Carlos Ramírez Jiménez

Expediente 805/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
805/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Carlos Ramírez Jiménez
  • Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc del Estado de Tlaxcala, mediante el cual acusa recibo del diverso 9183/2019, del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, tal como lo señala la fracción I del referido punto.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que Carlos Ramírez Jiménez, haya interpuesto reclamación en contra del proveído de diez del mes y año en curso, por el que se desechó su demanda de derechos fundamentales, se declara que el mismo ha causado estado; en consecuencia, remítase al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el expediente 1150/2018. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, diez de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado; asimismo, remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; el expediente mercantil 1150/2018, de su índice, así como el ocurso de Karina Juárez Cuaxilo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos, fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 805/2019; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3 de la Ley de Amparo. La parte quejosa Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, señala en su demanda de amparo como acto reclamado la sentencia emitida por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1150/2018. Del citado expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad, promovió juicio de divorcio incausado en contra de Karina Juárez Cuaxilo (fojas 1 a 4). 2. Por auto de trece siguiente, la Juez Segundo de lo Familiar del referido Distrito Judicial, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, lo registró con el número 1150/2018, lo admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada (fojas 25 y 26). 3. Por auto de veinticinco de marzo posterior, se tuvo dando contestación a la demandada (foja 34). 4. Seguida la secuela procesal el diecinueve de agosto de esta anualidad, la Juez de primera instancia dictó sentencia correspondiente, cuyos putos resolutivos son: "Primero. Se ha tramitado legalmente el divorcio incausado, promovido por Carlos Ramírez Jiménez, contra de Karina Juárez Cuaxilo, para obtener la disolución del vínculo matrimonial.- Segundo. Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre los señores Carlos Ramírez Jiménez y Karina Juárez Cuaxilo, con la copia certificada del acta de matrimonio la cual se encuentra asentada en el libro cero uno (01), acta número cero dos (dos), con fecha de registro seis de enero de mil novecientos noventa y seis, expedida por el Oficial cero uno (01), del Registro Civil del Municipio de Apizaco, Tlaxcala.- Tercero. Tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1465, Ter, del Código de Procedimientos Civiles, la presente resolución no admite recurso alguno, se declara que la misma ha causado ejecutoria por ministerio de ley, por lo que con apoyo en los artículos 79 y 82, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el artículo 52, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, expídasele copias certificadas de la presente resolución, las que serán entregadas a la parte interesada, por conducto de la secretaria de acuerdos de este órgano jurisdiccional, en cualquier día y hora hábil de oficina, previa identificación y razón de su recibo que conste en autos; asimismo, se le hace saber a la ocursante que el costo del fotocopiado será a su cargo, por lo tanto con las copias antes referidas se ordena girar oficio al Oficial cero uno (01), Registro Civil del Municipio de Apizaco, Tlaxcala; a fin de que proceda realizar la anotación marginal correspondiente en términos de los artículos 121, fracción III, de la Carta Magna, 114, 628 Bis y 628 Ter y 639, fracción II, inciso a) de la Ley Sustantiva Civil vigente en el Estado de Tlaxcala; con la finalidad de que procede en realizar la anotación marginal correspondiente en términos de los artículos 121, fracción III, de la Carta Magna, 114, 628 Bis y 628 Ter y 639, fracción II, inciso a) de la Ley Sustantiva vigente en el Estado de Tlaxcala.- Cuarto. Se aprueban las cláusulas por lo que respecta a Carlos Ramírez Jiménez se aprueba la cláusula Cuarta (segundo y tercer párrafo); de la contrapropuesta de convenio formulada por Karina Juárez Cuaxilo, se aprueban la primera, sexta y octava; cláusulas que no son contrarias a la moral, al derecho y las buenas costumbres, además por encontrarse ajustadas a derecho cumplen así con los requisitos exigidos por el artículo 116, del Código Civil del Estado, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1465 Bis, fracción V, párrafo uno, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se prueba en sus términos dichas cláusulas del convenio exhibido.- Quinto. No se aprueban las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta (primer párrafo); y de la contrapropuesta de convenio formulada por Karina Juárez Cuaxilo, no se aprueban las cláusulas segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima; al no existir consenso entre los cónyuges, por lo tanto se dirimirá en la vía y forma que en derecho corresponda, en términos del artículo 1465 Bis, fracción V, párrafo dos, del Código de Procedimientos Civiles; por lo que se ordena correr traslado personal a la parte actora con la contrapropuesta y la expresión de hechos en que se funda del demandado con relación a las cláusulas antes referidas, para que dentro del plazo de nueve días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la presente resolución manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes; continuándose el juicio conforme a las reglas del juicio ordinario civil, tomándose en consideración las especiales que rigen a los procedimientos del orden familiar". (fojas 59 a 64). 5. Inconforme con una parte de esa determinación, Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, promueve el presente juicio de amparo. Como puede verse, la resolución que la parte quejosa señala en su demanda de amparo como acto reclamado, consistente en la determinación de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco en el expediente 1150/2018, constituye una sentencia que resolvió el fondo del asunto; por tanto, el conocimiento de la demanda de referencia es competencia de este tribunal colegiado, en términos de los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. De la resolución reclamada se advierte que la juez de primera instancia además de declarar la disolución del vínculo matrimonial, resolvió cuestiones inherentes a éste, tales como la no aprobación de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del convenio propuesto por Carlos Ramírez Jiménez, respecto a la extinción de la obligación alimentaria hacia sus hijos Carlos y Monserrat, ambos de apellidos Ramírez Juárez, no así de la menor de edad (cuya identidad se protege), pensión alimenticia hacia su cónyuge, así como la relativa a los bienes de la sociedad conyugal; de igual forma, no aprobó las cláusulas segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la contrapropuesta realizada por Karina Juárez Cuaxilo, relativas a la pensión alimenticia para ella y su menor hija, guarda y custodia de la menor de edad; liquidación de los bienes de la sociedad conyugal; lo anterior por falta de consenso de las partes. Previamente, se estima necesario puntualizar que la sentencia en general puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento; como acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. Ello, como lo ha sostenido el Alto Tribunal del país en los siguientes criterios: Jurisprudencia registro 244766, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Quinta Parte, Séptima Época, Materia Común, emitida por la entonces Cuarta Sala, que dice: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente". Tesis aislada CLXXVI/2007, registro 170728, publicada en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, Materia Común, de la Segunda Sala del mismo Tribunal Constitucional, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE ATENDER A ÉSTA COMO ACTO JURÍDICO DE DECISIÓN, Y NO AL DOCUMENTO QUE LA REPRESENTA. Ese Alto Tribunal ha sostenido que la sentencia es una relación lógica de antecedentes dados para llegar a una conclusión que resuelva la controversia sometida al juzgador, constituida por la conclusión lógica de sus antecedentes, y por las proposiciones que fijen su sentido, la cual puede considerarse como acto jurídico de decisión y como documento. Así, en el primer supuesto la sentencia consiste en la declaración del juzgador respecto a determinada solución, en tanto que el segundo constituye sólo la representación de ese acto jurídico; de tal guisa, la sentencia documento sólo es la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De lo anterior resulta que el principio restitutorio contenido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, conforme al cual la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, está supeditado a lo resuelto única y exclusivamente en la sentencia como acto jurídico de decisión, y no en el documento que la representa. Esto es, los alcances restitutorios de la ejecutoria deben materializarse sobre los derechos de los gobernados legítimamente tutelados en la decisión del órgano jurisdiccional, en correspondencia con la litis planteada y las garantías que se consideraron violadas, pues de no ser así la ejecutoria de amparo podría ser instrumento de actos contrarios a la propia sentencia, a las leyes y al orden público que subsiste en el cumplimiento de ésta. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar en la inconformidad el cumplimiento de la sentencia de amparo, debe atender a ésta como acto jurídico de decisión". Resultan ilustrativas también en lo relativo a que la sentencia constituye un acto jurídico y un documento impreso, las siguientes consideraciones contenidas en la ejecutoria de donde derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ".La sentencia documento, constituye, en cambio, una actuación judicial que observa los requisitos formales que la ley dispone. La sentencia acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución; mientras que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es únicamente la prueba de esa resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad de la sentencia se apliquen únicamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De ahí que, cuando en un caso como el que ahora es objeto de contradicción de criterios, exista un medio ordinario de defensa para combatir una (sic) las determinaciones contenidas en la sentencia documento, será obligación del particular agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, según se ha explicado, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto jurídico), representadas en un mismo documento, susceptibles de impugnarse por distintos caminos". Conforme a lo expuesto, es evidente que cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De ahí que, cuando exista un medio ordinario de defensa para combatir las determinaciones contenidas en la sentencia documento, será obligación del quejoso agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto jurídico). De la lectura integral a la demanda de derechos fundamentales se advierte que la parte quejosa impugna lo relativo a la no aprobación de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del convenio propuestas en su convenio respecto a la extinción de la obligación alimentaria hacia sus hijos Carlos y Monserrat, ambos de apellidos Ramírez Juárez, no así de la menor de edad (cuya identidad se protege), pensión alimenticia hacia su cónyuge, así como la relativa a los bienes; es decir cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Ahora, el artículo 1465 ter, del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, establece: "Artículo 1465 Ter.- La resolución del juez en la que se declare el divorcio no admitirá recurso alguno. Las demás resoluciones que se dicten dentro del juicio de divorcio serán recurribles de acuerdo a lo establecido en lo conducente para los juicios en materia familiar". Del precepto legal transcrito se desprende que en contra de lo resuelto respecto de la disolución del vínculo matrimonial no procede recurso alguno; sin embargo, cuando se resuelve lo concerniente a cuestiones inherentes como en el caso acontece, éstas serán recurribles, pues son resoluciones dictadas dentro del juicio de divorcio. Asimismo, el precepto 510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece: "Artículo 510.- La apelación es el recurso que tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia confirme, revoque o modifique la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia". Como quedó precisado en párrafos que anteceden, la parte quejosa señaló como acto reclamado la determinación de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, que constituye una sentencia que resolvió el fondo del asunto, contra la cual procede el recurso de apelación, pues dicho medio de impugnación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la determinación en comento. En el caso, de las actuaciones que integran el expediente 1150/2018 se advierte que la quejosa no interpuso el recurso de apelación, en contra de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del convenio propuestas en su convenio respecto a la extinción de la obligación alimentaria hacia sus hijos Carlos y Monserrat, ambos de apellidos Ramírez Juárez, no así de la menor de edad (cuya identidad se protege), pensión alimenticia hacia su cónyuge, así como la relativa a los bienes de la sociedad conyugal. Por tanto, ya que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación estatal -recurso de apelación-, se desecha la demanda de derechos fundamentales propuesta, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el párrafo tercero de la fracción I del artículo 170, con la fracción XXIII del precepto 61, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a José Antonio Moreno López, Óscar Pérez Ramírez y Mauricio Pérez Hernández, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así Erasto Saldaña Morales, por tal motivo, se le faculta de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Karina Juárez Cuaxilo; atento a su contenido, conforme a lo previsto en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente, el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la referida ley a Felipe Lara Luna. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas, en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto. De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Federal; 1, 3, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, contra la sentencia emitida por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1150/2018. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, diez de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado; asimismo, remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; el expediente mercantil 1150/2018, de su índice, así como el ocurso de Karina Juárez Cuaxilo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos, fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 805/2019; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3 de la Ley de Amparo. La parte quejosa Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, señala en su demanda de amparo como acto reclamado la sentencia emitida por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1150/2018. Del citado expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad, promovió juicio de divorcio incausado en contra de Karina Juárez Cuaxilo (fojas 1 a 4). 2. Por auto de trece siguiente, la Juez Segundo de lo Familiar del referido Distrito Judicial, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, lo registró con el número 1150/2018, lo admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada (fojas 25 y 26). 3. Por auto de veinticinco de marzo posterior, se tuvo dando contestación a la demandada (foja 34). 4. Seguida la secuela procesal el diecinueve de agosto de esta anualidad, la Juez de primera instancia dictó sentencia correspondiente, cuyos putos resolutivos son: "Primero. Se ha tramitado legalmente el divorcio incausado, promovido por Carlos Ramírez Jiménez, contra de Karina Juárez Cuaxilo, para obtener la disolución del vínculo matrimonial.- Segundo. Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre los señores Carlos Ramírez Jiménez y Karina Juárez Cuaxilo, con la copia certificada del acta de matrimonio la cual se encuentra asentada en el libro cero uno (01), acta número cero dos (dos), con fecha de registro seis de enero de mil novecientos noventa y seis, expedida por el Oficial cero uno (01), del Registro Civil del Municipio de Apizaco, Tlaxcala.- Tercero. Tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1465, Ter, del Código de Procedimientos Civiles, la presente resolución no admite recurso alguno, se declara que la misma ha causado ejecutoria por ministerio de ley, por lo que con apoyo en los artículos 79 y 82, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el artículo 52, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, expídasele copias certificadas de la presente resolución, las que serán entregadas a la parte interesada, por conducto de la secretaria de acuerdos de este órgano jurisdiccional, en cualquier día y hora hábil de oficina, previa identificación y razón de su recibo que conste en autos; asimismo, se le hace saber a la ocursante que el costo del fotocopiado será a su cargo, por lo tanto con las copias antes referidas se ordena girar oficio al Oficial cero uno (01), Registro Civil del Municipio de Apizaco, Tlaxcala; a fin de que proceda realizar la anotación marginal correspondiente en términos de los artículos 121, fracción III, de la Carta Magna, 114, 628 Bis y 628 Ter y 639, fracción II, inciso a) de la Ley Sustantiva Civil vigente en el Estado de Tlaxcala; con la finalidad de que procede en realizar la anotación marginal correspondiente en términos de los artículos 121, fracción III, de la Carta Magna, 114, 628 Bis y 628 Ter y 639, fracción II, inciso a) de la Ley Sustantiva vigente en el Estado de Tlaxcala.- Cuarto. Se aprueban las cláusulas por lo que respecta a Carlos Ramírez Jiménez se aprueba la cláusula Cuarta (segundo y tercer párrafo); de la contrapropuesta de convenio formulada por Karina Juárez Cuaxilo, se aprueban la primera, sexta y octava; cláusulas que no son contrarias a la moral, al derecho y las buenas costumbres, además por encontrarse ajustadas a derecho cumplen así con los requisitos exigidos por el artículo 116, del Código Civil del Estado, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1465 Bis, fracción V, párrafo uno, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se prueba en sus términos dichas cláusulas del convenio exhibido.- Quinto. No se aprueban las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta (primer párrafo); y de la contrapropuesta de convenio formulada por Karina Juárez Cuaxilo, no se aprueban las cláusulas segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima; al no existir consenso entre los cónyuges, por lo tanto se dirimirá en la vía y forma que en derecho corresponda, en términos del artículo 1465 Bis, fracción V, párrafo dos, del Código de Procedimientos Civiles; por lo que se ordena correr traslado personal a la parte actora con la contrapropuesta y la expresión de hechos en que se funda del demandado con relación a las cláusulas antes referidas, para que dentro del plazo de nueve días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la presente resolución manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes; continuándose el juicio conforme a las reglas del juicio ordinario civil, tomándose en consideración las especiales que rigen a los procedimientos del orden familiar". (fojas 59 a 64). 5. Inconforme con una parte de esa determinación, Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, promueve el presente juicio de amparo. Como puede verse, la resolución que la parte quejosa señala en su demanda de amparo como acto reclamado, consistente en la determinación de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco en el expediente 1150/2018, constituye una sentencia que resolvió el fondo del asunto; por tanto, el conocimiento de la demanda de referencia es competencia de este tribunal colegiado, en términos de los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. De la resolución reclamada se advierte que la juez de primera instancia además de declarar la disolución del vínculo matrimonial, resolvió cuestiones inherentes a éste, tales como la no aprobación de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del convenio propuesto por Carlos Ramírez Jiménez, respecto a la extinción de la obligación alimentaria hacia sus hijos Carlos y Monserrat, ambos de apellidos Ramírez Juárez, no así de la menor de edad (cuya identidad se protege), pensión alimenticia hacia su cónyuge, así como la relativa a los bienes de la sociedad conyugal; de igual forma, no aprobó las cláusulas segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la contrapropuesta realizada por Karina Juárez Cuaxilo, relativas a la pensión alimenticia para ella y su menor hija, guarda y custodia de la menor de edad; liquidación de los bienes de la sociedad conyugal; lo anterior por falta de consenso de las partes. Previamente, se estima necesario puntualizar que la sentencia en general puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento; como acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. Ello, como lo ha sostenido el Alto Tribunal del país en los siguientes criterios: Jurisprudencia registro 244766, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Quinta Parte, Séptima Época, Materia Común, emitida por la entonces Cuarta Sala, que dice: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente". Tesis aislada CLXXVI/2007, registro 170728, publicada en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, Materia Común, de la Segunda Sala del mismo Tribunal Constitucional, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE ATENDER A ÉSTA COMO ACTO JURÍDICO DE DECISIÓN, Y NO AL DOCUMENTO QUE LA REPRESENTA. Ese Alto Tribunal ha sostenido que la sentencia es una relación lógica de antecedentes dados para llegar a una conclusión que resuelva la controversia sometida al juzgador, constituida por la conclusión lógica de sus antecedentes, y por las proposiciones que fijen su sentido, la cual puede considerarse como acto jurídico de decisión y como documento. Así, en el primer supuesto la sentencia consiste en la declaración del juzgador respecto a determinada solución, en tanto que el segundo constituye sólo la representación de ese acto jurídico; de tal guisa, la sentencia documento sólo es la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De lo anterior resulta que el principio restitutorio contenido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, conforme al cual la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, está supeditado a lo resuelto única y exclusivamente en la sentencia como acto jurídico de decisión, y no en el documento que la representa. Esto es, los alcances restitutorios de la ejecutoria deben materializarse sobre los derechos de los gobernados legítimamente tutelados en la decisión del órgano jurisdiccional, en correspondencia con la litis planteada y las garantías que se consideraron violadas, pues de no ser así la ejecutoria de amparo podría ser instrumento de actos contrarios a la propia sentencia, a las leyes y al orden público que subsiste en el cumplimiento de ésta. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar en la inconformidad el cumplimiento de la sentencia de amparo, debe atender a ésta como acto jurídico de decisión". Resultan ilustrativas también en lo relativo a que la sentencia constituye un acto jurídico y un documento impreso, las siguientes consideraciones contenidas en la ejecutoria de donde derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ".La sentencia documento, constituye, en cambio, una actuación judicial que observa los requisitos formales que la ley dispone. La sentencia acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución; mientras que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es únicamente la prueba de esa resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad de la sentencia se apliquen únicamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De ahí que, cuando en un caso como el que ahora es objeto de contradicción de criterios, exista un medio ordinario de defensa para combatir una (sic) las determinaciones contenidas en la sentencia documento, será obligación del particular agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, según se ha explicado, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto jurídico), representadas en un mismo documento, susceptibles de impugnarse por distintos caminos". Conforme a lo expuesto, es evidente que cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De ahí que, cuando exista un medio ordinario de defensa para combatir las determinaciones contenidas en la sentencia documento, será obligación del quejoso agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto jurídico). De la lectura integral a la demanda de derechos fundamentales se advierte que la parte quejosa impugna lo relativo a la no aprobación de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del convenio propuestas en su convenio respecto a la extinción de la obligación alimentaria hacia sus hijos Carlos y Monserrat, ambos de apellidos Ramírez Juárez, no así de la menor de edad (cuya identidad se protege), pensión alimenticia hacia su cónyuge, así como la relativa a los bienes; es decir cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Ahora, el artículo 1465 ter, del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, establece: "Artículo 1465 Ter.- La resolución del juez en la que se declare el divorcio no admitirá recurso alguno. Las demás resoluciones que se dicten dentro del juicio de divorcio serán recurribles de acuerdo a lo establecido en lo conducente para los juicios en materia familiar". Del precepto legal transcrito se desprende que en contra de lo resuelto respecto de la disolución del vínculo matrimonial no procede recurso alguno; sin embargo, cuando se resuelve lo concerniente a cuestiones inherentes como en el caso acontece, éstas serán recurribles, pues son resoluciones dictadas dentro del juicio de divorcio. Asimismo, el precepto 510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece: "Artículo 510.- La apelación es el recurso que tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia confirme, revoque o modifique la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia". Como quedó precisado en párrafos que anteceden, la parte quejosa señaló como acto reclamado la determinación de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, que constituye una sentencia que resolvió el fondo del asunto, contra la cual procede el recurso de apelación, pues dicho medio de impugnación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la determinación en comento. En el caso, de las actuaciones que integran el expediente 1150/2018 se advierte que la quejosa no interpuso el recurso de apelación, en contra de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del convenio propuestas en su convenio respecto a la extinción de la obligación alimentaria hacia sus hijos Carlos y Monserrat, ambos de apellidos Ramírez Juárez, no así de la menor de edad (cuya identidad se protege), pensión alimenticia hacia su cónyuge, así como la relativa a los bienes de la sociedad conyugal. Por tanto, ya que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación estatal -recurso de apelación-, se desecha la demanda de derechos fundamentales propuesta, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el párrafo tercero de la fracción I del artículo 170, con la fracción XXIII del precepto 61, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a José Antonio Moreno López, Óscar Pérez Ramírez y Mauricio Pérez Hernández, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así Erasto Saldaña Morales, por tal motivo, se le faculta de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Karina Juárez Cuaxilo; atento a su contenido, conforme a lo previsto en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente, el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la referida ley a Felipe Lara Luna. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas, en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto. De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Federal; 1, 3, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Carlos Ramírez Jiménez, por propio derecho, contra la sentencia emitida por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1150/2018. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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