Carlos Patiño Navarro

Expediente 1123/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1123/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2016

Partes del expediente

  • Carlos Patiño Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    HA QUEDADO FIRME el proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual, se ordenó desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN Y/O PROVEÍDO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1123/2016-G, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, tomando en consideración que la parte quejosa reclama esencialmente la resolución de siete de junio de dos mil dieciséis, pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 124/2015, por medio de la cual la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación hecho valer por la por la parte demandada en el juicio natural -aquí tercero interesado-, en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, mismo que declaró fundado, y como consecuencia dejó insubsistente el auto recurrido (esto es, se dejó sin efecto la prueba y el dictamen pericial ofrecido por la parte actora, aquí quejosa), ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como se indicó, en el juicio de amparo que nos ocupa, la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado la resolución de siete de junio de dos mil dieciséis, pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 124/2015, por medio de la cual la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación hecho valer por la por la parte demandada en el juicio natural -aquí tercero interesado-, en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, mismo que declaró fundado, y como consecuencia dejó insubsistente el auto recurrido (esto es, se dejó sin efecto la prueba y el dictamen pericial ofrecido por la parte actora, aquí quejosa. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. No obstante lo anterior, la actual Ley de Amparo, en la fracción V, del artículo 107, proporciona un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio de imposible reparación. En efecto, de la literalidad de dicho precepto legal, se obtiene que el legislador estableció como regla general, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la misma porción normativa, el legislador estableció una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107. Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se considera que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos considerados como de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, como se indicó, el acto reclamado consiste en la resolución de siete de junio de dos mil dieciséis, pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 124/2015, por medio de la cual la autoridad responsable declaró fundado el recurso de revocación hecho valer por la por la parte demandada, el cual constituye un acto procesal cuyas consecuencias solo tienen efectos dentro del procedimiento de origen, por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de los quejosos una ejecución de imposible reparación, en atención a que la posible afectación, puede desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable. Por consiguiente, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Luego, no concurren en la especie los supuestos de procedencia del juicio de amparo, ya que con el acto emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, no están de por medio violaciones materialmente inmediatas a derechos sustantivos, por lo que, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. De igual manera, este Juzgado de Distrito tiene con el carácter de representante común de los quejosos a Pablo Romero Galicia, por así haberlo solicitado expresamente.

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