Carlos Pérez Valdez

Expediente 1505/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1505/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Pérez Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE TRES DE DICIEMBRE ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE TRES DE DICIEMBRE ULTIMO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese el escrito signado por el quejoso, por medio del cual en cumplimiento al auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, precisa que el acto reclamado es la omisión de la responsable de judicializar la carpeta de investigación 165080540009214. En consecuencia, déjese sin efectos el apercibimiento con que se conminó al oficiante. DESECHAMIENTO Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En el caso, el quejoso reclama de la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público habilitado adscrito a la Mesa Tres de Trámite de la Unidad de Investigación A1, en Toluca, Estado de México. El siguiente acto: La omisión de judicializar la carpeta de investigación 165080540009214, con número económico 2193/2014. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". [.]" "Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la trascripción anterior se advierte que la violación a la garantía de defensa que le asiste al quejoso como víctima en dicha carpeta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece un medio de impugnación a través del cual dicha abstención dentro de la fase de investigación puede ser modificada, revocada o nulificada. En efecto, el artículo numeral Constitucional en cita menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" Asimismo, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el término de diez días para impugnar ante el Juez de Control la determinación sobre abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, al señalar lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de México, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Así, el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Por lo tanto, el hecho de que no exista a la fecha judicialización del asunto, por similitud en sus efectos, es equiparable a la afectación que sufren las pretensiones de la víctima del delito u ofendido, cuando el agente investigador es omiso negligente en cumplir con sus funciones. En consecuencia, si el acto que reclama el quejoso en esta instancia constitucional es la abstención por parte de la responsable en integrar la carpeta de investigación 165080540009214, con número económico 2193/2014, por ende, que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación; sin agotar previamente el medio de impugnación ordinario a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues antes de acudir al juicio de amparo, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación. Ahora bien, como agente investigador, el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación; durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de referencia. Resulta pertinente señalar que los medios de impugnación son los actos procesales cuya finalidad es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, si en la especie el quejoso reclama la omisión de la responsable en judicializar la carpeta de investigación 165080540009214, con número económico 2193/2014, por ende, que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación, dando como resultado de ello la violación a la garantía de defensa que le asiste al quejoso como víctima en dicha carpeta de investigación, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109 fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las actuaciones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el quejoso por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De esta forma, si bien las omisiones y dilaciones que alega el quejoso, constituyen una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Además, debe destacarse que no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional bi-instancial, con la dilación que ello conlleva, para llegar eventualmente, al mismo resultado. Sustenta la anterior determinación las tesis de jurisprudencia 27/2018 y 28/2018, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobadas en sesión de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, pendientes de publicación, las que son del texto y rubro siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En las relacionadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Pérez Valdez, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, respecto de la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público habilitado adscrito a la Mesa Tres de Trámite de la Unidad de Investigación A 1, en Toluca, Estado de México dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por el acto reclamado que preciso en el escrito de cuenta, es decir, la omisión de la citada responsable en judicializar la carpeta de investigación 165080540009214, con número económico 2193/2014. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que esto se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

  3. Principal

    RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve Carlos Pérez Valdez; por su propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda bajo el número 1505/2019-III-A. PREVENCIÓN Analizado su contenido, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o rechazo, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, cumpla con lo siguiente: Ahora bien, tomando en cuenta que en el apartado del acto reclamado, señaló como tal "La omisión de la responsable, de judicializar la carpeta de investigación ***"; sin embargo, de sus antecedentes del acto, así como en su concepto de violación, aduce como acto la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual solicitó se judicialice la carpeta de mérito. En tal caso, precise si el acto que impugna en esta litis constitucional lo es: La omisión de la responsable, de judicializar la carpeta de investigación ***; o bien, La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el once de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual solicitó judicializar la referida carpeta de investigación. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir la prevención formulada en el plazo indicado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir el ubicado en ***. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en los términos que precisa, es decir sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  4. Principal

    EN ATENCIÓN AL CITATORIO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO *** EL PROVEÍDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve Carlos Pérez Valdez; por su propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda bajo el número 1505/2019-III-A. PREVENCIÓN Analizado su contenido, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o rechazo, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, cumpla con lo siguiente: Ahora bien, tomando en cuenta que en el apartado del acto reclamado, señaló como tal "La omisión de la responsable, de judicializar la carpeta de investigación ***"; sin embargo, de sus antecedentes del acto, así como en su concepto de violación, aduce como acto la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual solicitó se judicialice la carpeta de mérito. En tal caso, precise si el acto que impugna en esta litis constitucional lo es: La omisión de la responsable, de judicializar la carpeta de investigación ***; o bien, La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el once de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual solicitó judicializar la referida carpeta de investigación. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir la prevención formulada en el plazo indicado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir el ubicado en ***. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en los términos que precisa, es decir sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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