Carlos Ramón Gómez Topete y Otros.

Expediente 252/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Ramón Gómez Topete y Otros.
  • Carlos Ramón Gómez Topete
  • Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos del presente expediente, se aprecia que obra anexos relacionados con este asunto, consistentes en: copias certificadas del expediente 925/2021 constante en dos tomos y copias certificadas del Toca 118/2022, mismas fueron remitidas por el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México y la Oficial Mayor de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, como complemento a sus informes justificados, respectivamente; sin embargo, toda vez que este asunto fue remitido al archivo, no se estima necesario su resguardo. Por tanto, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvanse dichas constancias a las referidas autoridades para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo; no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio correspondiente, se cerciore que la autoridad destinataria asiente las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de siete de septiembre del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, que el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, mientras que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), de dicho Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado y el original del incidente de suspensión y el presente expediente serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, la tercera interesada **, solicita se le dé vista sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente expediente. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento a la parte tercero interesada que en proveído de siete de septiembre del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo en relación a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual, el quejoso *** en atención a la vista ordenada el dos de septiembre del presente año, realiza diversas manifestaciones, indicando, en lo sustancial, que la responsable debió de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando que no dejo insubsistente lo resuelto en la audiencia de fecha ocho de febrero de dos dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación, asimismo, no ha dictado una nueva resolución. Atento a lo anterior, dígasele al ocursante que se acordará lo conducente en párrafos siguientes, ahora bien, toda vez que la parte quejosa realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución oral de fecha ocho de febrero del año en curso, mediante el cual, la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer en audiencia inicial dentro del expediente 925/2021 de su índice." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Carlos Ramón Gómez Topete, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, México: "1. Deje insubsistente la resuelto en la audiencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 925/2021 de su índice, única y exclusivamente en lo relativo al recurso de revocación hecho valer por la parte actora Carlos Ramón Gómez Topete -ahora quejoso-, a través de su abogada; y, 2. Dicte otra resolución, en la que considerando lo precisado en esta sentencia, y una vez subsanados los vicios formales advertidos en la misma, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que de ello derive conforme a derecho.." El veinticuatro de agosto del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable, remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, en auto de dos de septiembre pasado se tuvo por recibido el oficio 2137 signado por el Secretario Judicial del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, mediante el cual, remitió copias certificadas del auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, así como de la resolución de treinta y uno de agosto dictadas en el expediente 925/2021 de su índice, constancias de las que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, en donde se advierte que la autoridad responsable dejo insubsistente la resolución de ocho de febrero pasado dictada dentro del expediente 925/2021 de su índice, asimismo, dictó la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la cual contestó los agravios hechos valer por la parte quejosa, en ese sentido, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

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