Carlos Paul Teyssier Dominguez

Expediente 1229/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1229/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Carlos Paul Teyssier Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído dictado en autos con el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEYÓ en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo antes citado; por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte final del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se emitió determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico como representante del Gobernador del Estado, de donde se advierte la actualización de un motivo de sobreseimiento en el juicio. Ahora bien, la suscrita juzgadora estima que con relación al acuerdo impugnado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado (hipótesis que acontece), o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 917637, página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Dela interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni lo surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, tratándose de amparo contra leyes, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que a efecto d verificar si se actualiza la citada causa de improcedencia es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, si las normas produjeron consecuencias durante el periodo en que estuvieron vigentes. Lo anterior, porque las normas prohibitivas sólo prevalecen durante la vigencia de la ley, de modo que al transcurrir su período de vigencia, cesan sus efectos prohibitivos, permitiendo que el gobernado actúe. En el caso, el acuerdo impugnado, a la letra dice: "...Acuerdo SSY 04/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán. Artículo único. Se reforma: el párrafo primero de la fracción IV del artículo 2; y se adiciona: el inciso c) a la fracción IV del artículo 2; ambos del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. Se limita la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal. La Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 275-M de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, coadyuvará en la vigilancia del cumplimiento de esta medida de seguridad sanitaria, en coordinación con la autoridad sanitaria estatal. En las vías públicas de jurisdicción estatal y en aquellas de jurisdicción federal o municipal transferidas al Poder Ejecutivo del estado, en términos del artículo 4 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se disponen las modalidades de limitación a la circulación de vehículos, de conformidad con lo siguiente: a) y b). c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas, excepto en las vías que se encuentren en las localidades de Santa Clara, municipio de Dzidzantún; Sisal, municipio de Hunucmá; San Crisanto, municipio de Sinanché; El Cuyo, municipio de Tizimín; y Chabihau, municipio de Yobaín; así como en el territorio de los municipios de Celestún, Dzemul, Dzilam de Bravo, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe y Telchac Puerto, en las cuales la restricción de la circulación vehicular comprenderá desde las veintiún horas hasta las cinco horas. Quedan exceptuados de la disposición anterior: 1. Los vehículos que trasladen a pacientes que requieran atención médica de urgencia, así como los que se utilicen para la adquisición de medicinas. 2. Los vehículos en que se traslade el personal de salud, debidamente identificado, que pertenezca al área médica, en cualquiera de sus especialidades, paramédica, administrativa o de apoyo. 3. Los vehículos en que se traslade el personal de instituciones de procuración o administración de justicia, debidamente identificado. 4. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de entrega de medicinas a domicilio. 5. Los vehículos dedicados a la prestación de servicios funerarios. 6. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga para el suministro de las actividades esenciales diferentes a tiendas de autoservicio, cuyo suministro deberá efectuarse dentro del horario comprendido entre las cinco horas y las veintidós horas con treinta minutos. 7. Los vehículos utilizados por el personal de los medios de comunicación con el objeto de cumplir con su trabajo de cobertura, operación y producción. 8. Los vehículos dedicados a la prestación de los servicios públicos de limpieza, energía eléctrica, telecomunicaciones y recolección de basura. 9. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga cuyo ingreso y circulación en el territorio del estado sea ininterrumpido hasta su egreso de este. 10. Los vehículos de los prestadores del servicio de seguridad privada con registro vigente, autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo transitorio Único. Entrada en vigor Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 15 de julio de 2020. ( RÚBRICA ) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Como se puede observar, la norma en comento establece restricciones de circulación a los vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal, exceptuando las vías y supuestos que se precisan, a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. Luego, el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo SSY 06/2020, por el que se modifica el acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus Sars-Cov-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán. Acuerdo que establece lo siguiente: "Artículo único. Se reforma: el párrafo primero del inciso c) de la fracción IV del artículo 2 del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. . a) y b) . c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintitrés horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. . 1. al 10. . Artículo transitorio Único. Entrada en vigor. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 16 de septiembre de 2020. ( RÚBRICA ) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Establecido lo anterior, conviene retomar que el quejoso reclama el Acuerdo SSY/04/2020, con motivo de su aplicación. En relación a ello, debe decirse que los preceptos a los que se hace alusión contienen restricciones de circulación a los vehículos, independientemente de su uso. Por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que las disposiciones aludidas dejaron de surtir sus efectos el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, al haber entrado en vigor el día siguiente, el Acuerdo SSY/06/2020. De lo anterior, se colige que si el Acuerdo SSY/04/2020, ya no se encuentra vigente y si en autos no se encuentra acreditado que las disposiciones reclamadas, que estuvieron vigentes del diecisiete de julio de dos mil veinte al dieciséis de septiembre de dos mil veinte, produjeran sus consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicadas por la parte quejosa, derivado de su obligación de respetar los horarios de circulación a que aluden, en el caso, una eventual concesión de amparo en contra de los actos reclamados carecería de efectos. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J. 51/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, con registro 198400, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189). Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión." Y la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 10, del Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197244, que indica: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo." En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Téngase como su correó electrónico javier.vazqueza@yucatan.gob.mx y como su teléfono móvil el 9991 69 95 23. En cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a *****, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Gobernador Constitucional, así como del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el tercer considerando de este incidente.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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