Carlos Ponce Piña

Expediente 1410/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1410/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Ponce Piña
  • Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta se provee: Informa avocamiento Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con asiento en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo y comunica que ese órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 promovida por ************. Se reitera como asunto totalmente concluido Virtud de lo anterior, se reiteran los términos del acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, donde se declara este juicio, como un asunto totalmente concluido, por lo que se ordena su remisión al archivo correspondiente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Boleta de turno. Agréguese el correo electrónico de cuenta, al que se adjunta la boleta de turno 20220869023600028, de la que se advierte que correspondió a este juzgado conocer de la denuncia de incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Cumplimiento de prevención. Visto el escrito signado por el licenciado Moisés Coca Sánchez, en cuanto autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, al indicar que lo que desea promover a nombre de su autorizante es la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Asimismo, solicita se integre y se remita a la Oficina de Correspondencia Común el legajo de copias correspondiente a ese asunto, al respecto se le indica que no es a través de este juzgado que debe presentarse dicha denuncia, pues no hay disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca; por tanto, no la lugar a lo que solicita, no obstante quedan a su disposición copia de este sumario para que las presente directamente ante la autoridad que corresponda el conocimiento del asunto. En las relatadas condiciones, es evidente que existe imposibilidad jurídica en dar el trámite pretendido a la denuncia de mérito. 1.1. Se remite denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 a Oficina de Correspondencia Común. En cambio, aplicando por similitud y a fin de no dejar e estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 10a. de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO" emitida por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena remitir el escrito original de denuncia a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a fin de proceda a turnarlo como denuncia de incumplimiento a una declaratoria de inconstitucionalidad, previa copia certificada que se deje en autos de tal ocurso y su cumplimiento de prevención. Inexistencia de vinculación entre el acto reclamado en este sumario y con la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Al respecto, es necesario indicar a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que no existe vinculación estrecha entre lo reclamado en este juicio de amparo, con la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018; ello en atención a que lo que fue materia de reclamo en este juicio de amparo 1410/2019 fue la emisión del oficio 193301EL352943 de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el que se negó la autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente conocido comúnmente como marihuana, y lo que se reclama en la denuncia de que se trata es -la aplicación en perjuicio del directo afectado Carlos Ponce Piña de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos [normas que a su decir fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria 1/2018 emitida a partir de la jurisprudencia establecida por la Primera Sala de ese alto tribunal]-. Por lo que para que se actualizara dicha vinculación, se tendría que haber promovido una denuncia por declaratoria de inconstitucionalidad anterior por el mismo quejoso. Acuerdo que se firma en esta data, virtud a la carga de trabajo con que cuenta este juzgado y que estuvo de guardia activa del uno al siete de los actuales, dando prioridad al trámite de los asuntos urgentes, como se advierte de la certificación de cuenta.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos de los que se obtiene que dentro del juicio de amparo en que se actúa, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, al resolver el amparo en revisión 113/2021 formado con motivo del recurso interpuesto por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y el Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ambos con sede en la Ciudad de México, determinó confirmar la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en un aspecto y, por otro, se concedió la protección constitucional. 1.1. Efectos del fallo protector. En esa línea de pensamiento, el efecto para el cual se concedió la protección constitucional fue para que Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Substancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en Ciudad de México, realizara lo siguiente: a. Dejar insubsistente la resolución contenida en el oficio 193301EL352943 de quince de octubre de dos mil diecinueve, en la que determinó: "Una vez analizado dicho escrito, me permito informarle que su solicitud no procede, toda vez que en la Ley General de Salud no se establece facultad alguna para que esta autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización requerida". b. Emitir una nueva en la que prescinda de considerar que no existe en la Ley General de Salud facultad alguna para otorgar la autorización, y en aplicación de lo establecido en el artículo 235 del citado ordenamiento, en relación con el artículo 17 A., de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (1) deseche la solicitud, (2) otorgue o (3) niegue el permiso respectivo, en caso de negarlo deberá indicar con toda precisión las razones de esa negativa. c. Resolución que deberá cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad descritos en esta ejecutoria en lo referente a la fundamentación y motivación. 1.1.2. Requerimiento y cumplimiento del fallo protector. Así las cosas, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la responsable; por lo que en acatamiento a éste la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del oficio CAS/DEREPSQ/1960/2021 de dos de marzo de dos mil veintiuno, signado por el director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, que se dirigió al quejoso Carlos Ponce Piña, con domicilio en calle Aquiles Serdán, número 501 quinientos uno, interior 2 dos, colonia Centro en esta ciudad, mediante el cual realizó lo siguiente: A) Deja insubsistente el diverso oficio 193301EL352943 de quince de octubre de dos mil diecinueve; y, B) Con relación a la solicitud del quejoso contenida en el escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve; determinó que: "Del análisis realizado por esta Autoridad Sanitaria a su solicitud conforme a la legislación vigente, se observa que solicita autorización para la realización de diferentes actividades relacionadas con la Cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina y preparados y semillas, misma que es considerada como un "Estupefaciente" de conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley General de Salud, y el Tetrahidrocanabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, es considerado como una 'Substancia Psicotrópica'; en tales condiciones, todo acto relacionado con dichas sustancias tales como siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo, requerirá Autorización de la Secretaría de Salud y esta se otorgará siempre y cuando la intención sea para fines médicos y científicos, situación que en el presente caso no se actualiza. Por lo cual, su solicitud es improcedente". 1.1.3. Vista a las partes y calificación de cumplimiento del fallo protector. El pasado veinte de abril de dos mil veintidós se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo protector y el tres de mayo de dos mil veintidós se declaró cumplida la ejecutoria en comentó y se ordenó el archivo del asunto. 2. Acuerdo. En otro aspecto, visto el escrito de cuenta signado por el licenciado Moisés Coca Sánchez, en cuanto autorizado del quejoso Carlos Ponce Piña, mediante el cual manifiesta que promueve denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018; previo a proveer en cuanto al fondo de su contenido, resulta necesario prevenir al promovente a fin de que dentro del plazo de tres días Manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Si lo que desea es promover el incidente de repetición del acto reclamado en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo; o, Si es la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad de alguna norma declarada inválida, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido, que en caso de no hacerlo dentro del plazo indicado, sin ulterior acuerdo se tendrá por no presentado el ocurso que se provee. Lo anterior, resulta pertinente en atención a que dichos procedimientos tienen tramitaciones diversas, como se verá a continuación: Incidente repetición del acto reclamado I. Requiere la existencia de un juicio de amparo en el que se haya otorgado al quejoso la protección constitucional -por lo que esta incidencia se tramita en la misma pieza de autos-. II. Que en dicho sumario constitucional se haya declarada cumplida la ejecutoria de amparo. III. Que con posterioridad a ello la autoridad responsable emita un acto en los mismos términos que por el cual se le otorgó la protección constitucional al peticionario de amparo. En el entendido que dicha repetición del acto reclamado debe denunciarse dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo. Denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. No requiere la existencia de un juicio de amparo en el que se haya otorgado al quejoso la protección constitucional; por lo que permite que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, ésta se aplique al afectado. Lo anterior, permite que cualquier persona afectada por una norma declarada inconstitucional denuncie ante un Juez de Distrito -que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado-, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente. Es un procedimiento que tiene como presupuesto indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga versará precisamente sobre si se llevó a cabo esa aplicación o no. Dicho procedimiento, se presenta ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con jurisdicción en el lugar en que el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. Este procedimiento puede ser optativo para el afectado, es decir, puede elegir entre la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad o un nuevo juicio de amparo indirecto. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia PC.XXX. J/30 K (10a.) sustentada por el Pleno del Trigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, NO EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento de denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, no es el único medio con el que cuentan los afectados para defenderse de actos que tengan su génesis en normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el vocablo "podrá" contenido en dicho precepto, interpretado sistemáticamente con los artículos 47, párrafo tercero y 72, párrafo segundo, de esta última legislación, refleja la intención del legislador de dotar de decisión a los justiciables en cuanto al camino que deban seguir para defenderse de un acto con las características apuntadas, esto es, instar el procedimiento establecido en el citado artículo 210, o bien, acudir al procedimiento sumario previsto en el artículo 118 de la ley de la materia, ya que aun cuando el procedimiento de denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo en su vía indirecta tengan un diseño legislativo distinto, procesalmente también sean regulados de manera diversa y tengan alcances y efectos jurídicos diferentes, ambos cumplen con el fin de restablecer al particular en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados y, por ende, de resguardar el orden constitucional, lo que implica que tenga libertad de elegir la vía que estime idónea para combatir actos de esa naturaleza, de ahí que, dichos procedimientos no sean excluyentes entre sí, interpretación que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva; por ello, es jurídicamente válido concluir que la intención del legislador fue crear un mecanismo adicional al juicio de amparo para que los particulares se defiendan de actos fundados en normas declaradas inválidas, pero no limitar la procedencia del medio de control constitucional que por antonomasia ha sido a lo largo de la historia de la justicia constitucional, el mecanismo protector y restitutorio de derechos humanos". En las relatadas condiciones, resulta procedente prevenir al promovente a fin de que aclare el ocurso de cuenta, en el sentido de cuál de los dos procedimientos desea promover dentro del presente juicio de amparo, pues, sólo la incidencia de repetición del acto reclamado puede promoverse en el juicio de amparo en que se actúa; mientras que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad deberá presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con jurisdicción en el lugar en que el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. Sin embargo, en el caso en análisis el promovente presenta su escrito dirigido a este sumario constitucional, empero manifestando que promueve una denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad; por lo que resulta necesario que aclare cuál de dichos procedimientos desea promover, a fin de que esta potestad federal pueda resolver lo conducente. Notifíquese personalmente; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2911/2022, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la citada Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de registro digital 164525, de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el Secretario Javier Ivan Contreras Osorio.

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