Carlos Rafael Esquivel Melo
Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 29 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Rafael Esquivel Melo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
I- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa, no se encuentra debidamente integrado el presente juicio constitucional, en virtud, de lo siguiente: - Al rendir su informe justificado, el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo, remitió copia certificada del oficio CHE/FEDCSMN/ 187/2023, dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-III-2, con residencia en esta ciudad, del cual se destaca lo que a la letra dice: "[.] Que si bien es cierto, en fecha 08 de noviembre de 2022, esta Representación Social tuvo a bien recibir todas y cada una de las constancias que integran la Carpeta de Investigación con número FED/QR/CHET/317/2022 y sus anexos, misma de la cual usted se ha declarado incompetente, por considerar que los hechos corresponden a la posesión de narcóticos en su variante de posesión simple y/o posesión con fines de comercio, en la variante de venta de marihuana, previsto en los artículos 476 y 477 de la Ley General de Salud; Más cierto es que hasta la presente fecha, no se ha puesto a disposición de esta Representación Social, el predio asegurado que se ubica sobre la calle Sicilia número 279, entre las calles Camelias y San Salvador de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, así como los indicios asegurados en mismo. Motivo por el cual, se solicita se ponga a disposición de esta Representación Social a la mayor brevedad posible, con la finalidad de darle debido seguimiento a la carpeta de investigación a la carpeta de investigación que aquí se integra. No omito manifestar a usted que lo antes requerido, fue puesto a su disposición mediante la entrega recepción de fecha 29 de abril de 2022 y recibido por el C. Miguel Ángel Aguirre, Agente Investigador B de la Fiscalía General de la República. [.]" - El agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-III-2, con residencia en esta ciudad, de igual manera al rendir su informe de ley, adjuntó copia certificada de la misiva CHET-EIL-BIII-C2-460/2023, de trece de abril de la presente anualidad, dirigido a la encargada de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo Zona Dos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, de donde se desprende lo siguiente: "[.] Le hago de su conocimiento que toda vez que se dictó acuerdo de incompetencia dentro de la indagatoria al rubro citado, donde se desprende que el delito materia de investigación es competencia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, razón por la cual se pone a su disposición el predio ubicado en calle Sicilia, número 270, colonia Flamboyanes, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el cual quedó bajo custodia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mediante oficio CHE/FEDCSMN/254/2022. En virtud de lo anterior se solicita se fije fecha y hora para la entrega de dicho inmueble. [.]" En relatadas consideraciones, en aras de esclarecer lo relacionado al acto reclamado en este asunto; y, a fin de resolver con plena certeza lo que corresponda, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la encargada de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo Zona Dos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para que en el término de cinco días legalmente computados, remita la determinación en que recayó el oficio CHET-EIL-BIII-C2-460/2023, de trece de abril de la presente anualidad, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-III-2, con residencia en esta ciudad; o, en su caso informe el estado actual en que se encuentra el aseguramiento respecto al predio que nos atañe. Se apercibe a la citada autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 [diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional], que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 [ciento tres pesos 74/100 moneda nacional], valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización [UMA] correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional, señalada para tener verificativo el día de hoy; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo, las diez horas con diez minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
I- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa, no se encuentra debidamente integrado el presente juicio constitucional, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, se impongan del contenido del informe justificado respecto a la ampliación de demanda, que rindió la autoridad responsable [titular de la Célula B-III-2, del equipo de Investigación y Litigación en esta ciudad]. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis del texto y rubro siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, las diez horas con quince minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
I- Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintinueve de marzo del año en curso, rinde su informe justificado [respecto a la ampliación de demanda] la autoridad responsable siguiente: N°AutoridadSentido1 Titular de la Célula B-III-2, del equipo de Investigación y Litigación en esta ciudad. Oficio de referencia 7853/2023 Niega y realiza manifestaciones Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de la autoridad señalada como responsable, para ser tomado en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; y, con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales conducentes. De igual manera, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que exhibe la autoridad oficiante, las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Luego, por cuanto a la causal de sobreseimiento que cita en el informe que se atiende, ésta se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
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