Carlos Ovidio Orella Rodriguez

Expediente 80/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
80/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2017

Partes del expediente

  • Carlos Ovidio Orella Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, el escrito signado por *******, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado de Distrito, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, manifiesta que señala como acto reclamado la negativa de la autoridad responsable del ejercicio del derecho político a votar ante su negativa de tramitarle y expedirle la credencial de elector, así como la suspensión de sus derechos civiles de forma infundada y desmotivada, los cuales le atribuye al Instituto Nacional Electoral, por lo que únicamente se provee respecto de las autoridades que dependen del citado organismo. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Ovidio Orella Rodriguez, y escrito aclaratorio de demanda, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Delegado del Instituto Nacional Electoral, residente en esta ciudad. 2. Delegado del Instituto Nacional Electoral, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Los que hizo consistir en: La negativa de la autoridad responsable del ejercicio del derecho político a votar ante su negativa de tramitarle y expedirle la credencial de elector, así como la suspensión de sus derechos civiles de forma infundada y desmotivada. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." Lo anterior es así, pues el acto reclamado se hace consistir en la negativa de las autoridades responsables de tramitarle y expedirle la credencial de elector, así como la suspensión de sus derechos civiles de forma infundada y desmotivada, lo que lleva a la transgresión de actos de autoridad de índole electoral. De lo anterior se deduce que el acto combatido eventualmente podría transgredir los derechos políticos del promovente. Además, cabe resaltar que el orden jurídico no deja al gobernado en estado de indefensión ante actos que estima violatorios, pues tiene la posibilidad de interponer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio en el que impugne la violación de sus derechos políticos- electorales. En ese orden de ideas, al constituirse los actos que se combaten como violación de derechos electorales, que pueden ser combatidos en un juicio ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, resulta que la causa de improcedencia que se analiza, es notoria y manifiesta, pues el acto que se reclama no afecta derechos humanos, sino en todo caso, derechos políticos, respecto de los cuales no procede el juicio de garantías, sino un diverso medio de defensa. A mayor abundamiento cabe señalar que lo anterior, basa su idea en el principio de especialización de las normas; esto es así, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituyó en sus artículos 103 y 107 el juicio de garantías, como un medio extraordinario que tienen los gobernados para reclamar actos de autoridad, que estiman lesivos de sus garantías individuales; lo que pone de manifiesto por regla general, que dicho juicio Constitucional, únicamente procede contra actos de autoridad que infrinjan derechos subjetivos públicos, más no así, actos que constituyan cuestiones de índole político, que si bien se encuentran inmersos dentro del género de derechos humanos, es la propia Constitución Federal la que ha previsto diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos que involucren dichos tópicos. Es por ello, que en caso que nos ocupa, resulta dable concluir, que el presente juicio de amparo es del todo improcedente, ya que el promovente del asunto intenta defender por esta vía constitucional, derechos de índole político-electoral, que si bien, como ya se dijo, se encuentran inmersos dentro del género de derechos humanos, es la propia Constitución la que ha establecido los procedimientos jurisdiccionales especiales que salvaguardan dichos tópicos; por lo que con apego al principio de especialización de las normas, son dichos medios los procedentes para su salvaguarda y no así el juicio de amparo que tiene como objeto la protección de actos que infrinjan derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.15º.A.41 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2341, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS POLÍTICOS. REGLAS PARA DETERMINAR EN QUÉ SUPUESTOS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS QUE IMPLIQUEN UNA VIOLACIÓN A ESE TIPO DE PRERROGATIVAS.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra diversos derechos fundamentales en favor de los gobernados, entre los que destacan las garantías individuales y los derechos políticos, ambos inmersos dentro del género de los derechos humanos, que han sido definidos por la doctrina como el conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. Al respecto, los artículos 35 y 41 de la Carta Magna prevén los siguientes derechos de carácter político: votar en elecciones populares; ser votado para todos los cargos en los mencionados sufragios; derecho de asociación y de afiliación; de lo que se infiere que esos privilegios tienen como nota distintiva facultar a los ciudadanos para participar en la integración y ejercicio de los poderes públicos y, en general, en las decisiones de la comunidad. Sobre tales premisas, es necesario tener en consideración que el juicio de garantías fue instituido en los artículos 103 y 107 constitucionales, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales; lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos; aunque criterios jurisprudenciales existen en los que se ha establecido que en el aludido juicio también pueden impugnarse cuestiones que tienen una connotación eminentemente política, acotándose tales posturas a que conjuntamente con los derechos políticos, se aleguen transgresiones a garantías individuales. En la actualidad, esos criterios no son útiles para determinar cuándo procede el juicio de amparo, en virtud de que ahora la Constitución Federal prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, ya que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia; en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal, estatal y del Distrito Federal, así como a las acciones de inconstitucionalidad como la única vía para impugnar leyes del orden político electoral. Por tanto, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen violaciones a garantías individuales y a derechos políticos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues en la actualidad, las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional; de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos impugnados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto impugnado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente." Así como, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 323, con número de registro 162431, que al rubro y texto rezan: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal.". A partir de lo anterior se concluye que si bien el legislador, tratándose de la materia electoral, hizo referencia expresa a resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, lo relevante es que se pretendió excluir del control de regularidad efectuado a través del juicio de amparo, a cualquier acto vinculado con la materia electoral. De ahí que, para efectos de la causa de improcedencia examinada, el punto medular estriba en si la conducta que se reclama es de una autoridad competente en materia electoral y, por ende, incide en esta materia. En tal contexto, no está a debate la naturaleza de autoridades electorales de los Delegados del Instituto Nacional Electoral, residentes en esta ciudad y en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Además, la negativa que se le atribuye es relativa al trámite de expedición de la credencial para votar del quejoso, así como la suspensión de sus derechos civiles. Precisado lo anterior, resulta evidente que como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XV, del ordenamiento legal en cita. No obsta a lo anterior que podría entenderse que la negativa atribuida a las autoridades responsables pudiese violar sus derechos fundamentales, pues debe dilucidarse entonces, si por lo que hace al acto reclamado se actualiza una excepción a la hipótesis de improcedencia relativa a la impugnación de actos en materia electoral. Para dar solución a este tema resulta necesario traer a colación el contenido de la tesis aislada P. II/2007, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, registro 173575, página 103, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano". Del criterio transcrito se obtiene que el alto tribunal ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de amparo. Sin embargo, también estableció que dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control de la constitucionalidad se combate la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden exclusivamente sobre cuestiones electorales. Lo anterior, en virtud de que cuando el ejercicio de los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, el examen de los actos de autoridad que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y su participación en esos procesos, no puede efectuarse a través del juicio de amparo. Concluyendo que el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el procedimiento electoral impugnado viola otros derechos fundamentales, como el de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hace procedente tal medio de control de la constitucionalidad, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema de justicia electoral mexicano. Del criterio expuesto se colige que lo objetivamente relevante para determinar la actualización del supuesto de excepción al que se hizo referencia, consiste en que el tema a analizar verse únicamente sobre la transgresión a derechos constitucionales, sin que esté inmiscuida de algún modo la materia electoral, pues, en tal supuesto, la violación debe combatirse a través del sistema judicial de tutela de derechos de esa naturaleza, como en la especie. Hipótesis de excepción que, en el caso concreto, no se actualiza, pues el inconforme se duele de la negativa de la autoridad responsable de expedirle su credencial para votar. En ese sentido, al no poder desvincularse las negativas atribuidas a las autoridades señaladas como responsables que reclamó el inconforme, del contexto del que deriva, esto es, la defensa de derechos político-electorales, es inconcuso que su examen no es factible mediante el juicio de amparo conforme al criterio aislado transcrito. Máxime si se tiene en cuenta que con ello no se deja en estado de indefensión al quejoso porque a través de los medios de defensa relativos al sistema de tutela de derechos electorales, es viable el análisis del acto combatido, a la luz de la posible transgresión de derechos constitucionales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, el escrito signado por *******, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado de Distrito, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, manifiesta que señala como acto reclamado la negativa de la autoridad responsable del ejercicio del derecho político a votar ante su negativa de tramitarle y expedirle la credencial de elector, así como la suspensión de sus derechos civiles de forma infundada y desmotivada, los cuales le atribuye al Instituto Nacional Electoral, por lo que únicamente se provee respecto de las autoridades que dependen del citado organismo. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Ovidio Orella Rodriguez, y escrito aclaratorio de demanda, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Delegado del Instituto Nacional Electoral, residente en esta ciudad. 2. Delegado del Instituto Nacional Electoral, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Los que hizo consistir en: La negativa de la autoridad responsable del ejercicio del derecho político a votar ante su negativa de tramitarle y expedirle la credencial de elector, así como la suspensión de sus derechos civiles de forma infundada y desmotivada. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." Lo anterior es así, pues el acto reclamado se hace consistir en la negativa de las autoridades responsables de tramitarle y expedirle la credencial de elector, así como la suspensión de sus derechos civiles de forma infundada y desmotivada, lo que lleva a la transgresión de actos de autoridad de índole electoral. De lo anterior se deduce que el acto combatido eventualmente podría transgredir los derechos políticos del promovente. Además, cabe resaltar que el orden jurídico no deja al gobernado en estado de indefensión ante actos que estima violatorios, pues tiene la posibilidad de interponer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio en el que impugne la violación de sus derechos políticos- electorales. En ese orden de ideas, al constituirse los actos que se combaten como violación de derechos electorales, que pueden ser combatidos en un juicio ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, resulta que la causa de improcedencia que se analiza, es notoria y manifiesta, pues el acto que se reclama no afecta derechos humanos, sino en todo caso, derechos políticos, respecto de los cuales no procede el juicio de garantías, sino un diverso medio de defensa. A mayor abundamiento cabe señalar que lo anterior, basa su idea en el principio de especialización de las normas; esto es así, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituyó en sus artículos 103 y 107 el juicio de garantías, como un medio extraordinario que tienen los gobernados para reclamar actos de autoridad, que estiman lesivos de sus garantías individuales; lo que pone de manifiesto por regla general, que dicho juicio Constitucional, únicamente procede contra actos de autoridad que infrinjan derechos subjetivos públicos, más no así, actos que constituyan cuestiones de índole político, que si bien se encuentran inmersos dentro del género de derechos humanos, es la propia Constitución Federal la que ha previsto diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos que involucren dichos tópicos. Es por ello, que en caso que nos ocupa, resulta dable concluir, que el presente juicio de amparo es del todo improcedente, ya que el promovente del asunto intenta defender por esta vía constitucional, derechos de índole político-electoral, que si bien, como ya se dijo, se encuentran inmersos dentro del género de derechos humanos, es la propia Constitución la que ha establecido los procedimientos jurisdiccionales especiales que salvaguardan dichos tópicos; por lo que con apego al principio de especialización de las normas, son dichos medios los procedentes para su salvaguarda y no así el juicio de amparo que tiene como objeto la protección de actos que infrinjan derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.15º.A.41 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2341, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS POLÍTICOS. REGLAS PARA DETERMINAR EN QUÉ SUPUESTOS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS QUE IMPLIQUEN UNA VIOLACIÓN A ESE TIPO DE PRERROGATIVAS.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra diversos derechos fundamentales en favor de los gobernados, entre los que destacan las garantías individuales y los derechos políticos, ambos inmersos dentro del género de los derechos humanos, que han sido definidos por la doctrina como el conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. Al respecto, los artículos 35 y 41 de la Carta Magna prevén los siguientes derechos de carácter político: votar en elecciones populares; ser votado para todos los cargos en los mencionados sufragios; derecho de asociación y de afiliación; de lo que se infiere que esos privilegios tienen como nota distintiva facultar a los ciudadanos para participar en la integración y ejercicio de los poderes públicos y, en general, en las decisiones de la comunidad. Sobre tales premisas, es necesario tener en consideración que el juicio de garantías fue instituido en los artículos 103 y 107 constitucionales, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales; lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos; aunque criterios jurisprudenciales existen en los que se ha establecido que en el aludido juicio también pueden impugnarse cuestiones que tienen una connotación eminentemente política, acotándose tales posturas a que conjuntamente con los derechos políticos, se aleguen transgresiones a garantías individuales. En la actualidad, esos criterios no son útiles para determinar cuándo procede el juicio de amparo, en virtud de que ahora la Constitución Federal prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, ya que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia; en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal, estatal y del Distrito Federal, así como a las acciones de inconstitucionalidad como la única vía para impugnar leyes del orden político electoral. Por tanto, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen violaciones a garantías individuales y a derechos políticos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues en la actualidad, las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional; de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos impugnados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto impugnado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente." Así como, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 323, con número de registro 162431, que al rubro y texto rezan: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal.". A partir de lo anterior se concluye que si bien el legislador, tratándose de la materia electoral, hizo referencia expresa a resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, lo relevante es que se pretendió excluir del control de regularidad efectuado a través del juicio de amparo, a cualquier acto vinculado con la materia electoral. De ahí que, para efectos de la causa de improcedencia examinada, el punto medular estriba en si la conducta que se reclama es de una autoridad competente en materia electoral y, por ende, incide en esta materia. En tal contexto, no está a debate la naturaleza de autoridades electorales de los Delegados del Instituto Nacional Electoral, residentes en esta ciudad y en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Además, la negativa que se le atribuye es relativa al trámite de expedición de la credencial para votar del quejoso, así como la suspensión de sus derechos civiles. Precisado lo anterior, resulta evidente que como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XV, del ordenamiento legal en cita. No obsta a lo anterior que podría entenderse que la negativa atribuida a las autoridades responsables pudiese violar sus derechos fundamentales, pues debe dilucidarse entonces, si por lo que hace al acto reclamado se actualiza una excepción a la hipótesis de improcedencia relativa a la impugnación de actos en materia electoral. Para dar solución a este tema resulta necesario traer a colación el contenido de la tesis aislada P. II/2007, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, registro 173575, página 103, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano". Del criterio transcrito se obtiene que el alto tribunal ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de amparo. Sin embargo, también estableció que dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control de la constitucionalidad se combate la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden exclusivamente sobre cuestiones electorales. Lo anterior, en virtud de que cuando el ejercicio de los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, el examen de los actos de autoridad que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y su participación en esos procesos, no puede efectuarse a través del juicio de amparo. Concluyendo que el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el procedimiento electoral impugnado viola otros derechos fundamentales, como el de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hace procedente tal medio de control de la constitucionalidad, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema de justicia electoral mexicano. Del criterio expuesto se colige que lo objetivamente relevante para determinar la actualización del supuesto de excepción al que se hizo referencia, consiste en que el tema a analizar verse únicamente sobre la transgresión a derechos constitucionales, sin que esté inmiscuida de algún modo la materia electoral, pues, en tal supuesto, la violación debe combatirse a través del sistema judicial de tutela de derechos de esa naturaleza, como en la especie. Hipótesis de excepción que, en el caso concreto, no se actualiza, pues el inconforme se duele de la negativa de la autoridad responsable de expedirle su credencial para votar. En ese sentido, al no poder desvincularse las negativas atribuidas a las autoridades señaladas como responsables que reclamó el inconforme, del contexto del que deriva, esto es, la defensa de derechos político-electorales, es inconcuso que su examen no es factible mediante el juicio de amparo conforme al criterio aislado transcrito. Máxime si se tiene en cuenta que con ello no se deja en estado de indefensión al quejoso porque a través de los medios de defensa relativos al sistema de tutela de derechos electorales, es viable el análisis del acto combatido, a la luz de la posible transgresión de derechos constitucionales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente".

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por ******************, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero del Ramo Penal, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 2. Juez Segundo del Ramo Penal, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 3. Delegado del Instituto Nacional Electoral, residente en esta ciudad. 4. Delegado del Instituto Nacional Electoral, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 80/2016-4-A. PREVENCIÓN Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación: a) Exprese de manera clara y específica el acto o actos que le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables; es decir, precise si únicamente reclama la 1) "Negativa de la autoridad responsable del ejercicio del Derecho Político a votar ante su negativa de tramitarme y expedirme la Credencial de elector del suscrito"; o si también es su deseo señalar 2) la orden de aprehensión o de detención y 3) la suspensión de sus derechos civiles. b) Manifestando bajo protesta de decir verdad, en el caso de que también señale como actos reclamados los señalados en los incisos 2) y 3), los antecedentes relativos al acto reclamado en cuestión, así como la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión o de detención, datos que se estiman necesarios para establecer el contexto de la actuación reclamada, máxime que para dar cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.A.100 K , sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Lo anterior, ya que en el escrito inicial de demanda, en el capítulo respectivo a los "ACTOS RECLAMADOS", señaló como tal el siguiente: "Negativa de la autoridad responsable del ejercicio del Derecho Político a votar ante su negativa de tramitarme y expedirme la Credencial de elector del suscrito" Por otra parte, en el apartado relativo a "CONCEPTO DE VIOLACIÓN" refirió lo siguiente: "Se viola en mí contra el derecho humano a la seguridad jurídica salvaguardados por los artículos 14 y 16 de la Constitución al pretender ejercitar orden de aprehensión o de detención en mi contra aun cuando soy inocente." Y en el capítulo de "ANTECEDENTES", dijo que: "Según tengo antecedentes penales y que por orden judicial suspendieron mis derechos civiles por tener antecedentes penales, mediante oficio girado a dicho instituto, al parecer por uno de los Juzgados Penales de Tapachula, el Primero o Segundo Penal, sin afirmarme cuál exactamente fueron, sin que dicho funcionario me fundara tal afirmación" En efecto, dichas circunstancias crean incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud el acto que reclama el quejoso, lo que resulta necesario precisarse para que las autoridades responsables rindan con claridad su informe de ley en relación con el acto efectivamente impugnado y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, el criterio sostenido por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX.57 K , cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Ahora bien, toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a **************, por no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente, así como a las restantes personas que cita por así haberse solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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