Carlos Ramos Ortiz

Expediente 1072/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1072/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Ramos Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado Federal acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, mediante el cual acusa recibo de los autos originales relativos al juicio de amparo 1072/2023-II, e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo que dio origen a este asunto y se avocó a su conocimiento; de lo que se toma el debido conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. II. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es destruible la presente pieza de actuaciones, Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Carlos Ramos Ortiz, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado por este Juzgado Federal en auto preventivo de cinco de octubre pasado, en consecuencia se provee. Precisión de los actos reclamados. Incompetencia. En principio, resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, atento a las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden las tres hipótesis que rigen la competencia de los jueces de distrito, las cuales son, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del precepto señalado, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión constituye más bien un matiz de la regla antes señalada, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, ante quien se presentó la demanda (que haya prevenido), será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que si la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro del ámbito territorial de jurisdicción del juez Federal, para que sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora bien, en el presente asunto se está en presencia del supuesto contenido en el inciso a), tal como se demostrará a continuación. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la inmovilización de la cuenta bancaria 6419498914 que fue aperturada en la ciudad de Colima, Colima, en el banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Al respecto, se debe tomar en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, estableció que cuando se reclame un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito, que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Página 369, de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." De igual forma, cobra aplicación al caso, por igualdad de razón, la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 293, del tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra señala: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZÓ EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa reclama la inmovilización de la cuenta bancaria ********* que fue aperturada en la ciudad de Colima, Colima, en el banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, lo cual manifiesta que aconteció a principios del mes de septiembre del año en curso. Por tanto, si el peticionario del amparo acude a reclamar la inmovilización de la cuenta bancaria señalada, la cual fue aperturada en la ciudad de Colima, Colima, es inconcuso que dichos actos no tienen ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el domicilio donde se abrió dicha cuenta (Colima, Colima) y, por ende, conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo es el juez de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutaron los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, Febrero de 1996; Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Así las cosas, se advierte que resulta imperativo que se atiendan a las consecuencias jurídicas de los actos reclamados por la parte quejosa, es decir, si requieren o no de ejecución material, según lo establece la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tales condiciones, esta juzgadora considera que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo; por tanto se ordena remitir los autos originales del presente asunto y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima; se solicita atentamente al órgano jurisdiccional que por turno corresponda conocer del presente asunto, acuse recibo y, a su vez, se sirva informar la determinación que en el presente asumió, respecto a la remisión del presente juicio. No escapa a la vista de la suscrita que el quejoso es un adulto mayor; sin embargo, ello no es óbice para arribar a la determinación asumida, pues no obstante que el quejoso sea un adulto de la tercera edad y que por ello pudiera pensarse que debe aplicarse la suplencia de la queja deficiente a su favor, lo cierto es, que dicha suplencia no puede llegar al extremo de generar de manera automática la procedencia de la acción de amparo sin dejar de observar los requisitos de procedibilidad; pues dicha institución no entraña actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente, como lo sería a guisa de ejemplo, hacer procedente una demanda de amparo que no lo es, por esgrimir únicamente se es adulto mayor. Lo anterior es así, pues si bien es cierto existen ajustes razonables al procedimiento atendiendo a la condición de desventaja social de diversos grupos vulnerables localizados en nuestra sociedad, también lo es que los requisitos de procedibilidad o presupuestos procesales no pueden ser suprimidos o no cumplidos dada su condición de pertenencia a dichos grupos, pues los primeros son únicamente "ajustes" o flexibilización dentro de un procedimiento en razón a su condición, mientras que los segundos son requisitos legales que deben ser colmados a fin de incitar la acción jurisdiccional, dado que ante su inobservancia se lesionarían desproporcionadamente los derechos de las otras partes, lo que está prohibido por el artículo 17 de la Constitución General. Orienta lo anterior, la tesis aislada 1a. CXXXIV/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1104, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, de rubro: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Así como la diversa I.3o.C.31 C (11a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 3771, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe siguiente: "ADULTOS MAYORES. LA POSIBLE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A QUE ESTÁN EXPUESTOS, NO PERMITE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, SO PRETEXTO DE INSTRUMENTAR AJUSTES RAZONABLES PORQUE, DE HACERLO, LESIONARÍAN DESPROPORCIONADAMENTE LOS DERECHOS DE LAS OTRAS PARTES, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL." Por tal motivo, no se desatiende el criterio que invoca el peticionario del amparo en su escrito aclaratorio, referente a la competencia que en su caso tendría este órgano jurisdiccional para conocer de su demanda de amparo; sin embargo, dicho criterio constituye solo una referencia orientadora para este tribunal y no vinculatoria, en términos del artículo 217, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Cuaderno de antecedentes. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente asunto.

  3. Principal

    Prevención a la parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I y II, así como 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las partes, sin presentar ni formular nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: Manifieste, bajo protesta de decir verdad, en qué sucursal fue aperturada la cuenta bancaria que defiende en esta sede constitucional, y a qué ciudad pertenece. Lo anterior, en razón a que en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado nada dice al respecto, empero, de los anexos que exhibió a su demanda se advierte con meridiana claridad que la misma fue aperturada en la ciudad de Colima, Colima; de ahí el requerimiento que se le formula, pues la relatoría de antecedentes es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, a más de que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. En el entendido que la protesta peticionada la realizará el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Novena sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV; julio de 2006; página: 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de epígrafe: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Apercíbase a la parte quejosa para que al dar cumplimiento a lo anterior se conduzca con verdad, pues de advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que manifestó hechos falsos u omitió datos en la demanda con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos, en su caso, para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Así también se apercibe al quejoso que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Cruz Cano, Gregorio Miguel Acevedo Flores, Alexandra Delgado Arias y Reyes Carlos León Cordero, en virtud que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que ahí refiere, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio, toda vez que los nombres de los usuarios que proporciona "josemagana" y "Danielcano", se encuentran registrados con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, únicamente por lo que ve a la parte quejosa. Asimismo, como el accionante solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente asunto y que ameriten notificación personal, por lo que ve a dicha parte quejosa, únicamente en el primero de los usuarios proporcionados para tal efecto, esto es, "josemagana", lo anterior, a fin de dar certeza jurídica a las notificaciones que se le realicen y estar en condición legal de computar plazos y términos. Sin que sea óbice que en el escrito que se provee se precise un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, sin embargo, este órgano jurisdiccional privilegia el medio electrónico para la recepción de notificaciones en el presente asunto, además que así lo peticionó el ocursante expresamente. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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