Carlos Pinacho Reyes
Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Pinacho Reyes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 198/2023. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64 del libro Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 210751, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Del estudio realizado a la citada jurisprudencia, se evidencia que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda y anexos, se advierte que el quejoso Carlos Pinacho Reyes, por propio derecho, reclama de las autoridades responsables Policías Municipales y Viales, ambos de Santa Cruz Amilpas, el despojo de la motocicleta tipo Honda, número de serie LALMD4392N3125162, modelo 2022, número de motor MD43E2100870, misma que se encuentra a nombre de Bertha Guzmán López -con quien bajo protesta de decir verdad manifiesta vivir en concubinato, sin que lo acredite-. En ese sentido, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. .." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien la actuación de una autoridad perjudique un derecho subjetivo legítimamente tutelado. De ahí que resulta necesario que el acto de autoridad vulnere, en perjuicio del gobernado, un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le cause un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Tratándose de actos de molestia, como los aquí reclamados, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege entre otros derechos constitucionales la posesión, la cual debe tener sustento en alguna figura jurídica prevista en la ley (compraventa, comodato, arrendamiento, usufructo, etcétera). Lo anterior, implica la necesidad de que la parte promovente del amparo acredite plenamente la existencia de un título que constituya la causa generadora de la posesión, de manera que se tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a la tenencia del bien o bienes que, en su caso, resienten la actuación de autoridad, esto es, debe demostrar que es titular del derecho conculcado por el acto reclamado (propiedad o posesión). En la especie, Carlos Pinacho Reyes, comparece por propio derecho a reclamar de los Policías Municipales y Viales, ambos de Santa Cruz Amilpas, el despojo de la motocicleta tipo Honda, número de serie LALMD4392N3125162, modelo 2022, número de motor MD43E2100870, misma que se encuentra a nombre de Bertha Guzmán López. Afirma que aproximadamente hace un mes y medio, adquirió junto con su concubina Bertha Guzmán López, una moto en la empresa Motos GT, en la sucursal de Ixcotel, Avenida de las Americas 206, Oaxaca; sin embargo, de la copia simple que anexo la parte promovente a su demanda de amparo, consistente en la factura F05004, expedida por la empresa Motos GT Sociedad Anónima de Capital Variable, se advierte que la titular de la motocicleta tipo Honda, número de serie LALMD4392N3125162, modelo 2022, número de motor MD43E2100870, es Bertha Guzmán López; por lo que el aquí quejoso, no acredita la legitimación que le asiste para comparecer a esta instancia a reclamar la privación de la posesión de tal automotor. Lo anterior, porque si bien arguye ostentar la titularidad de la citada unidad de motor, empero, no existe en el sumario evidencia probatoria de la que se advierta que efectivamente, cuenta con un derecho legalmente reconocido sobre el mismo. Se afirma lo anterior, porque solo exhibió en copia simple: La factura F05004, de siete de enero de dos mil veintitrés, expedida por la empresa Motos GT Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Bertha Guzmán López, por la compra de la motocicleta tipo Honda, número de serie LALMD4392N3125162, modelo 2022, número de motor MD43E2100870 Un recibo de pago que ampara la cantidad de $948.00 M.N (novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). Formato de pago con número folio V230072005 -del que no se advierten los datos asentados-. Empero, ninguno de los citados medios de convicción revela que sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto de autoridad, cuya lesión lo legitime para acudir al amparo, pues, lo que se pretende combatir a través de ese medio de defensa es la privación de la posesión de la motocicleta tipo Honda, número de serie LALMD4392N3125162, modelo 2022, número de motor MD43E2100870, que al encontrarse a nombre de Bertha Guzmán López, la faculta como titular de los derechos de la misma. Con base en lo expuesto, se concluye que la parte quejosa en este juicio carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, ya que la determinación reclamada no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sin que, la suplencia de la queja implique ignorar o, de manera general soslayar aspectos vinculados a la procedencia de la acción constitucional. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, se impone desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa; asimismo, se tiene como autorizados en temimos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por encontrarse registro a su favor en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y en términos restringidos a las restantes personas, por no contar con el registro correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente. (SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJO)
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