Carlos Ramírez Bahena

Expediente 44/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
44/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Carlos Ramírez Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo General de mérito, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por Mónica Boggio Tomazas Merino, Titular de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda, por medio del cual informa los actos que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, no obstante sus manifestaciones por última ocasión, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a Dolores Álvarez Díaz, Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído de debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo; se le reitera lo señalado en el acurdo de dieciocho de febrero de los corrientes donde se indicó que no era óbice que dicha autoridad decrete un desinterés jurídico en perjuicio del quejoso, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en atención que de autos se advierte que ahora la propia responsable quiere revertir la carga a la parte quejosa de que cumpla con ciertos requisitos para la devolución del cobro por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, siendo que ello no fue materia de la ejecutoria de amparo ni se le obliga a que haga las gestiones que ahora pide la responsable cuando no fue requisito para que al momento de cobrar dicho impuesto sea necesario cumplir con lo que solicita, por tanto, la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria decretada, sin necesidad de requisitos especialices que ahora solicita. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de febrero de dos mil diecinueve Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que el siete de febrero del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en esa virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del mismo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de conformidad con los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual interpone el recurso de revisión; a lo que se acuerda: de conformidad con el numeral 80 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba ante este Órgano Jurisdiccional siete copias más de su escrito, ya que sólo exhibió siete, las cuales se distribuyen de la siguiente manera, una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito, doce para las autoridades señaladas como responsables y una más para el Agente del Ministerio Público Adscrito al Tribunal Revisor; esto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido dentro del lapso indicado, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de la Materia, se tendrá por no interpuesto el citado medio de impugnación que promueve. Finalmente, y tomando en consideración la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional; se faculta a los actuarios adscritos, para que realicen la presente notificación, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo.

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