Carlos Pérez Olvera
Expediente 612/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Pérez Olvera
Actuaciones
- Principal
XII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
XII... Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de julio de dos mil veintiuno... Vista la demanda de amparo promovida por Carlos ...; por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 612/2021-XII. Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, es necesario destacar que los actos reclamados consisten en la citación para la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa 706/2021, para las doce horas del veintinueve de junio de dos mil veintiuno; así como el apercibimiento de la orden de aprehensión que se pudiera librara en su contra. Precisión que se hace atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los escritos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y de esa manera emitir un pronunciamiento congruente e integral. En ese orden, con relación al instructivo para comparecer a la audiencia de formulación de imputación, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el juicio, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento. En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. [.]" En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por lo tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley.... Asimismo debe destacarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la citada jurisprudencia, estableció: "[.] Luego, para determinar si procede o no el juicio de amparo en este supuesto, debe partirse de que la citación para audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio. 30. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo,(13) establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. La pregunta, entonces, es si la citación para acudir a la audiencia inicial causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo. 31. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 [.] 33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. En el caso, se reclama la citación para comparecer a la audiencia inicial para la formulación de imputación sin detenido, en la causa seguida ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán Estado de México y como consecuencia la posible orden de aprehensión que pudiera librarse; de ahí que con base en los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, se concluya que el presente juicio es improcedente. Sin que obste a lo anterior que el quejoso combata también el apercibimiento de la orden de aprehensión que se pudiera librar en su contra, para el caso de no asistir a la audiencia de formulación de imputación; sin embargo, dicho acto lo hace depender de la citación mencionada, de ahí que se trate de un acto futuro de realización incierta contra el cual también es improcedente el juicio biinstancial, pues no afecta de forma real y actual la esfera jurídica del quejoso, y por ende, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. De los preceptos referidos, deriva que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción constitucional exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la impetrante de amparo, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Ahora bien, toda vez que el apercibimiento de la orden de aprehensión que se pudiera librar en su contra, la hace depender de la citación mencionada, de ahí que se trate de un acto futuro de realización incierta contra el cual es improcedente el juicio biinstancial, porque la posibilidad de ordenar la aprehensión en contra del quejoso con motivo de la determinación que se pudiera dictar en la audiencia inicial, no causa un agravio personal y directo a la esfera jurídica de la parte quejosa, en tanto que para que ello acontezca, se debe atender a su conducta para comparecer a la citada audiencia, en cuyo caso de omisión, previo a librar la orden de aprehensión, el juez podrá ordenar la comparecencia a través de la fuerza pública, tal como lo establece la fracción II, párrafo primero, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a que se deben reunir los requisitos establecidos en el tercer párrafo del aludido precepto (que exista la necesidad de cautela).... En ese contexto, no se actualiza el agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación que establece el artículo 5, fracción I, como requisito necesario para instar el juicio biinstancial, lo que lo hace improcedente. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". A mayor abundamiento respecto es importante destacar que los actos futuros de inminente realización, son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, sino también todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquellos actos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos debe entenderse como aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción IV, así como el 5, fracción I, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el numeral 113, todos de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de usuario: "Sosafirmalegal999", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza al referido usuario consultar vía electrónica las actuaciones del presente expediente. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, esta y las subsecuentes notificaciones consideradas como personales se le practicarán vía electrónica, en el entendido que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días contado a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Sin que pase inadvertido que señala las listas de este Juzgado, sin embargo, no pueden tenerse para el mismo efecto dos domicilios; por tanto, derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhortó a las partes a que de ser posible continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea" .y toda vez que autorizó los medios electrónicas para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tener las listas para tales efectos. Se autoriza a Israel Sosa Gómez, en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
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