Carlos Raúl Aguayo Hernández
Expediente 2209/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2209/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Carlos Raúl Aguayo Hernández
- Juez Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En doce de febrero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de distrito con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el autorizado del quejoso licenciado José Jaime Mireles Juárez, exhibió el billete de depósito número N 190717, valioso por la cantidad de cinco mil pesos 00/100 M.N ($ 5,000.00), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), para garantizar la suspensión definitiva concedida al quejoso Carlos Raúl Aguayo Hernández, mediante interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil quince; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, cuenta con el término de dos años para que comparezca ante el personal de este Juzgado, a recibir el mencionado documento mercantil, apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación; ello de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Servicio de la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
En dos de febrero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretario en funciones de Juez con un escrito registrado con el número 1900. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Carlos Raúl Aguayo Hernández; en atención a su contenido y tomando en consideración que el veintiocho de enero del año en curso, causó ejecutoria por ministerio de ley la resolución de once de enero de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo; luego, como lo solicita el ocursante, devuélvase el billete de depósito número N 190717, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), valioso por la suma de cinco mil pesos 00/100 ($5,000.00 M.N.), que sirvió para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados, concedida en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo en que se actúa; debidamente endosado a nombre del quejoso, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, autorizando para que lo reciba a su nombre y representación al licenciado José Jaime Mireles Juárez. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *EMVG
- Principal
En veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del catorce al veintisiete de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de enero de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 2209/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho del Juzgado con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el once de enero del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, el proceso penal 22/2015, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la diversa fracción III, última parte, del citado punto vigésimo primero del acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; en atención a que en dicho cuaderno se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; luego entonces, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por lo que se refiere al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN sí es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tanto, guárdese por separado, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2209/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, asistido del licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en esta ciudad en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; y del igual forma consta que el tercero interesado Oscar Fernando González Vera quedó debidamente notificado por conducto de su mamá Imelda González Vera. Asimismo, el secretario hace constar, que no obra en el presente asunto el informe justificado de la autoridad responsable ejecutora "Comandante de la Policía Ministerial del Estado con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas", no obstante de haber sido legalmente emplazado como consta con el acuse de recibo; asimismo, da cuenta con el ocurso registrado con el número 347 por el cual comparece el tercero interesado Oscar Fernando González Vera y nombra como su representante legal al licenciado José Manuel Hernández Dávila así como señala domicilio para oir y recibir notificaciones en la Avenida González Ortega número 109, Zona Centro de esta ciudad. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que remitió el Juez responsable, consistentes en el duplicado del proceso penal 22/2015. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes formuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2209/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, CARLOS RAÚL AGUAYO HERNÁNDEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los actos que hizo consistir en: "A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución al acto reclamado de las autoridades señaladas". Preceptos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contemplados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el número 2209/2015 y; en auto de nueve de diciembre dos mil quince, se ordenó su admisión; pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Tribunal Federal; emplazar al tercero interesado, ordenar el trámite por duplicado y separado del incidente solicitado; y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Precisión y certeza del acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a las jurisprudencias de rubro y texto siguientes : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional se advierte que los actos reclamados en la presente instancia se hacen consistir en la orden de detención y/o aprehensión librada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. II.2. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, toda vez que así lo reconoció expresamente en su informe justificado. [F.15]. Por su parte, el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en su informe justificado negó expresamente la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa debe considerarse desvirtuada, toda vez que como ya se asentó en líneas que preceden, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en su comunicado admitió como cierto el acto reclamado; por tanto, dadas las funciones que el citado Director General de la Policía Ministerial desempeña, es a él a quien le compete la ejecución del mandamiento de captura que en esta instancia se combate; en consecuencia, deben considerarse ciertos los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad citada en último término. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que en apoyo a su comunicado remitió la citada responsable, consistentes en el duplicado de la causa penal 22/2015; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión que debe analizarse de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías ". Este Secretario en funciones de Juez de Distrito, advierte que en el caso de estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de garantías se advierte que el agraviado Carlos Raúl Aguayo Hernández reclama la orden de detención y/o aprehensión dictada en su contra, señalando como autoridades responsables al Juez Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; y al Director General de la Policía Ministerial del Estado con sede en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, específicamente del duplicado del proceso penal número 22/2015, que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, remitió como justificación de sus actos, se obtiene que el veintinueve de octubre de dos mil quince, giró orden de aprehensión en contra del impetrante de garantías CARLOS RAÚL AGUAYO HERNÁNDEZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de LESIONES perpetrado en agravio de OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ VERA Y DAÑO EN LAS COSAS CULPOSOS cometido en agravio de quien resulte ofendido. Asimismo, de las copias fotostáticas certificadas que la citada autoridad judicial remitió con su oficio 3135, se obtiene que el veintiséis de diciembre del dos mil quince, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, habiendo decretado en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos anotados. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de garantías, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión dictada en contra del peticionario de garantías, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de término constitucional que resolvió la situación jurídica del impetrante CARLOS RAÚL AGUAYO HERNÁNDEZ, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado con motivo del acto reclamado combatido en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de término constitucional es autónomo e independiente de aquél mandato aprehensorio; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de formal prisión pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Tiene puntual aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia número 567, visible en la página 451, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia del mandato de captura reclamado a la autoridad judicial señalada como ordenadora. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías 2209/2015, promovido por CARLOS RAÚL AGUAYO HERNÁNDEZ, respecto de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza. DOY FE.L´FRF/Ricardo.
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