Carlos Ramon Rincon Gordillo

Expediente 696/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
696/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/01/2021

Partes del expediente

  • Carlos Ramon Rincon Gordillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, destaca que, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se decretó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo que en ese período no corrieron términos. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente en su artículo 2º, se determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos, lo que implicó su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Así como que, mediante Circular CAP/3/2020, signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), lo que implicó que no correrían términos en el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos durante el lapso anotado, en virtud que no se ubicaba en una de las hipótesis de urgencia, trámite en línea o priorización, a que se refieren los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del Acuerdo General 13/2020, modificado por el diverso 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reanudándose en la presente fecha; en atención a lo anterior, visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d) del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos del artículo 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 696/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la negativa a instaurar el procedimiento administrativo de investigación en contra de **, Director de Tránsito y ***, agente de tránsito, ambos dependientes de la Dirección de Tránsito Municipal de esta ciudad, con motivo de la queja que presentó en su contra y, de otro policía dependiente de la citada dependencia, por su abusiva actuación como servidores públicos de la dependencia municipal referida. Conviene precisar que en el capítulo de hechos, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que los hechos que motivan la demanda consisten en que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, presentó escrito de queja ante la Contraloría Municipal de esta ciudad, en contra de tres policías de que se trata; sin embargo, por causa que dice desconocer, dicho órgano de vigilancia se declaró incompetente jurídicamente y, determinó enviar el escrito de queja y anexos que ofreció como pruebas a la oficina de la autoridad responsable, para que se avocara a la investigación de los hechos denunciados por el quejoso. Asimismo, refirió que el titular de la Secretaría responsable, determinó iniciar el procedimiento administrativo de investigación, lo registró con el expediente 42/2020, únicamente en contra del policía de tránsito municipal Mario Luis Villatoro Gutiérrez, negándose en contra del Director de Tránsito Municipal Oscar Graciano Martínez Gris y de Raquel Julio Moreno Ocampo, y que, por causas que desconoce, únicamente citó al policía inicialmente mencionado, para audiencia a celebrarse a las once horas del cuatro de noviembre de dos mil veinte. En el contexto anterior, este juzgador advierte de manera oficiosa, que respecto del acto anteriormente señalado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 6º y 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional,1 por los motivos siguientes. Ahora, el tópico que se encuentra relacionado en este asunto es el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, dado que involucra a una persona que ha presentado una denuncia o una queja en contra de algún servidor público. Las bases del régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se prevén en los artículos 108, párrafos primero y último, así como 109, fracción III, párrafo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, los cuales deben regir el desempeño de su encargo, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que constituyan irregularidades en el desarrollo de sus funciones. En esa línea de pensamiento, el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como finalidad lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, lo que obedece a intereses superiores de carácter público e implica que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; además, la investigación relativa no se lleva a cabo con el propósito indefectible de sancionar al servidor público, sino con el fin de determinar con exactitud si cumplió o no, con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste es compatible o no, con el servicio que presta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2a. CXXVII/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO."Cabe señalar que el artículo 109, párrafo primero, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad administrativa. De lo anterior deriva la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades; en ese sentido, la facultad o derecho del gobernado de informar a la autoridad competente los hechos que probablemente constituyan alguna responsabilidad administrativa, no lleva aparejado el derecho de impugnar lo que ésta determine, quien sólo se encuentra compelida a ejercer sus facultades de investigación y sanción, una vez que se reúnen los supuestos de procedencia, los probatorios y todos aquellos que se exige en cada legislación para tal efecto. Sobre el tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público, de ahí que el acto que reclama el solicitante del amparo no irrogue afectación a la esfera jurídica del hoy quejoso. Por ende, si se desecha por inviable una queja administrativa, el denunciante no cuenta con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, ya que se actualiza sólo un interés genérico o simple de muy diversa índole en la medida en que el ánimo puede verse inclinado a cierta finalidad por motivos culturales, económicos, sociales o de cualquier otra índole, distinta a la relevante para promover el juicio de amparo. En conclusión, el derecho de presentar quejas o denuncias administrativas, no trae aparejado el interés legítimo para reclamar en amparo indirecto la omisión de darle trámite o el desechamiento de la misma, por parte de la autoridad competente para ello. En ese orden de ideas, si el impetrante de amparo reclama de las responsables la negativa a instaurar el procedimiento administrativo de investigación en contra de Oscar Graciano Martínez Gris, Director de Tránsito y Raquel Julio Moreno Ocampo, agente de tránsito, ambos dependientes de la Dirección de Tránsito Municipal de esta ciudad, con motivo de la queja que presentó en su contra y, de otro policía dependiente de la citada dependencia, por su abusiva actuación como servidores públicos de la dependencia municipal referida, entonces, resulta evidente que la naturaleza de dicho reclamo es meramente administrativa, y por tanto la promovente del amparo carece de interés legítimo y jurídico para reclamar esa determinación. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa.3 Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 1/2006, sustentada por la misma Sala, de epígrafe y texto: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.4 3 Visible la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Administrativa, página 1979, registro 2019468. 4 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, página 1120, registro 176129. Entonces, si la autoridad responsable tuvo como no cumplimentada las exigencias previstas en la norma aplicable en relación a la denuncia interpuesta, ello no constituye razón suficiente para determinar que el aquí quejoso cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de amparo contra dicha determinación. Guarda aplicación, la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público.5" Por ello se dice que carece el aquí quejoso de un interés directo en relación a la procedencia o no del procedimiento administrativo, pues en caso que la responsable le diere entrada a su tramitación y lo declarase fundado, aquel no obtendrían beneficio jurídico o personal alguno, si se determinara aplicar sanción administrativa a los servidores públicos contra quienes se interpuso la denuncia; pues no debe olvidarse que el objeto de las normas que regulan la responsabilidad de los servidores judiciales, sólo consiste en garantizar a la sociedad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia. De ahí que, en la especie, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 6° y 5°, fracción I, fracción III, de la Ley de Amparo, sea manifiesta e indudable. Cobra aplicación por las razones que expone la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), del Pleno en materia administrativa des segundo circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, pagina 2365, con registro digital 2010368, del rubro y texto siguientes: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." En las relatadas consideraciones, lo que procede es desechar la demanda por notoria improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Luis; toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 696/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la negativa a instaurar el procedimiento administrativo de investigación en contra de **, Director de Tránsito y ***, agente de tránsito, ambos dependientes de la Dirección de Tránsito Municipal de esta ciudad, con motivo de la queja que presentó en su contra y, de otro policía dependiente de la citada dependencia, por su abusiva actuación como servidores públicos de la dependencia municipal referida. Conviene precisar que en el capítulo de hechos, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que los hechos que motivan la demanda consisten en que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, presentó escrito de queja ante la Contraloría Municipal de esta ciudad, en contra de tres policías de que se trata; sin embargo, por causa que dice desconocer, dicho órgano de vigilancia se declaró incompetente jurídicamente y, determinó enviar el escrito de queja y anexos que ofreció como pruebas a la oficina de la autoridad responsable, para que se avocara a la investigación de los hechos denunciados por el quejoso. Asimismo, refirió que el titular de la Secretaría responsable, determinó iniciar el procedimiento administrativo de investigación, lo registró con el expediente 42/2020, únicamente en contra del policía de tránsito municipal Mario Luis Villatoro Gutiérrez, negándose en contra del Director de Tránsito Municipal Oscar Graciano Martínez Gris y de Raquel Julio Moreno Ocampo, y que, por causas que desconoce, únicamente citó al policía inicialmente mencionado, para audiencia a celebrarse a las once horas del cuatro de noviembre de dos mil veinte. En el contexto anterior, este juzgador advierte de manera oficiosa, que respecto del acto anteriormente señalado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 6º y 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional,1 por los motivos siguientes. Ahora, el tópico que se encuentra relacionado en este asunto es el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, dado que involucra a una persona que ha presentado una denuncia o una queja en contra de algún servidor público. Las bases del régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se prevén en los artículos 108, párrafos primero y último, así como 109, fracción III, párrafo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, los cuales deben regir el desempeño de su encargo, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que constituyan irregularidades en el desarrollo de sus funciones. En esa línea de pensamiento, el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como finalidad lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, lo que obedece a intereses superiores de carácter público e implica que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; además, la investigación relativa no se lleva a cabo con el propósito indefectible de sancionar al servidor público, sino con el fin de determinar con exactitud si cumplió o no, con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste es compatible o no, con el servicio que presta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2a. CXXVII/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO."Cabe señalar que el artículo 109, párrafo primero, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad administrativa. De lo anterior deriva la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades; en ese sentido, la facultad o derecho del gobernado de informar a la autoridad competente los hechos que probablemente constituyan alguna responsabilidad administrativa, no lleva aparejado el derecho de impugnar lo que ésta determine, quien sólo se encuentra compelida a ejercer sus facultades de investigación y sanción, una vez que se reúnen los supuestos de procedencia, los probatorios y todos aquellos que se exige en cada legislación para tal efecto. Sobre el tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público, de ahí que el acto que reclama el solicitante del amparo no irrogue afectación a la esfera jurídica del hoy quejoso. Por ende, si se desecha por inviable una queja administrativa, el denunciante no cuenta con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, ya que se actualiza sólo un interés genérico o simple de muy diversa índole en la medida en que el ánimo puede verse inclinado a cierta finalidad por motivos culturales, económicos, sociales o de cualquier otra índole, distinta a la relevante para promover el juicio de amparo. En conclusión, el derecho de presentar quejas o denuncias administrativas, no trae aparejado el interés legítimo para reclamar en amparo indirecto la omisión de darle trámite o el desechamiento de la misma, por parte de la autoridad competente para ello. En ese orden de ideas, si el impetrante de amparo reclama de las responsables la negativa a instaurar el procedimiento administrativo de investigación en contra de Oscar Graciano Martínez Gris, Director de Tránsito y Raquel Julio Moreno Ocampo, agente de tránsito, ambos dependientes de la Dirección de Tránsito Municipal de esta ciudad, con motivo de la queja que presentó en su contra y, de otro policía dependiente de la citada dependencia, por su abusiva actuación como servidores públicos de la dependencia municipal referida, entonces, resulta evidente que la naturaleza de dicho reclamo es meramente administrativa, y por tanto la promovente del amparo carece de interés legítimo y jurídico para reclamar esa determinación. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa.3 Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 1/2006, sustentada por la misma Sala, de epígrafe y texto: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.4 3 Visible la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Administrativa, página 1979, registro 2019468. 4 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, página 1120, registro 176129. Entonces, si la autoridad responsable tuvo como no cumplimentada las exigencias previstas en la norma aplicable en relación a la denuncia interpuesta, ello no constituye razón suficiente para determinar que el aquí quejoso cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de amparo contra dicha determinación. Guarda aplicación, la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público.5" Por ello se dice que carece el aquí quejoso de un interés directo en relación a la procedencia o no del procedimiento administrativo, pues en caso que la responsable le diere entrada a su tramitación y lo declarase fundado, aquel no obtendrían beneficio jurídico o personal alguno, si se determinara aplicar sanción administrativa a los servidores públicos contra quienes se interpuso la denuncia; pues no debe olvidarse que el objeto de las normas que regulan la responsabilidad de los servidores judiciales, sólo consiste en garantizar a la sociedad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia. De ahí que, en la especie, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 6° y 5°, fracción I, fracción III, de la Ley de Amparo, sea manifiesta e indudable. Cobra aplicación por las razones que expone la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), del Pleno en materia administrativa des segundo circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, pagina 2365, con registro digital 2010368, del rubro y texto siguientes: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." En las relatadas consideraciones, lo que procede es desechar la demanda por notoria improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Luis; toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

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