Carlos Peralta Aburto

Expediente 901/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Peralta Aburto

Actuaciones

  1. Principal

    V. Intégrese al expediente electrónico y físico el oficio por el cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, informa que por acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, insistió en declinar competencia para conocer de la demanda, por lo que, planteó conflicto competencial y remitió los autos del juicio de amparo 690/2023-VI de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para que resuelva lo que en derecho corresponda. En ese sentido, este Juzgado toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante y queda en espera de la determinación que en su oportunidad dicte la Superioridad.

  2. Principal

    V. Intégrese al expediente electrónico y físico el oficio con firma electrónica de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual comunica el proveído de veinte de junio del año en curso, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite el conflicto competencial 20/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer de la demanda, solicita que se autorice la vinculación del expediente electrónico del presente asunto. Este Juzgado toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante y queda en espera de la determinación que en su oportunidad dicte la Superioridad. Por otro lado, como lo solicita el Tribunal oficiante se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita a fin de que vincule el presente asunto al conflicto de mérito, a través de la herramienta "vincular a otro órgano" con la finalidad de que esté disponible para su consulta.

  3. Principal

    V. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al cual adjuntó el juicio de amparo 690/2023-VI de su índice; del cual se advierte que por determinación de cinco de junio de este año, el órgano jurisdiccional de su adscripción se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda. Se ordena formar el expediente electrónico e impreso y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 901/2023-V. Se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con base en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, y del íntegro estudio de la citada demanda se fijan como actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión, presentación, detención y/o cualquiera orden que tenga como finalidad la privación de la libertad, dictada en su contra; y, su ejecución. La resolución o acuerdo por el que se haya decretado el aseguramiento de las cuentas bancarias *** de la institución bancaria "BBVA", *** de la institución bancaria "HSBC" y *** de Cetes Directo; así como su falta de notificación. Ahora, la Juez declinante sostiene que no es competente para conocer del juicio de amparo, respecto al acto reclamado identificado en el inciso a), relativo a la orden de aprehensión, presentación y/o detención, porque se atribuyó, en su calidad de autoridades ordenadoras, a diversos Jueces de Distrito Especializados en el Sistema penal Acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; por lo tanto, la regla competencial aplicable era la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, relativa a que cuando en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Agregó, que esa regla de excepción era aplicable al caso, con independencia de si el acto reclamado tenía ejecución material o no, ya que esa circunstancia no era determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito. Por ello, dijo que era evidente que la competencia para conocer del juicio surtía en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, al ser quien tiene jurisdicción en el lugar en que residen los Jueces de Distrito a quienes se les atribuye las orden de privación de la libertad reclamadas, con independencia del lugar donde deba tener ejecución. Asimismo, consideró que por lo que hace a los restantes actos éstos estaban íntimamente relacionados con la orden de aprehensión, presentación y/o detención reclamada, de ahí que también su conocimiento corresponde al Juzgado que conozca de dicho acto. Sentado lo anterior, este juzgado no comparte el criterio tomado por la juez declinante. Por tanto, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclame en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, de ahí que baste que se señale autoridades responsables que no tengan ese carácter -de jueces de distrito-, para no tener por colmado dicho criterio. Sentado lo anterior, se considera que la regla especial prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, no resulta aplicable al caso, puesto que el acto reclamado en el presente instancia constitucional consistente en la orden de aprehensión, presentación, detención y/o cualquiera orden que tenga como finalidad la privación de su libertad, dictada en su contra, no sólo es reclamada a los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio *** en Funciones de Jueces de Control, sino que también es reprochada al Titular de la Fiscalía General de la República; Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada; Titular de la Agencia de Investigación Criminal; Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; y, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Por ello, se considera que la regla en comento no es aplicable al caso, dado que su procedencia se limita a que sea señalado como autoridad responsable un Juzgado de Distrito, lo que no aconteció porque se señalaron diversas autoridades responsables que no tienen esa calidad de Juzgador Federal. Tampoco, justificó el Juez de Distrito declinante que los Jueces de Distrito señalados como responsable, tengan la misma especialización que este Juzgado de Distrito, en tanto, que corresponden a autoridades del orden penal, procedimientos de los cuales no son del conocimiento del este Juzgado de Distrito. Sin que dicha regla especial haga distinción respecto a autoridades ordenadores y ejecutoras, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia, considerar lo contrario, contravendría precisamente lo establecido en el numeral en comento, en tanto, que no provee esa circunstancia para su actualización, porque, se insiste, sólo es necesario que se haya señalado como responsable a un Juez de Distrito. Por ende, si en el particular, el acto reclamado fue atribuido a Jueces de Distrito, que no tienen la misma especialización que esta Potestad Federal y a otras autoridades responsables que no tienen esa calidad (de Juez de Distrito), la regla prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, no es aplicable. Esto, porque como quedó de manifiesto existe una regla especial cuando es señalado como autoridad responsable un juez de distrito y otras reglas generales, al resto de las autoridades responsables, en tanto, que en el presente asunto son aplicables las segundas, porque se insiste, no solo fue señalado como responsable un Juez de Distrito, sino que se designaron con ese carácter (de responsable) diversas autoridades, ni se acreditó que dichos jueces responsables sean de la misma especialización que esta potestad federal. Sin que sea óbice a la determinación anterior, que el Juzgado declinante remita copia de la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial 5/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; pues, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 217 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito considera que la determinación en comento no se trata de un criterio vinculante, sino únicamente orientador, y el sentido de la presente determinación, no contraviene, de forma alguna, la citada resolución, en tanto, que son diversos los motivos que aquí se sostienen para no aceptar la competencia declinada. Además, contrario a lo referido por el juez declinante hasta este momento no existe constancia alguna que acredite que los diversos actos reclamados identificados en los incisos b) y c), deriven o se encuentren íntimamente relacionados con la orden de aprehensión, presentación y/o detención reclamada; por tanto, tampoco se acepta la competencia por lo que a ellos se refiere. Asimismo, debe decirse que contrario a lo sostenido por el juez declinante, a criterio de este Juzgador, en el caso resulta aplicable la regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, el elemento a considerar para fijar la competencia de los Jueces de Distrito es la ejecución del acto reclamado. Dado, la orden de aprehensión, presentación y/o detención, así como el aseguramiento de cuentas bancarias, tienen ejecución material, la primera, en el domicilio donde bajo protesta de decir verdad manifieste se va materializar, mientras que la segunda, en el lugar donde fueron aperturadas. Pues la diferencia que existe entre los supuestos de competencia, el previsto en el artículo 37, último párrafo, y el establecido en el precepto 38, ambos de la Ley de Amparo, radica en que en el primero de ellos, el elemento a considerar para fijar la competencia de los Jueces de Distrito es la ejecución del acto reclamado. Mientras que el supuesto que prevé el artículo citado en segundo término, el elemento a considerar para fijar la competencia es que la autoridad responsable en el juicio de amparo sea un Juez de Distrito, lo que como quedó demostrado, no aconteció. En las apuntadas condiciones, como se adelantó, no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver el juicio de amparo 690/2023-VI, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. DOMICILIO. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuarios *** Asimismo, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado Federal a fin de que las notificaciones de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen a la parte quejosa de manera electrónica, a través del usuario *** Se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita a fin de que aperture de los campos necesarios para el efecto referido en los puntos precedentes. No ha lugar a tener por designado el domicilio físico que refirió la quejosa en el proemio de su demanda, pues en el caso. solicitó de manera optativa autorización para que el trámite del presente juicio se lleve a cabo a través del esquema en línea y, para tal efecto, proporcionó usuario ***; por lo tanto, se considera pertinente privilegiar el juicio en línea. No ha lugar a tener por designado como domicilio el correo electrónico que señala la peticionaria del amparo, pues la Ley de Amparo no prevé dicho medio para tal efecto; sin embargo, se tiene por señalado únicamente para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a **** quien cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo cual, no acontece respecto de los diversos profesionistas que refiere el quejoso, por lo tanto, téngase por autorizados en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS. A partir de esta fecha se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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