Carlos Perez Galicia
Expediente 128/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- Carlos Perez Galicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta a través de los cuales el Secretario y Juez del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, devuelven diligenciados los exhortos 67/2017-I (orden 67/2017) y 87/2017-I (orden 87/2017), del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, a través de los cuales se solicitó notificar al quejoso las determinaciones de veintisiete de enero y tres de febrero del año en curso, respectivamente. Atento su contenido, en el Libro de Gobierno asiéntense las anotaciones correspondientes. Téngase por notificado a Carlos Pérez Galicia, de los autos de veintisiete de enero y tres de febrero de dos mil diecisiete decretados en el presente asunto, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario David Andrés Mata Ríos que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por la Jueza Supernumeraria del Juzgado Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, a través del cual acusa recibo del exhorto 67/2017-I orden 67/2017 del índice estadístico de este Juzgado de Distrito, mismo que registro bajo el número 32/2017. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que el treinta y uno de enero del año en curso compareció al local de este Juzgado de Distrito de manera voluntaria Roberto Alcántara Valencia apoderado de la parte quejosa, a efecto de notificarse del proveído de veintisiete de enero pasado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual, acusa recibo del oficio 3724/2017 y anexo adjunto, y comunica que asumió la competencia planteada, mismo que registró bajo el número 111/2017. Por otro lado, remítase la superioridad oficiante los traslados correspondientes a copias de la demanda y escrito aclaratorio. Por tanto, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el escrito de cuenta suscrito por Roberto Alcántara Valencia quien se ostenta como apoderado legal de Carlos Pérez González, a través del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de veintiséis de enero del año en curso, toda vez que presenta como documento fehaciente para acreditar dicha personalidad copia simple del testimonio ocho mil trescientos setenta y siete. Incompetencia. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del presente asunto. En principio se analiza la competencia de este juzgado para conocer de la demanda de amparo de referencia, pues es un presupuesto procesal y una condición de validez para dar trámite al juicio constitucional. En ese tenor, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso a) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares... VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones." Por su parte, el ordinal 170 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" A su vez, el diverso 47, de la ley de la materia en comento, en lo conducente establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (..)" Los preceptos legales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo, transcritos en los párrafos que anteceden, contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente. Sobre esa base, del análisis del escrito inicial de demanda y escritos aclaratorios destacan que el acto que en esta vía se pretende reclamar es el siguiente: La sentencia definitiva de veinte de diciembre de dos mil dieciséis en la cual se declara improcedente la tercería excluyente de dominio. Lo expuesto permite advertir que el acto que la parte quejosa tilda de inconstitucional, encuadra dentro de las hipótesis previstas en los párrafos primero y segundo del numeral 170 de la Ley de Amparo, puesto que se trata de un procedimiento que se tramita por cuerda separada en relación con el juicio natural, ello sólo significa que por la naturaleza de su tratamiento procedimental, la resolución que decide el fondo de la misma tiene el carácter de sentencia definitiva, pues si ahí se resolvió sobre la procedencia o improcedencia de esa tercería. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo. En efecto, las tercerías son verdaderos juicios, tanto en la forma como en el fondo, puesto que en ellas se ventila una acción que debe resolverse mediante la substanciación de un procedimiento judicial en el cual deben respetarse todas las formalidades esenciales. El artículo 1369 del Código de Comercio da a las tercerías la calidad de juicios, mientras que en el artículo 1362 de esa propia normatividad legal, se reconoce que se deduce una acción distinta a la que se debate en el principal, llamando tercero opositor a este nuevo litigantes. Aun cuando se considera a la tercería juicio incidental por su íntima relación respecto del juicio en el cual se interpone, ni por su forma ni por la materia es un incidente, sino un verdadero juicio. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no constituye un incidente en rigor procesal y técnico, porque decide una controversia con substancia propia, surgida entre las partes a propósito de un interés distinto, a la materia del juicio principal. Resulta ilustrativa sobre el particular, la tesis 474 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 321, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el epígrafe: "TERCERÍAS, SON JUICIOS Y NO INCIDENTES. Las tercerías son juicios tanto en la forma como en el fondo, puesto que en ellas se ventila una acción que debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento judicial en el que deben respetarse todas las formalidades esenciales. El Código de Comercio en su artículo 1369 da a las tercerías la calidad de juicios, y en su artículo 1362 reconoce que se deduce una acción distinta a la que se debate en el principal, llamando tercer opositor a este nuevo litigante. Aun cuando se considera a la tercería juicio incidental por su íntima relación respecto al juicio del cual se interpone, ni por su forma ni por la materia es un incidente, sino un verdadero juicio". Sirve de sustento a la anterior determinación el criterio aislado contenido en la tesis II.1o.C.148 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de éste Circuito, impresa en la página 701 del Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN AQUÉLLA SE DICTE, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si en juicio ejecutivo mercantil ocurre como parte interesada un tercero, por afectársele un determinado derecho y, por ello, promueve tercería excluyente de dominio, aun cuando su procedimiento se tramite por cuerda separada en relación con el juicio natural, ello sólo significa que por la naturaleza de su tratamiento procedimental, la resolución que decide el fondo de la misma tiene el carácter de interlocutoria, pues si ahí se resolvió sobre la procedencia o improcedencia de esa tercería, tal fallo debe considerarse como una sentencia definitiva por haberse resuelto el fondo de esa cuestión. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial". En las condiciones relatadas, si en la especie se reclama la sentencia definitiva de veinte de diciembre de dos mil dieciséis en la cual se declara improcedente la tercería excluyente de dominio, es incuestionable que su reclamación debe hacerse a través del amparo directo, aunque no se haya agotado el medio ordinario de defensa previsto para impugnarla. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J.6/2015, página 95 del Tomo I, abril 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, con número de registro 2008791 que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Por ende, la resolución reclamada debe ser impugnada en amparo directo, en términos del artículo 170 y 175 la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 107 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción II, 47 y 170 de la Ley de Amparo y en el diverso 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con independencia de su procedencia, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de referencia, pues el acto reclamado es una sentencia definitiva que dio por concluido el juicio, por lo que se estima que el expediente en que se actúa debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 40/97, publicada en la página seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Materia Común, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Por ende, remítase la demanda de amparo y sus respectivas copias al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en turno, solicitándole de manera atenta, se sirva informar la determinación que al efecto emita, con base en la legal competencia que se le plantea. Con copias certificadas de los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes. Toda vez que el domicilio de la parte quejosa se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, líbrese exhorto al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, e inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, notifique personalmente a Roberto Alcántara Valencia, quien se ostenta como apoderado legal de Carlos Pérez González la presente determinación, en el domicilio ubicado en Calle cinco de febrero, número 26, Delegación de San Pedro Tlaltizapan, Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México. Se solicita atentamente al juez exhortado, que con independencia de la fecha en que reciba el exhorto, lleve a cabo la diligencia encomendada en los términos anteriormente estipulados, y de no existir inconveniente legal, se sirva acusar recibo vía fax. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en los términos antes precisados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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