Carlos Pérez Sala

Expediente 674/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Pérez Sala

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 674/2022 veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Pérez Salas, contra actos del Titular de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Devolución de documentos. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, requiérasele a la parte quejosa para que comparezca a recoger ante este Juzgado en cualquier hora y día hábil, en un plazo de noventa días naturales, las documental consistente en escrito de catorce de marzo de dos mil veintidós con firma autógrafa, apercibido que de no hacerlo, una vez que concluya el término concedido, las documentales exhibidas podrán ser destruidas. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Juicio 674/2022 folio 6965. veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 307/2022, con número de orden 364/2022, del índice de este órgano de control constitucional; en consecuencia, glósese únicamente la misiva de cuenta y las actuaciones originales realizadas por el Juez remitente, regístrese la llegada en el libro de gobierno correspondiente y dese de baja en el libro de registro que se lleva en este Juzgado, para los efectos a que haya a lugar. En virtud de lo anterior y ante lo infructuoso del domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 27, fracción II dela Ley de Amparo, se ordena realizarle la notificación del presente proveído y del diverso de veintinueve de abril de dos mil veintidós, así como las subsecuentes por medio de lista, aún las de carácter personal; así también por el medio de notificación alterno, es decir, las direcciones de correos electrónicos que proporcionó en su escrito de demanda. Notifíquese. Juicio 674/2022 folio 5972. dos de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; tangase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Pérez Sala, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia: Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 674/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Precisado lo anterior, es menester destacar que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados a) El oficio UAJ/XCCR/2645/2022 de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual aduce se le aplicó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. b) La constitucionalidad y/o convencionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente*** Esto es así, ya que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que se le atribuye en el presente asunto. Bien, se considera "autoridad" a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Así es, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por lo que, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, de acuerdo a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 341/2015, los Institutos de Seguridad Social, constituyen entes del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismos descentralizados, pues forman parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sostuvo también la Sala que un Instituto de Seguridad Social, como ente asegurador, tiene la facultad para emitir actos que incidan la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisión; motivo por el cual, determinó que excepcionalmente, es procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados.*** En esa tesitura, se estima que la contestación reclamada por esta vía constitucional no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación 'bilateral' de correspondientes 'derechos' y 'obligaciones'; ello, tomando en consideración que opera en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público.*** De ahí que si, en el caso concreto, el oficio UAJ/XCCR/2645/2022 por el cual se dio contestación al escrito del ahora quejoso, en el que solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, dado el origen de la relación entre el mismo y el peticionario de amparo, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y el ente asegurador, como sujeto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto.*** Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, parte final de la Ley de Amparo, en virtud de que la porción normativa reclamada son disposiciones que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en que para su impugnación necesariamente requieren de un acto posterior que las dote de efectividad; esto es, se trata y se impugna como una norma heteroaplicativa. Para corroborar tal aserto, conviene tener presente que el artículo 61, fracción XII, parte final, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.*** Máxime, que al reclamarse en este asunto, también la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicado mediante decreto número 294, en el Periódico Oficial de la entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que la parte quejosa aduce le fue aplicado a través del oficio reclamado, estudiado con antelación por el que se actualizó la causal de improcedencia señalada anteriormente, pues al ser improcedente el juicio de control constitucional contra dicho acto, en vía de consecuencia, tampoco procede la impugnación del ordenamiento legal de mérito, ya que no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada con el concerniente a su acto de aplicación.*** En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, parte final y XXIII, relacionado con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar de residencia de este juzgado con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, por los medios que estime conveniente y conforme a las reglas de las notificaciones en los juicios de amparo, notifique al aquí quejoso Carlos Pérez Salas, en el domicilio ubicado en la carretera a la Laguna de Pomposu, sin número, ranchería Reforma Segunda Sección, de dicha municipalidad, a quien deberá: 1) Entregarle copia de la presente determinación. 2) Prevenirla para que señale domicilio en esta capital para oír citas y notificaciones o persona que lo represente en este juicio, dentro del plazo de tres días hábiles que se contarán a partir del siguiente al en que sea notificado de este proveído. 3) Apercibirla que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por los estrados de este Juzgado, aun las de carácter personal. En ese contexto, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Juez del orden común para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial, para que lleve a cabo las diligencias encomendadas, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Valenzuela Foster. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Con la salvedad que a Jesús Nicolás Pacheco, se lo otorga esta autorización ya que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado; aunado a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    Juicio 674/2022 folio 5972. dos de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; tangase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Pérez Sala, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia: Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 674/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Precisado lo anterior, es menester destacar que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados a) El oficio UAJ/XCCR/2645/2022 de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual aduce se le aplicó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. b) La constitucionalidad y/o convencionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente*** Esto es así, ya que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que se le atribuye en el presente asunto. Bien, se considera "autoridad" a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Así es, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por lo que, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, de acuerdo a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 341/2015, los Institutos de Seguridad Social, constituyen entes del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismos descentralizados, pues forman parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sostuvo también la Sala que un Instituto de Seguridad Social, como ente asegurador, tiene la facultad para emitir actos que incidan la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisión; motivo por el cual, determinó que excepcionalmente, es procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados.*** En esa tesitura, se estima que la contestación reclamada por esta vía constitucional no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación 'bilateral' de correspondientes 'derechos' y 'obligaciones'; ello, tomando en consideración que opera en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público.*** De ahí que si, en el caso concreto, el oficio UAJ/XCCR/2645/2022 por el cual se dio contestación al escrito del ahora quejoso, en el que solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, dado el origen de la relación entre el mismo y el peticionario de amparo, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y el ente asegurador, como sujeto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto.*** Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, parte final de la Ley de Amparo, en virtud de que la porción normativa reclamada son disposiciones que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en que para su impugnación necesariamente requieren de un acto posterior que las dote de efectividad; esto es, se trata y se impugna como una norma heteroaplicativa. Para corroborar tal aserto, conviene tener presente que el artículo 61, fracción XII, parte final, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.*** Máxime, que al reclamarse en este asunto, también la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicado mediante decreto número 294, en el Periódico Oficial de la entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que la parte quejosa aduce le fue aplicado a través del oficio reclamado, estudiado con antelación por el que se actualizó la causal de improcedencia señalada anteriormente, pues al ser improcedente el juicio de control constitucional contra dicho acto, en vía de consecuencia, tampoco procede la impugnación del ordenamiento legal de mérito, ya que no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada con el concerniente a su acto de aplicación.*** En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, parte final y XXIII, relacionado con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar de residencia de este juzgado con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, por los medios que estime conveniente y conforme a las reglas de las notificaciones en los juicios de amparo, notifique al aquí quejoso Carlos Pérez Salas, en el domicilio ubicado en la carretera a la Laguna de Pomposu, sin número, ranchería Reforma Segunda Sección, de dicha municipalidad, a quien deberá: 1) Entregarle copia de la presente determinación. 2) Prevenirla para que señale domicilio en esta capital para oír citas y notificaciones o persona que lo represente en este juicio, dentro del plazo de tres días hábiles que se contarán a partir del siguiente al en que sea notificado de este proveído. 3) Apercibirla que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por los estrados de este Juzgado, aun las de carácter personal. En ese contexto, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Juez del orden común para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial, para que lleve a cabo las diligencias encomendadas, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Valenzuela Foster. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Con la salvedad que a Jesús Nicolás Pacheco, se lo otorga esta autorización ya que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado; aunado a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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