Carlos Rafael Soto Mejía

Expediente 28/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
28/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Carlos Rafael Soto Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de doce de abril del año en curso, en que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso (fojas 35-38); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. III-B

  2. Principal

    R E S U E L V E : PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CARLOS RAFAEL SOTO MEJÍA, en términos del considerando cuarto. SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando quinto, al hacerse pública la sentencia dictada en este asunto realícese con supresión de los datos sensibles que pueda contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, y envíese al Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E), la versión pública correspondiente, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley. III-B-Penal

  3. Principal

    Salina cruz, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Dada cuenta con el estado que guardan los autos, se advierte que el informe justificado rendido por el Actuario de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, fue notificado a las partes, el siete de marzo siguiente, como se advierte que el mismo, no fue rendido con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las once horas con cinco minutos del tres de abril de dos mil dieciocho, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 191995, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. III-B-Penal

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Actuario de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, con el mismo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. Notifíquese. III-B-Penal

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