Carlos Rafael Olvera Negrete
Expediente 383/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Rafael Olvera Negrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el treinta de julio de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo al quejoso Carlos Rafael Olvera Negrete; asimismo, para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del juicio de amparo, remítase a la autoridad oficiante copia certificada de las constancias que solicita, previa descarga del expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el treinta de julio de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. Al resultar innecesaria la conservación de los dos discos compactos remitidos por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, Sergio Acevedo Villafuerte, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 383/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno ..., por propio derecho, presentó oportunamente demanda de amparo, que por acuerdo de veinticinco siguiente se admitió; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial 012/0752/2021-OA, por el maestro ..., Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce del Poder Judicial de la Ciudad de México; autoridad que al rendir su informe justificado lo aceptó y acreditó con las copias certificadas de diversas constancias del mencionado expediente y del audio y video de la audiencia de mérito que anexó a su informe; documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo que se tiene por probado. TERCERO. Las partes no alegaron causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado son esencialmente los siguientes: El diecisiete de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente entre las quince y dieciséis horas, los pasivos ... y ... llegaron al domicilio ubicado en calle Jesús Carranza, número 22, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, lugar donde se encontraba el aquí quejoso ... en compañía de otros coimputados. En dicho lugar fueron privados de la vida los referidos sujetos pasivos, al causarles diversas lesiones, entre las que destacan, heridas producidas por disparo de arma de fuego en cráneo. Posteriormente los cuerpos de las víctimas fueron emplayados con plástico transparente e introducidos en una bolsa de plástico color negro. Horas más tardes los cadáveres de los pasivos fueron trasladados por diverso coimputado y depositados sobre el arroyo de circulación de la avenida Gran Canal, frente al número 542, colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Tramitada la investigación y una vez que fue judicializada, se formó la carpeta judicial ..., del índice de la autoridad responsable, en la cual, el treinta de abril de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, vinculó a proceso al ahora quejoso por su probable participación en los hechos que el Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) establece como delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 123, 124 y 138, fracción I, incisos b) y d). Así como el diverso de feminicidio, contenido en el artículo 148 BIS, fracción VI, ambos ilícitos del referido código sustantivo (acto reclamado). QUINTO. En sus conceptos de violación, el quejoso sustancialmente sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos los artículos 1°, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable indebidamente consideró que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en la comisión de los citados hechos delictivos. Es infundado lo alegado por el quejoso, atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia, así como de exacta aplicación de la ley, al tenor de lo cual solo puede castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas. Para determinar si en el presente asunto se cumplió con las citadas disposiciones, en principio se destaca que para la emisión de la resolución reclamada, la autoridad judicial responsable debe analizar lo establecido en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que el agente del Ministerio Público en presencia del Juez de Control, formuló imputación, a título de coautor, contra el ahora quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 123, 124 y 138, fracción I, incisos b) y d). Así como el diverso de feminicidio, contenido en el artículo 148 BIS, fracción VI, ambos ilícitos del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte del agente del Ministerio Público, el Juez de Control dio el uso de la voz al ahora quejoso, previa asistencia de su defensa para preguntarle si le quedaban claros los hechos materia de la imputación que se le atribuye y una vez hecho lo anterior, el quejoso refirió que era su deseo rendir su declaración, en la que sustancialmente negó los hechos imputados y se declaró inocente. Así, se estima que al emitir el auto de vinculación a proceso, la responsable únicamente tomó en consideración las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que hubiera introducido nuevos temas que no fueran materia de discusión, ni tomado en cuenta la carpeta de investigación, resolviendo sólo conforme a lo que expusieron las partes. 3) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por el agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, lo que se constata en el apartado siguiente. 4) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple puesto que el Juez de Control, una vez que escuchó los datos de prueba expuestos por parte del Ministerio Público, precisó que tuvieron verificativo el diecisiete de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente entre las quince y dieciséis horas, cuando los pasivos ... y ... llegaron al domicilio ubicado en calle Jesús Carranza, número 22, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, lugar donde se encontraba el aquí quejoso ... en compañía de otros coimputados. En dicho lugar fueron privados de la vida los referidos sujetos pasivos, al causarles diversas lesiones, entre las que destacan, respecto de ..., tres heridas producidas por disparo de arma de fuego, dos de ellas en cráneo. Por lo que hace a ..., presenta dos heridas también por disparo de arma de fuego en cráneo. Posteriormente los cuerpos de las víctimas fueron emplayados con plástico transparente e introducidos en una bolsa de plástico color negro. Horas más tardes los cadáveres de los pasivos fueron trasladados por diverso coimputado a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Gol, color blanco con placas de circulación NEU3062, los cuales fueron posteriormente depositados sobre el arroyo de circulación de la avenida Gran Canal, frente al número 542, colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Así, el juzgador atendiendo a la imputación ministerial y a los datos de prueba expuestos, después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia del delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 123, 124 y 138, fracción I, incisos b) y d). Así como el diverso de feminicidio, contenido en el artículo 148 BIS, fracción VI, ambos ilícitos del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de Control, a partir de la relatoría de los hechos y datos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por las partes, simplemente consideró su idoneidad, razonabilidad y pertinencia, de ahí que contrario a lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación, es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se lleva a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De aquí que en esta etapa procesal resulte incorrecto pretender que el juzgador concediera valor probatorio a los datos de prueba ofrecidos, pues de hacerlo rebasaría las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, aun en el caso en que se hubiese incorporado a la carpeta de investigación, ya que las pruebas en esta etapa solo sirven para integrar datos. Máxime que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo exige como requisito, por lo que solo debe sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la representación social y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representante social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. El Juez de Control no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. Expuesto lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso contra el quejoso, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin advertirse violación a sus derechos fundamentales, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso al ahora quejoso. De otra guisa, debe decirse que en el presente caso no se viola en perjuicio de la quejosa el principio de presunción de inocencia, toda vez que, como ya ha sido expuesto en párrafos que preceden, el auto de vinculación a proceso se dicta en una etapa preliminar no determinante para el proceso penal, por lo que no hay pronunciamiento de fondo en cuanto a la culpabilidad del imputado. En efecto, el auto de vinculación a proceso tiene como única finalidad determinar preliminarmente si los datos de prueba justifican la continuación del proceso por establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión. Finalmente debe decirse que tampoco se advierte violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; sin embargo, en la especie, como ya ha sido analizado, la responsable respetó sus garantías. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. Atento a todo lo anterior, lo procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. El quejoso se opuso a la publicación de datos personales, por lo que se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de doce de los actuales, se señalaron las "trece horas con veinte cinco minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno" para el desahogo de la audiencia constitucional, siendo que lo correcto es TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto, con fundamento con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al trámite del juicio de amparo en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este juicio de amparo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.
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