Carlos Ramiro Guevara Ceballos
Expediente 241/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yaratzed Rodríguez Rosas
- Carlos Ramiro Guevara Ceballos
- Elías González Jiménez
- Moisés Mateo Esperilla Andriasis
- Elvitz Bermúdez Gutiérrez
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98, todos de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente recurriera el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el seis de noviembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que notifica que en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en la queja en materia administrativa ********************/2023, de ese índice, el mencionado tribunal resolvió: "ÚNICO. SE DECLARA FUNDADO el presente recurso de queja número ********************/2023, interpuesta por ********************y ********************por conducto de********************en su carácter de representante común de los quejosos en el juicio********************/2023 (calidad reconocida en el proveído de veintisiete de marzo pasado), en contra del acuerdo dictado en veintiocho de abril de dos mil veintitrés por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en ese juicio de amparo indirecto, promovido por la misma parte recurrente, mediante el cual desechó la demanda, por notoria improcedencia de ese juicio.'' En tal razón, acúsese recibo, realícense las anotaciones correspondientes, y comuníquese a las partes lo anterior. Asimismo, se toma conocimiento de que la Superioridad declaró fundado el recurso de queja, a fin de que este juzgador, de no advertir otra causa de improcedencia, provea sobre la admisión de la demanda. Por tanto, toda vez que consideró dejar a salvo la libertad de jurisdicción para que este juzgador se encontrara en aptitud de proveer lo conducente en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo, se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO Este Juzgado de Distrito de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones VIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra normas generales que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los medios de control constitucional, como es el caso de las acciones de inconstitucionalidad, y cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que hace innecesario continuar con la tramitación de este asunto. En ese sentido, el artículo 1º de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, el numeral ******************** de dicho ordenamiento jurídico, señala específicamente que el Alto Tribunal tiene la atribución de declarar la inconstitucionalidad de una norma general a través de una acción de inconstitucionalidad. En el caso, la parte quejosa reclama en el presente juicio se hizo consistir en: "A. Del Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, se reclama el proceso legislativo en forma destacada, llevando a cabo para la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación, así como el acto legislativo mismo consistente en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, específicamente por lo que hace a los artículos 30 numerales 3 y 4 (por derogación); 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numerales 3;44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 incisos c) y f) y numeral 2;61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1,3,4,5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; ******************** numeral I incisos a)y b), así como numerales 2 y 5; 72, numerales 1 al 5; 74, numerales 1 al 4; 76 numerales 1 al 4; 80;98, numerales 3 y 4; 99 numerales 1 al 5;74 , numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 80; 98, numerales 3 y 4; 99 numerales 3 y 5; 116, numeral 1; 125, Inciso a); 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la participación en el proceso legislativo, mediante la aprobación, promulgación y orden de publicación que derivaron en el Decreto a que se refiere el inciso A., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023 y en vigor a partir del 3 de marzo de 2023, específicamente por lo que respecta a los artículos 30 numerales 3 y 4 (por derogación); 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numeral 3; 44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 incisos c) y f) y numeral 2; 61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1, 3, 4, 5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; ******************** numeral I incisos a) y b), así como numerales 2 y 5; 72, numerales 1 al 5:74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 80; 98, numerales 3 y 4; 99 numerales 3 y 5; 116, numeral 1; 125, inciso a); 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. C. Del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, ambos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del C. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, el C. Director de personal del Instituto Nacional Electoral y el C. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, se reclama la ejecución de las disposiciones normativas a que se refieren los incisos A y B anteriores, materializada mediante el Acuerdo ********************, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 3 de marzo de 2023, consultable en: ********************. D. Del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, creado por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral se reclama inminente ejecución del Acuerdo ******************** a que se refiere el inciso C. anterior, en los términos del Acuerdo SEGUNDO de aquel." Ahora bien, de la demanda se advierte que los quejosos ********************y ********************se encuentran adscritos a la 13 Junta Distrital de Huatusco, Veracruz, del Instituto Nacional Electoral. Sobre dicho Decreto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, al resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad ********************/2023 y sus acumuladas ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, y ********************/2023, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Partido Político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. Lo cual, se corrobora de la transcripción de la versión taquigráfica de la sesión respectiva, la cual se toma como hecho notorio: "SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ********************/2023 Y SUS ACUMULADAS ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023 Y ********************/2023, PROMOVIDAS, RESPECTIVAMENTE, POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL, DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EL PARTIDO POLÍTICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. Bajo la ponencia del señor Ministro Laynez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen: PRIMERO. SON PROCEDENTES Y FUNDADAS LAS PRESENTES ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. (.) SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias, Ministra Presidenta. En los efectos, donde se propone la declaratoria de invalidez, toda vez que en el apartado de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez, por lo que se declara la invalidez del decreto impugnado en su totalidad. A fin de preservar el principio de certeza, como lo hicimos ya en el engrose del Ministro Alberto Pérez Dayán, del precedente inmediato a estos, el proyecto propone precisar que las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían el dos de marzo de dos mil veintitrés, es decir, previo a la entrada en vigor, toda vez que ha sido declarado inválido en su totalidad, incluyendo sus artículos transitorios, que abrogaban lo que se opusiera. Lógicamente, queda vigente y viva la legislación previa. (.) El proyecto aclara que la declaratoria de inconstitucionalidad surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente sentencia al Congreso de la Unión y que el proyecto ordena también que esta resolución se notifique al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República. (.) Sería cuanto, Ministra Presidenta. (.) SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA PIÑA HERNÁNDEZ: Al contrario. Tome votación, por favor. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta. SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: A favor. SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: A favor, apartándome del párrafo 233. SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: En contra y con voto particular. SEÑORA MINISTRA ORTIZ AHLF: En contra y con voto particular. SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: A favor. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor con la salvedad que expresé. SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto. SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: Con el proyecto. EÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: De acuerdo con el proyecto. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el proyecto. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señora Ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra del párrafo 233; el señor Ministro Pardo Rebolledo, en contra de la primera parte de ese párrafo; con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y de la señora Ministra Ortiz Ahlf, quienes anuncian sendos votos particulares. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. ¿Hubo algún cambio en los puntos resolutivos? SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Ninguno, señora Ministra Presidenta." [Énfasis añadido] Por tanto, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad ********************/2023 y sus acumuladas ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023 y ********************/2023, en el sentido de declarar la invalidez de la totalidad del Decreto que se impugna en el juicio de amparo, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En atención a lo anterior, como se adelantó resulta evidente que se actualiza también la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por cesación del acto reclamado, por haberse destruido en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado implica, que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, es decir, no sólo detiene definitivamente el acto de autoridad, sino además, desaparecen totalmente los efectos del mismo, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Ilustra lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si bien, se refiere a lo establecido en los artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, también lo es que el contenido de dicho numeral es esencialmente el mismo a que se refiere el diverso 61, fracción XXI, de la ley en cita vigente, además que el criterio jurisprudencial en comento no contradice los preceptos normativos aludidos en último término, conforme a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la ley de la materia. El criterio referido es de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia 3 del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Así como, es aplicable por analogía y por el criterio que informa, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Por lo tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, que constituía el acto reclamado, fue declarado inválido por virtud de la resolución pronunciada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad ********************/2023 y sus acumuladas, de ahí que ningún efecto legal tiene ya sobre la esfera jurídica de los aludidos quejosos, puesto que las consecuencia de tal declaratoria será que las normas que se habían reformado a través del acto reclamado, recuperaran su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor del impugnado; en consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo de ********************y Alejandro Rafael Castelán Canseco. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que notifica que en sesión de siete de julio de dos mil veintitrés, dictado en la queja ********************/2023 de su índice, el mencionado tribunal resolvió: "ÚNICO. SE DECLARA FUNDADO el presente recurso de queja número ********************/2023, interpuesto por ********************, por sí y como representante común de ******************** y otros, en contra del acuerdo dictado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número ********************/2023, promovido por la misma parte recurrente, en la parte mediante la cual desechó la demanda que lo originó, por notoriamente improcedente de ese juicio." En tal razón, realícense las anotaciones correspondientes, comuníquese a las partes lo anterior y acúsese de recibido a la Superioridad. DESECHAMIENTO Ahora, no obstante lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, este Juzgado de Distrito de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que hace innecesario continuar con la tramitación de este asunto. Para sostener lo anterior debe señalarse que de las constancias que obran en autos, se advierte: El acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en: "A. Del Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, se reclama el proceso legislativo en forma destacada, llevando a cabo para la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación, así como el acto legislativo mismo consistente en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, específicamente por lo que hace a los artículos 30 numerales 3 y 4 (por derogación); 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numerales 3;44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 incisos c) y f) y numeral 2;61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1,3,4,5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; ******************** numeral I incisos a)y b), así como numerales 2 y 5; 72, numerales 1 al 5; 74, numerales 1 al 4; 76 numerales 1 al 4; 80;98, numerales 3 y 4; 99 numerales 1 al 5;74 , numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 80; 98, numerales 3 y 4; 99 numerales 3 y 5; 116, numeral 1; 125, Inciso a); 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la participación en el proceso legislativo, mediante la aprobación, promulgación y orden de publicación que derivaron en el Decreto a que se refiere el inciso A., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023 y en vigor a partir del 3 de marzo de 2023, específicamente por lo que respecta a los artículos 30 numerales 3 y 4 (por derogación); 31 numerales 3 y 5; 32 numeral 1 inciso c); 33 numeral 1 incisos a) y b) por derogación; 38 numeral 3; 44 numeral 1 incisos a), d), gg) y mm); 48 incisos o), p), q); 52 numerales 1 a 4; 57 numeral 1 incisos c) y f) y numeral 2; 61 numeral 1 incisos a) y b), numeral 2 incisos a) y b), numerales 3, 4 incisos a), b), c) y d), y numerales 5 al 10; 62 numerales 1, 3, 4, 5 y 6; 64 numeral 1 incisos a), e) y f) y numeral 2; ******************** numeral I incisos a) y b), así como numerales 2 y 5; 72, numerales 1 al 5:74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 80; 98, numerales 3 y 4; 99 numerales 3 y 5; 116, numeral 1; 125, inciso a); 125 bis al 125 Septies; 201 al 206 por derogación; Transitorios Tercero, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto. C. Del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, ambos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del C. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, el C. Director de personal del Instituto Nacional Electoral y el C. Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, se reclama la ejecución de las disposiciones normativas a que se refieren los incisos A y B anteriores, materializada mediante el Acuerdo ********************, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 3 de marzo de 2023, consultable en: ********************. D. Del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, creado por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral se reclama inminente ejecución del Acuerdo ******************** a que se refiere el inciso C. anterior, en los términos del Acuerdo SEGUNDO de aquel." Ahora bien, de la demanda se advierte que los (1) ********************; (2) ********************; (3) Yaratzed Rodríguez Rosas; (4) Elvitz Bermúdez Gutiérrez; (5) Jaime Méndez Sandoval; (6) Luis Alberto Figueiras López; (7) Cindy del Carmen Sandria Sánchez; (8) Eduardo Nicolás Rivera Gómez; (9) Adriana Calderón Barbosa; (10) Laura Alejandra Quintana Téllez; (11) Rita María Carvajal Herrera; (12) José Luis Vázquez Aragón; (13) Juan de Dios Rendón Márquez y (14) Perla Cortés Pérez, promoventes del medio de impugnación aludido, se desempeñan como Vocales de las Juntas Distritales 4 y 12 con sede en la Ciudad de Veracruz, Veracruz. En ese sentido, se precisa que es un hecho notorio para este juzgado federal que en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, al resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad ********************/2023 y sus acumuladas ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, y ********************/2023, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Partido Político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. En las condiciones apuntadas, como los quejosos reclamaron en el presente juicio de amparo, la inconstitucionalidad del decreto materia de la acción ********************/2023 y sus acumuladas; y en razón de que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la invalidez de tal decreto en los siguientes términos: "PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con los apartados VI y VII, de la presente resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y el Semanario Judicial de la Federación. De ahí que para este juzgado cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se admitiera el juicio de amparo y previo trámite se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida." Es aplicable la Tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Cabe señalar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado implica, que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, es decir, no sólo detiene definitivamente el acto de autoridad, sino además, desaparecen totalmente los efectos del mismo, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Por lo tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, que constituía el acto reclamado, fue declarado inválido por virtud de la resolución pronunciada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad ********************/2023 y sus acumuladas, de ahí que ningún efecto legal tiene ya sobre la esfera jurídica de los aludidos quejosos, puesto que las consecuencia de tal declaratoria será que las normas que se habían reformado a través del acto reclamado, recuperaran su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor del impugnado; en consecuencia, lo procedente es desechar la demanda origen del presente juicio de amparo, únicamente por lo que hace a los quejosos (1) ********************; (2) ********************; (3) Yaratzed Rodríguez Rosas; (4) Elvitz Bermúdez Gutiérrez; (5) Jaime Méndez Sandoval; (6) Luis Alberto Figueiras López; (7) Cindy del Carmen Sandria Sánchez; (8) Eduardo Nicolás Rivera Gómez; (9) Adriana Calderón Barbosa; (10) Laura Alejandra Quintana Téllez; (11) Rita María Carvajal Herrera; (12) José Luis Vázquez Aragón; (13) Juan de Dios Rendón Márquez y (14) Perla Cortés Pérez. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita el contenido que informa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 13-07-2023, POR NO ATENDER AL AVISO DE 14-07-2023: ... Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que notifica que en sesión de siete de julio de dos mil veintitrés, dictado en la queja .. 2023 de su índice, el mencionado tribunal resolvió: .. ÚNICO. SE DECLARA FUNDADO el presente recurso de queja número .. ,interpuesto por .. por sí y como representante común de .. y otros, en contra del acuerdo dictado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número .. promovido por la misma parte recurrente, en la parte mediante la cual desechó la demanda que lo originó, por notoriamente improcedente de ese juicio... En tal razón, realícense las anotaciones correspondientes, comuníquese a las partes lo anterior y acúsese de recibido a la Superioridad. DESECHAMIENTO Ahora, no obstante lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, este Juzgado de Distrito de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que hace innecesario continuar con la tramitación de este asunto. Para sostener lo anterior debe señalarse que de las constancias que obran en autos, se advierte: El acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en: ... Ahora bien, de la demanda se advierte ... En las condiciones apuntadas, como los quejosos reclamaron en el presente juicio de amparo, la inconstitucionalidad del decreto materia de la acción .. 2023 y sus acumuladas; y en razón de que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la invalidez de tal decreto en los siguientes términos:.. .. Por lo tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado...
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