficio signado por la Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el cual solicita prórroga para cumplir con la sentencia definitiva dictada en autos. Visto lo solicitado por la autoridad oficiante, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga el plazo de quince días hábiles, computados a partir de la notificación del presente proveído, a efecto de que se encuentre en posibilidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en dicho término deberá acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, décima época, registro 2007918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Lo anterior, con motivo de que el primer requerimiento se le realizó el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que quince días más, son suficientes para que acate el fallo protector emitido en autos. Únicamente por la imposibilidad que refiere, derivada de las altas cargas de trabajo que aduce tener la autoridad responsable. II. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, en el término que se le concede, se harán efectivas las medidas de apremio decretadas en autos. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requiere cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el nueve de enero de dos mil veintitrés. IV. Responsabilidad de las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
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