Carlos Rafael Romero Benítez
Expediente 763/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Rafael Romero Benítez
- Juez Quincuagésimo Octavo Penal en el Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
MESA IV. Vista la certificación, así como el estado de autos, tomando en consideración que en proveído de seis de mayo del año en curso, en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional de los actos reclamados. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al que acompaña copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de veintiocho de abril del año en curso, dictada por los Magistrados de su adscripción, donde se consigna el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia. Al respecto, se acuerda: Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, glósense las constancias generadas a partir de la remisión de los autos del presente juicio de amparo y acúsese recibo de estilo. Ahora bien, toda vez que el Tribunal Colegiado declaró que el incidente de inejecución de sentencia quedó sin materia derivado de la imposibilidad destacada para cumplir el fallo amparador sobre el punto relativo a dar trámite y resolver el incidente ordenado en la ejecutoria, es procedente conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En otro orden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvase al Juez Quincuagésimo Octavo Penal de esta ciudad, el Tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.
- Principal
MESA IV.- Agréguese el oficio signado por el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en el numeral 193, de la Ley de Amparo, en vía de notificación, se tiene a la Superioridad, informando que admitió el incidente de inejecución de sentencia; medio de impugnación que quedó registrado con el número I.I.S.P. 2/2016.
- Principal
MESA IV.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en auto de cinco del actual -fojas 122 a 124-, para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Quincuagésimo Octavo Penal con sede en esta ciudad, sin que hiciera manifestación alguna. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veinticinco de noviembre de dos mil quince -fojas 74 a 112-, por un lado, se sobreseyó el juicio y por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Carlos Rafael Romero Benítez a efecto de que la autoridad responsable, Juez Quincuagésimo Octavo Penal con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil quince, emitida en la causa penal 64/1999. Reiterara las consideraciones vertidas en el fallo de uno de julio de dos mil quince, en lo relativo a declarar que la pena de prisión impuesta en la causa penal 64/1999, no estaba compurgada. En observancia de la causa de pedir contenida en el escrito de dieciocho de junio pasado, tramitara el incidente de remisión parcial de pena y recabara las constancias e informes que considerara pertinentes, para que en su oportunidad, dictara la resolución que corresponda, con sujeción a lo previsto en el numeral 545, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. En auto de catorce de diciembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriado el fallo amparador y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia concesora -fojas 122 a 124-. En vista de ello, por oficio recibido el dieciocho de diciembre pasado, el Juez Quincuagésimo Octavo Penal con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete del citado mes y año, dictado en la causa penal 64/99, la cual de conformidad con los normativos 129 y 202, del código procesal supletorio, tiene valor probatorio pleno. Del contenido de esa documental, se advierte que la autoridad responsable: Dejó insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil quince dictada en la causa penal 64/99. Reiteró que el impetrante, no había compurgado la pena de prisión impuesta en la causa penal 64/1999 y precisó que la fecha probable de ese evento, sería el seis de enero del año en curso. Con fundamento en el numeral 544, del Código de Procedimientos Penal para el Distrito Federal dio trámite al incidente no especificado de remisión parcial de la pena. Ahora, en oficio recibido el cuatro de febrero del actual, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de enero pasado, donde declaró compurgada la pena de prisión impuesta en la causa 64/99. Así, de la relatoría de sucesos, se aprecia que la sentencia protectora, no fue cumplida totalmente, en razón de que el ente responsable al declarar que la pena de prisión había sido compurgada, estuvo imposibilitado para continuar con el trámite del incidente no especificado de remisión parcial de la pena hasta su resolución. Por tanto, si la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil quince dictada en la causa penal 64/99; reiteró que el impetrante, no había compurgado la pena de prisión impuesta en la causa penal 64/1999 y precisó que la fecha probable de ese evento, sería el seis de enero del año en curso, aunado a que dio trámite al incidente no especificado de remisión parcial de la pena, es factible declarar cumplida en esos puntos la sentencia protectora. En esa tesitura, al no cumplirse con el fallo amparador en los lineamientos relativos a recabar las constancias e informes que la autoridad judicial responsable considerara pertinentes, para que en su oportunidad, dictara la resolución que correspondiera, con sujeción a lo previsto en el numeral 545, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, debe atenderse a lo previsto en el artículo 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 196. .Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Del análisis del precepto transcrito se colige que al declarar que la sentencia no fue cumplida en su totalidad deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 193, de la Ley de Amparo, para los efectos legales conducentes. En las relatadas circunstancias, resulta procedente remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para los efectos previstos en el artículo 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo.
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