Carlos Radilla Luna
Expediente 1000/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Radilla Luna
Actuaciones
- Principal
AVISO.-SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JOSE ABARCA SALAS , EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA AUTORIZADA DE VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 999/2017 y su acumulado 1000/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda en el juicio de amparo 999/2017. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Octavo, José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: 1).- Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: De la C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, que hoy en día reclamo su falta de llamamiento: a). La falta de notificación y emplazamiento en que incurrió en mi perjuicio, en el procedimiento Agrario del que me adolezco, radicado con el número de expediente número 56/2015, Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero. b). Todo el procedimiento de controversia agraria llevado a cabo y radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, dentro del expediente agrario número 56/2015. c). La sentencia definitiva de fecha 11 de abril del año 2017, dictada en el expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, estado de guerrero, relativo a la controversia agraria a que nos hemos venido refiriendo. d). Consecuentemente; la indebida ejecución de sentencia de fecha 11 de abril del año 2017, que la actuaria adscrita al tribunal unitario agrario llevara a cabo dentro del expediente agrario número 56/2015. e). La ilegal desposesión de los derechos a mi favor como legitimo titular del terreno motivo de la litis y que de forma indebida la autoridad señalada como responsable entrego a la hoy tercera perjudicada. f). El archivo como asunto total y definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno, del expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, relativo al juicio de controversia del juicio natural." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo 999/017. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada en el libro de gobierno respectivo con el número 999/2017; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito así como a los Fiscales adscritos a las autoridades responsables, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Presentación de la demanda en el juicio de amparo 1000/2017. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Octavo, Carlos Radilla Luna, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: 1).- Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. EJECUTORA: 2).- Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Número 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: Como ordenadora: De la C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, que hoy en día reclamo su falta de llamamiento: a). La falta de notificación y emplazamiento en que incurrió en mi perjuicio, en el procedimiento Agrario del que me adolezco, radicado con el número de expediente número 56/2015, Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero. b). Todo el procedimiento de controversia agraria llevado a cabo y radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, dentro del expediente agrario número 56/2015. c). La sentencia definitiva de fecha 11 de abril del año 2017, dictada en el expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, estado de guerrero, relativo a la controversia agraria a que nos hemos venido refiriendo. d). Consecuentemente; la indebida ejecución de sentencia de fecha 11 de abril del año 2017, que la actuaria adscrita al tribunal unitario agrario llevara a cabo dentro del expediente agrario número 56/2015. e). La ilegal desposesión de los derechos a mi favor como legitimo titular del terreno motivo de la litis y que de forma indebida la autoridad señalada como responsable entrego a la hoy tercera perjudicada. f). El archivo como asunto total y definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno, del expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, relativo al juicio de controversia del juicio natural." Como ejecutora: Del Actuario Adscrito al Tribunal Unitario Agrario, número 52 con sede en la ciudad de Zihuatanejo de Azueta estado de Guerrero, reclamo: a). La indebida acta de ejecución y entrega que se pretende realizar a la hoy tercera perjudicada dentro del expediente natural número 56/2015. CUARTO. Tramite del juicio de amparo 1000/2017. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 1000/2017 y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los Fiscales adscritos a las autoridades responsables, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Acumulación de los juicios de amparo. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el juicio de amparo 1000/2017, se determinó oficiosamente la acumulación de este último al diverso expediente 999/2017, por ser el más reciente; y se fijó hora y fecha para que en una misma audiencia constitucional fueran resueltos dichos expedientes, lo que tuvo verificativo al tenor del acta relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama todo lo actuado dentro de un juicio agrario en el que la parte quejosa se ostenta como tercera extraño natural. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez realizado el análisis integral de la demanda en confrontación con las actuaciones del juicio natural, se precisa que José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos, así como Carlos Radilla Luna reclaman la falta de emplazamiento al juicio agrario 56/2015, promovido por José Abarca Salas, Doris Lucetis Abarca Salas, Honiber Abarca Zavala, Pedro Abarca Zabala y Rogelio Vargas Cortez, en la cual el once de abril de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, que reconoce a estos últimos como legítimos titulares de las fracciones de la parcela 407, ubicada en el Ejido Coyuquilla, municipio de Petatlán, Guerrero. Como consecuencia de esto, la desposesión, al primero de los peticionarios de amparo del lote de terreno ubicado en el Ejido de Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán Guerrero, que colinda al Norte con carretera a Coyuquilla Sur, al Sur con el señor Dimas Arzeta, al Este con el panteón municipal y al Oeste con el canal de riego de Coyuquilla Sur; y el segundo de ellos, del diverso que colinda con carretera al Norte, al Sur con el señor Gaspar Abarca Salas, al Este con zona federal del canal de riego y al Oeste con el señor Gaspar Abarca Salas, conforme con la constancia de posesión de quince de marzo de dos mil cinco y de acuerdo con aquélla expedida a su favor el veinticinco de agosto de dos mil siete, aquél al Norte mide ciento veinticinco metros y colinda con carretera de Coyuquilla Sur, al sur mide ciento veinticinco metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, al este mide ciento setenta y siete metros y colinda con el señor Carlos Radilla Luna y al Oeste mide ciento cincuenta y cuatro metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, que afirman se encuentran inmersos en la parcela 407. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Actuario y Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, por así manifestarlo al rendir sus respectivos informes justificados; lo que además se corrobora con las constancias que integran el juicio agrario 56/2015, que en copia certificada allegó la citada en último término; documentales que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: El citado numeral es del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...). De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del invocado dispositivo legal, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.). De la lectura del numeral transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo), ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. En relación con el interés jurídico, este consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarla material o económicamente. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; la protección legal se materializa en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, es decir personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados que tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto se traduce, en que sólo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular, lo que tiene especial relevancia en el caso en que se reclaman actos y resoluciones provenientes de un tribunal judicial (Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52) porque para instar la acción constitucional debe acreditarse de manera plena que se cuenta con un interés jurídico tutelado por el derecho positivo que faculta a su titular a excitar al órgano de control constitucional en demanda del respeto de sus derechos; interés que desde luego debe estar plenamente demostrado. Así lo establece el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Así las cosas, como se indicó los quejosos reclaman la falta de emplazamiento al juicio agrario 56/2015; sumario en el que, el once de abril de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en la cual se reconoce a José Abarca Salas, Doris Lucetis Abarca Salas, Honiber Abarca Zavala, Pedro Abarca Zabala y Rogelio Vargas Cortez, como legítimos titulares de una fracción de la parcela 407, ubicada en el Ejido Coyuquilla, municipio de Petatlán, Guerrero; y fundan su derecho para acudir ante esta instancia constitucional, en la "posesión" que refiere tener José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos, del lote de terreno localizado en el Ejido de Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán Guerrero, que colinda al Norte con carretera a Coyuquilla Sur, al Sur con el señor Dimas Arzeta, al Este con el panteón municipal y al Oeste con el canal de riego de Coyuquilla Sur; y, Carlos Radilla Luna, del diverso que con carretera al Norte, al Sur con el señor Gaspar Abarca Salas, al Este con zona federal del canal de riego y al Oeste con el señor Gaspar Abarca Salas, conforme con la constancia de posesión de quince de marzo de dos mil cinco y de acuerdo con aquélla expedida a su favor el veinticinco de agosto de dos mil siete, aquél al Norte mide ciento veinticinco metros y colinda con carretera de Coyuquilla Sur, al sur mide ciento veinticinco metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, al este mide ciento setenta y siete metros y colinda con el señor Carlos Radilla Luna y al Oeste mide ciento cincuenta y cuatro metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, que afirman se encuentran inmersos en la parcela 407. Lo anterior, como se adelantó, con motivo de las constancias de posesión, expedidas a su favor el tres de octubre de dos mil nueve, quince de marzo de dos mil cinco y veinticinco de agosto de dos mil siete por el Comisariado Ejidal de Coyuquilla Norte, Municipio de Petatlán, Guerrero. Ahora, para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, acorde a la interpretación que del artículo 14 Constitucional realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2002, es necesario acreditar la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta. Sin embargo, en el caso, la parte quejosa no demostró con medio de convicción idóneo su interés jurídico en la presente acción constitucional, a saber, la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el citado lote de terreno; esto es, la causa generadora de la posesión. Se estima así, porque las constancias de posesión expedidas a su favor el tres de octubre de dos mil nueve, quince de marzo de dos mil cinco y veinticinco de agosto de dos mil siete por el Comisariado Ejidal de Coyuquilla Norte, Municipio de Petatlán, Guerrero, que exhibieron los quejosos, resultan insuficientes por sí mismas para acreditar la causa generadora de la posesión que aducen tener en relación con inmuebles que en esta vía defienden; máxime que carecen de la ratificación de la Asamblea como órgano supremo del núcleo agrario. Lo anterior, si bien el Comisariado Ejidal puede expedir constancias de posesión sin la autorización de la Asamblea, para que éstas adquieran validez y eficacia probatoria requieren ser ratificadas por ésta última, ya que el reconocimiento de derechos agrarios es competencia exclusiva de la Asamblea de ejidatarios, dado que implica una regularización de la tenencia de posesionados, como órgano máximo del Ejido, conforme con los artículos 21, 22, 23, fracciones II, V y VIII, 32 y 33 de la Ley Agraria; y la falta de esta formalidad carece de valor probatorio pleno, además de no referirse a la parcela materia de litis en el juicio natural. Apoya lo expuesto, en sentido contrario, la Jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), emitida por el Pleno del Decimotercer Circuito, consultable en la página 831 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia Administrativa, Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, del contenido siguiente: CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero. Así como el diverso el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 700, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AGRARIO. POSESIÓN. CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE EL COMISARIADO EJIDAL. NO DEBE CONCEDÉRSELE PLENO VALOR PROBATORIO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el Comisariado Ejidal no está facultado para expedir constancias de posesión, por tanto no debe concedérseles pleno valor probatorio, por ser cuestiones ajenas a sus funciones. Sin que pase inadvertido para quien resuelve que las documentales exhibidas por la parte quejosa, resultan insuficientes para acreditar la causa generadora por virtud de la cual detenta los inmuebles que defiende; ello, puesto que la copia certificada de las actas de nacimiento con números de folio A126820656 y 354195; la cual dada su naturaleza se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sólo demuestra la fecha de registro de su nacimiento y el lugar en que ocurrió, además de los datos de su filiación. La diversa consistente en el informe técnico topográfico, emitido por el ingeniero civil Anwar Moreno Vargas a petición de los quejosos, aun cuando en éste se indicó que los inmuebles que en esta instancia defienden está inmersos en la parcela referida en el juicio agrario de origen; éste de conformidad con el artículo 139 en relación con el diverso 203 del código en mención, se trata de un documento privado que sólo hace fe de su existencia; por lo que al no estar adminiculada con alguna otra prueba, constituye un indicio incapaz de generar convicción en cuanto a su alcance probatorio. Igual consideración merece la relativa al citatorio signado por el Presidente del Comisariado Ejidal de Coyuquilla Norte, dado que de éste sólo se advierte la solicitud para presentarse en las instalaciones de la Comisaría a tratar asuntos relacionados con una huerta; así como las consistentes en la copia fotostática del pasaporte y de la credencial para votar expedidos a José Trinidad Olmos Valdovinos y a Carlos Radilla Luna, tales documentos no son aptos para demostrar la posesión de los inmuebles que defienden en esta instancia los peticionarios de amparo. Bajo ese contexto, como la parte quejosa no demostró con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual detenta los inmuebles que por esta vía defiende, debe concluirse que lo resuelto en la sentencia definitiva dictada el once de abril de dos mil diecisiete en el juicio agrario 56/2015, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que los peticionarios de amparo acrediten su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado les perjudique materialmente, pues es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detentan fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien afirme ser titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico, lo que en caso en estudio no aconteció; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 999/2017 y su acumulado 1000/2017, promovido por José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos y Carlos Radilla Luna, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 999/2017 y su acumulado 1000/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 999/2017 y su acumulado 1000/2017, promovido por José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos y Carlos Radilla Luna, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS ROGELIO VARGAS CORTEZ, HONIBER ABARCA ZAVALA Y PEDRO ABARCA ZAVALA DE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 999/2017 y su acumulado 1000/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda en el juicio de amparo 999/2017. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Octavo, José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: 1).- Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: De la C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, que hoy en día reclamo su falta de llamamiento: a). La falta de notificación y emplazamiento en que incurrió en mi perjuicio, en el procedimiento Agrario del que me adolezco, radicado con el número de expediente número 56/2015, Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero. b). Todo el procedimiento de controversia agraria llevado a cabo y radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, dentro del expediente agrario número 56/2015. c). La sentencia definitiva de fecha 11 de abril del año 2017, dictada en el expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, estado de guerrero, relativo a la controversia agraria a que nos hemos venido refiriendo. d). Consecuentemente; la indebida ejecución de sentencia de fecha 11 de abril del año 2017, que la actuaria adscrita al tribunal unitario agrario llevara a cabo dentro del expediente agrario número 56/2015. e). La ilegal desposesión de los derechos a mi favor como legitimo titular del terreno motivo de la litis y que de forma indebida la autoridad señalada como responsable entrego a la hoy tercera perjudicada. f). El archivo como asunto total y definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno, del expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, relativo al juicio de controversia del juicio natural." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo 999/017. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada en el libro de gobierno respectivo con el número 999/2017; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito así como a los Fiscales adscritos a las autoridades responsables, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Presentación de la demanda en el juicio de amparo 1000/2017. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Octavo, Carlos Radilla Luna, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: 1).- Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. EJECUTORA: 2).- Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Número 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: Como ordenadora: De la C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, que hoy en día reclamo su falta de llamamiento: a). La falta de notificación y emplazamiento en que incurrió en mi perjuicio, en el procedimiento Agrario del que me adolezco, radicado con el número de expediente número 56/2015, Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero. b). Todo el procedimiento de controversia agraria llevado a cabo y radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, dentro del expediente agrario número 56/2015. c). La sentencia definitiva de fecha 11 de abril del año 2017, dictada en el expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, estado de guerrero, relativo a la controversia agraria a que nos hemos venido refiriendo. d). Consecuentemente; la indebida ejecución de sentencia de fecha 11 de abril del año 2017, que la actuaria adscrita al tribunal unitario agrario llevara a cabo dentro del expediente agrario número 56/2015. e). La ilegal desposesión de los derechos a mi favor como legitimo titular del terreno motivo de la litis y que de forma indebida la autoridad señalada como responsable entrego a la hoy tercera perjudicada. f). El archivo como asunto total y definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno, del expediente 56/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta estado de guerrero, relativo al juicio de controversia del juicio natural." Como ejecutora: Del Actuario Adscrito al Tribunal Unitario Agrario, número 52 con sede en la ciudad de Zihuatanejo de Azueta estado de Guerrero, reclamo: a). La indebida acta de ejecución y entrega que se pretende realizar a la hoy tercera perjudicada dentro del expediente natural número 56/2015. CUARTO. Tramite del juicio de amparo 1000/2017. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 1000/2017 y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los Fiscales adscritos a las autoridades responsables, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Acumulación de los juicios de amparo. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el juicio de amparo 1000/2017, se determinó oficiosamente la acumulación de este último al diverso expediente 999/2017, por ser el más reciente; y se fijó hora y fecha para que en una misma audiencia constitucional fueran resueltos dichos expedientes, lo que tuvo verificativo al tenor del acta relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama todo lo actuado dentro de un juicio agrario en el que la parte quejosa se ostenta como tercera extraño natural. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez realizado el análisis integral de la demanda en confrontación con las actuaciones del juicio natural, se precisa que José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos, así como Carlos Radilla Luna reclaman la falta de emplazamiento al juicio agrario 56/2015, promovido por José Abarca Salas, Doris Lucetis Abarca Salas, Honiber Abarca Zavala, Pedro Abarca Zabala y Rogelio Vargas Cortez, en la cual el once de abril de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, que reconoce a estos últimos como legítimos titulares de las fracciones de la parcela 407, ubicada en el Ejido Coyuquilla, municipio de Petatlán, Guerrero. Como consecuencia de esto, la desposesión, al primero de los peticionarios de amparo del lote de terreno ubicado en el Ejido de Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán Guerrero, que colinda al Norte con carretera a Coyuquilla Sur, al Sur con el señor Dimas Arzeta, al Este con el panteón municipal y al Oeste con el canal de riego de Coyuquilla Sur; y el segundo de ellos, del diverso que colinda con carretera al Norte, al Sur con el señor Gaspar Abarca Salas, al Este con zona federal del canal de riego y al Oeste con el señor Gaspar Abarca Salas, conforme con la constancia de posesión de quince de marzo de dos mil cinco y de acuerdo con aquélla expedida a su favor el veinticinco de agosto de dos mil siete, aquél al Norte mide ciento veinticinco metros y colinda con carretera de Coyuquilla Sur, al sur mide ciento veinticinco metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, al este mide ciento setenta y siete metros y colinda con el señor Carlos Radilla Luna y al Oeste mide ciento cincuenta y cuatro metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, que afirman se encuentran inmersos en la parcela 407. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Actuario y Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, por así manifestarlo al rendir sus respectivos informes justificados; lo que además se corrobora con las constancias que integran el juicio agrario 56/2015, que en copia certificada allegó la citada en último término; documentales que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: El citado numeral es del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...). De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del invocado dispositivo legal, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.). De la lectura del numeral transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo), ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. En relación con el interés jurídico, este consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarla material o económicamente. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; la protección legal se materializa en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, es decir personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados que tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto se traduce, en que sólo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular, lo que tiene especial relevancia en el caso en que se reclaman actos y resoluciones provenientes de un tribunal judicial (Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52) porque para instar la acción constitucional debe acreditarse de manera plena que se cuenta con un interés jurídico tutelado por el derecho positivo que faculta a su titular a excitar al órgano de control constitucional en demanda del respeto de sus derechos; interés que desde luego debe estar plenamente demostrado. Así lo establece el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Así las cosas, como se indicó los quejosos reclaman la falta de emplazamiento al juicio agrario 56/2015; sumario en el que, el once de abril de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en la cual se reconoce a José Abarca Salas, Doris Lucetis Abarca Salas, Honiber Abarca Zavala, Pedro Abarca Zabala y Rogelio Vargas Cortez, como legítimos titulares de una fracción de la parcela 407, ubicada en el Ejido Coyuquilla, municipio de Petatlán, Guerrero; y fundan su derecho para acudir ante esta instancia constitucional, en la "posesión" que refiere tener José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos, del lote de terreno localizado en el Ejido de Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán Guerrero, que colinda al Norte con carretera a Coyuquilla Sur, al Sur con el señor Dimas Arzeta, al Este con el panteón municipal y al Oeste con el canal de riego de Coyuquilla Sur; y, Carlos Radilla Luna, del diverso que con carretera al Norte, al Sur con el señor Gaspar Abarca Salas, al Este con zona federal del canal de riego y al Oeste con el señor Gaspar Abarca Salas, conforme con la constancia de posesión de quince de marzo de dos mil cinco y de acuerdo con aquélla expedida a su favor el veinticinco de agosto de dos mil siete, aquél al Norte mide ciento veinticinco metros y colinda con carretera de Coyuquilla Sur, al sur mide ciento veinticinco metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, al este mide ciento setenta y siete metros y colinda con el señor Carlos Radilla Luna y al Oeste mide ciento cincuenta y cuatro metros y colinda con el señor Gaspar Abarca Salas, que afirman se encuentran inmersos en la parcela 407. Lo anterior, como se adelantó, con motivo de las constancias de posesión, expedidas a su favor el tres de octubre de dos mil nueve, quince de marzo de dos mil cinco y veinticinco de agosto de dos mil siete por el Comisariado Ejidal de Coyuquilla Norte, Municipio de Petatlán, Guerrero. Ahora, para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, acorde a la interpretación que del artículo 14 Constitucional realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2002, es necesario acreditar la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta. Sin embargo, en el caso, la parte quejosa no demostró con medio de convicción idóneo su interés jurídico en la presente acción constitucional, a saber, la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el citado lote de terreno; esto es, la causa generadora de la posesión. Se estima así, porque las constancias de posesión expedidas a su favor el tres de octubre de dos mil nueve, quince de marzo de dos mil cinco y veinticinco de agosto de dos mil siete por el Comisariado Ejidal de Coyuquilla Norte, Municipio de Petatlán, Guerrero, que exhibieron los quejosos, resultan insuficientes por sí mismas para acreditar la causa generadora de la posesión que aducen tener en relación con inmuebles que en esta vía defienden; máxime que carecen de la ratificación de la Asamblea como órgano supremo del núcleo agrario. Lo anterior, si bien el Comisariado Ejidal puede expedir constancias de posesión sin la autorización de la Asamblea, para que éstas adquieran validez y eficacia probatoria requieren ser ratificadas por ésta última, ya que el reconocimiento de derechos agrarios es competencia exclusiva de la Asamblea de ejidatarios, dado que implica una regularización de la tenencia de posesionados, como órgano máximo del Ejido, conforme con los artículos 21, 22, 23, fracciones II, V y VIII, 32 y 33 de la Ley Agraria; y la falta de esta formalidad carece de valor probatorio pleno, además de no referirse a la parcela materia de litis en el juicio natural. Apoya lo expuesto, en sentido contrario, la Jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), emitida por el Pleno del Decimotercer Circuito, consultable en la página 831 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia Administrativa, Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, del contenido siguiente: CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero. Así como el diverso el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 700, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AGRARIO. POSESIÓN. CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE EL COMISARIADO EJIDAL. NO DEBE CONCEDÉRSELE PLENO VALOR PROBATORIO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el Comisariado Ejidal no está facultado para expedir constancias de posesión, por tanto no debe concedérseles pleno valor probatorio, por ser cuestiones ajenas a sus funciones. Sin que pase inadvertido para quien resuelve que las documentales exhibidas por la parte quejosa, resultan insuficientes para acreditar la causa generadora por virtud de la cual detenta los inmuebles que defiende; ello, puesto que la copia certificada de las actas de nacimiento con números de folio A126820656 y 354195; la cual dada su naturaleza se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sólo demuestra la fecha de registro de su nacimiento y el lugar en que ocurrió, además de los datos de su filiación. La diversa consistente en el informe técnico topográfico, emitido por el ingeniero civil Anwar Moreno Vargas a petición de los quejosos, aun cuando en éste se indicó que los inmuebles que en esta instancia defienden está inmersos en la parcela referida en el juicio agrario de origen; éste de conformidad con el artículo 139 en relación con el diverso 203 del código en mención, se trata de un documento privado que sólo hace fe de su existencia; por lo que al no estar adminiculada con alguna otra prueba, constituye un indicio incapaz de generar convicción en cuanto a su alcance probatorio. Igual consideración merece la relativa al citatorio signado por el Presidente del Comisariado Ejidal de Coyuquilla Norte, dado que de éste sólo se advierte la solicitud para presentarse en las instalaciones de la Comisaría a tratar asuntos relacionados con una huerta; así como las consistentes en la copia fotostática del pasaporte y de la credencial para votar expedidos a José Trinidad Olmos Valdovinos y a Carlos Radilla Luna, tales documentos no son aptos para demostrar la posesión de los inmuebles que defienden en esta instancia los peticionarios de amparo. Bajo ese contexto, como la parte quejosa no demostró con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual detenta los inmuebles que por esta vía defiende, debe concluirse que lo resuelto en la sentencia definitiva dictada el once de abril de dos mil diecisiete en el juicio agrario 56/2015, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que los peticionarios de amparo acrediten su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado les perjudique materialmente, pues es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detentan fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien afirme ser titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico, lo que en caso en estudio no aconteció; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 999/2017 y su acumulado 1000/2017, promovido por José Trinidad Olmos Valdovinos y/o J. Trinidad Olmos Valdovinos y Carlos Radilla Luna, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEIDOS DE DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO Y VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de marzo del año en curso, proporciona el domicilio correcto del tercero interesado José Abarca Salas el ubicado en calle 4, manzana 36, lote 14, colonia Emiliano Zapata, código postal 39700, en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción l, de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en el mismo, y con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y de éste proveído le notifique el inicio del juicio al referido tercero interesado. Asimismo, se habilita a dicha fedataria judicial para que si con motivo de la investigación de tal domicilio logra identificar algún otro, sin previo acuerdo se constituya en el mismo y lleve a cabo la notificación que se le encomienda de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal antes citado. En la inteligencia que de no lograrse la localización del mencionado tercero interesado, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de marzo del año en curso. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, téngase como autorizados del quejoso Carlos Radilla Luna, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Josué Yosafat de la Cruz Jacobo, Beatriz Alicia López Pérez y José Daniel García Chávez, cuyas cédulas no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite como profesionales del derecho. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado José Abarca Salas.
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