CARLOS OTTO MONTFORT MORA y Otros.

Expediente 511/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
511/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • CARLOS OTTO MONTFORT MORA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se negó la protección constitucional, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que esa resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que la responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 511/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo 511/2020, promovido por ... y ..., por conducto de su apoderado, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El cinco de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad mencionada, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Los reclamos se precisaron en los siguientes términos: "IV.-ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada por el C. Juez Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del expediente 179/2006 del juicio especial hipotecario, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha dos de marzo de dos mil veinte.". SEGUNDO. Admisión. El trece de octubre de dos mil veinte, fue admitida la demanda de amparo, otorgándole intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informe justificado y se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que el representante social no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este órgano judicial es competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del fuero común, con sede en la ciudad en la que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. La resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio especial hipotecario 179/2006, por el Juez Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del proveído de dos de marzo de dos mil veinte, en el cual no se acordó favorable la petición de cancelación de gravamen del inmueble hipotecado en autos. TERCERO. Existencia. La certeza de las actuaciones combatidas quedó acreditada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en sentido afirmativo. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente de origen remitidas, con valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del juicio de origen. 1. El veintitrés de febrero de dos mil seis, Banco ..., por conducto de sus apoderados, demandó en la vía especial hipotecaria a los aquí quejosos ... y ..., el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre ellos, así como el pago de lo adeudado. 2. El cinco de junio de dos mil seis, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró procedente el vencimiento anticipado del contrato de crédito descrito, y se condenó a la parte demandada al pago de $..., por concepto de suerte principal, más intereses ordinarios y moratorios, con apercibimiento que de no hacerlo se procedería al remate del bien inmueble hipotecado. 3. El dos de agosto de dos mil seis se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia. 4. El veintinueve de mayo de dos mil ocho se dictó interlocutoria de aprobación de remate del inmueble hipotecado ubicado en casa número ..., se ordenó proceder a la escrituración por venta a favor de la parte actora y se apercibió a la parte enjuiciada que en caso de no acudir ante el fedatario que designara su contraria, la Juez firmaría la escritura de adjudicación en su rebeldía. 5. De las actuaciones del juicio de origen se advierte que la parte actora celebró contrato de compraventa de inmuebles con la diversa empresa ..., por lo que en auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho se le reconoció la legitimación en juicio para actuar como parte actora. 6. Posteriormente, en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se reconoció la legitimación de ... como cesionaria de los derechos adjudicatarios de ... 7. En escrito de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la hoy tercera interesada ..., hizo del conocimiento del juez primigenio la cesión de derechos onerosos celebrado con ... , respecto del inmueble materia de adjudicación, así que en auto de treinta de mayo de esa anualidad se reconoció su legitimación para actuar en el procedimiento. 8. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la parte quejosa interpuso incidente de inejecución de sentencia, en el que reclamó la perdida de derecho de la accionante para ejecutar la sentencia definitiva de cinco de junio de dos mil seis, y como consecuencia la cancelación de inscripción de gravamen del inmueble hipotecado. 9. El catorce de marzo de dos mil diecinueve se resolvió dicho incidente en el que se declaró infundado. 10. En contra de esa determinación la enjuiciada planteó recurso de apelación que conoció la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el toca 650/2019, quien emtió resolución el tres de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se confirmó la interlocutoria. 11. Inconforme la parte demandada promovió amparo indirecto que se tramitó en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, con el número 632/2019, el cual se resolvió el siete de agosto de dos mil diecinueve, en el que otorgó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos. 12. En cumplimiento a la ejecutoria la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó resolución el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca 650/2019, en la cual revocó la interlocutoria apelada para quedar en los términos siguientes: "PRIMERO.- Se declara procedente el incidente denominado inejecución de sentencia de remate de fecha veintinueve de mayo del año dos mil ocho, promovido por la parte demandada. SEGUNDO.-Se declara la prescripción del derecho consignado en la sentencia de remate de fecha veintinueve de mayo del año dos mil ocho.". 13. En escrito de trece de enero de dos mil veinte, la parte enjuiciada solicitó que en cumplimiento a la resolución de cinco de septiembre de dos mil diecinueve se cancelara el gravamen inscrito en el inmueble hipotecado, con lo cual se dió vista a la actora, quien al no manifestarse al respecto y ante nueva solicitud se emitió el auto de dos de marzo de esa anualidad, que dice: ".... Agréguese a su expediente 179/2006, el escrito del apoderado legal de la parte demandada, sin lugar acordar de conformidad lo solicitado, en atención a que si bien es cierto la SEXTA SALA CIVIL DE ESTE TRIBUNAL, mediante resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, estableció procedente el incidente denominado inejecución de sentencia de remate de fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho, promovido por la parte demandada, y además declaró la prescripción del derecho consignado en la sentencia de remate de fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho, también lo es que ese pronunciamiento solo se constriñe a que prescribió el derecho consignado en la sentencia de remate, es decir en la adjudicación y escrituración que ahí se estableció, por lo anterior es ajeno a que la parte demandada en escrito de veintinueve de mayo, solicita la cancelación del gravamen hipotecario, figura jurídica que es diferente a la naturaleza de la acción reclamada por la parte actora en el escrito inicial, por ello se dejan a salvo los derechos de la parte demandada, para que los haga valer en la vía y forma que corresponde, ya que de conformidad por lo dispuesto en el artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles, se tramitara la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice, luego se insiste de la lectura del escrito inicial no se advierte la mencionada prestación de cancelación de hipoteca, visible a fojas 69 a la 79, se aprecia tal reclamo, por lo que su petición no se acuerda de conformidad y como ya se dijo se dejan a salvo sus derechos, para que los haga valer en la vía forma que corresponda.(.).". 14. Inconforme con dicha determinación la quejosa interpuso recurso de revocación el cual se admitió a trámite y en resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, el juez de origen lo declaró infundado, por lo que confirmó el proveído impugnado. Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa sostiene lo siguiente. El acto reclamado contraviene los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, porque la autoridad responsable aplicó inexactamente los diversos 2941, fracción II y 3033, fracción II, del Código Civil para la Ciudad de México, transgrediendo el principio de congruencia, al confirmar el auto impugnado sin entrar al estudio de los agravios hechos valer, al no llevar a cabo un estudio exhaustivo de todas las constancias procesales, de ahí que dejó de observar lo establecido en el artículo 1429 fracción II del Código Civil para la Ciudad de México, lo que además se traduce en una violación al principio de congruencia y exhaustividad. Esto es, la extinción del derecho sustantivo que tenía el ejecutante consagrado en la sentencia que aprobó el remate del bien inmueble que servía de garantía se actualizó en la etapa de ejecución de sentencia, no así para demandar a los deudores por su incumplimiento, cuestión que es la que prevé la tesis aislada con la que el juez de origen justificó su determinación, la cual no resulta aplicable al caso en concreto, así toda vez que quedó extinto el derecho que tenía el ejecutante para escriturar a su favor el bien que servía de garantía del crédito hipotecario, puede decirse que también quedó extinto el derecho inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lo anterior, toda vez que la responsable es incongruente al sostener que la acción intentada relativa a la extinción del gravamen sobre el inmueble hipotecado tiene sustento en la fracción VII del artículo 2941 del Código Civil para la Ciudad de México, siendo que dicha acción se pretendió en términos de la fracción II del precepto jurídico en comento, que establece que la cancelación del gravamen hipotecario es procedente cuando se extingue la obligación a que sirvió de garantía y si en este negocio ya no existe obligación para garantizar, es viable la petición de cancelación, lo que se desprende del escrito de incidente de ocho de febrero de dos mil diecinueve. Los conceptos de violación resultan infundados. En el acto reclamado se determinó que el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa es infundado y confirmó el auto impugnado, al tenor de las siguientes consideraciones: - Analizadas las constancias procesales se determina que el auto impugnado no es susceptible de ser combatido a través del recurso de revocación hecho valer en autos, en términos del artículo 684 del Código de Procedimientos de Civiles, toda vez que establece que únicamente los decretos o autos de mero trámite que no son apelables, pueden ser revocados por el juez que los dictó, de ahí que el auto sujeto a revisión no constituye un decretó o un auto de mero trámite dado que tiene por practicada una certificación, estimándose que el recurso interpuesto, es el idóneo para la modificación del auto combatido para lo cual este juzgado hace suyo el criterio jurisprudencia de rubro "RECURSO. SISTEMA DE PRIOCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.". -Bajo esa consideración, se tiene que la recurrente combate el auto de dos de marzo de dos mil veinte; por lo que atendiendo a las constancias procesales, a las que se les concede pleno valor probatorio, atento a lo dispuesto por el artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles, se tiene que dicho auto no puede ser considerado de mero de trámite, dado se negó la petición por medio de la cual se solicitó la cancelación de gravamen hipotecario. -Sin embargo, para efectos de exhaustividad, debe decirse que, no le asiste la razón a los promoventes para que por este medio se solicite la cancelación del gravamen hipotecario, ello en virtud de que si bien es cierto, se declaró la prescripción del derecho consignado en la sentencia de remate de veintinueve de mayo de dos mil ocho y además la prescripción de la sentencia de remate, no menos lo es que dicho pronunciamiento solo se constriñe a que prescribió el derecho consignado en la sentencia de remate, es decir, la adjudicación y escrituración como quedó ahí establecido, pero lo anterior, es ajeno a la pretensión de cancelación de gravamen hipotecario dado que dicha figura es de naturaleza jurídica diversa. -En ese orden, debe decirse que para que sea procedente la acción intentada por el deudor hipotecario, relativa a la extinción del gravamen real que constituyó sobre su patrimonio inmobiliario, sustentando su pretensión en la prescripción de la acción hipotecaria en términos del artículo 2941, fracción VII, del Código Civil Federal, resulta indispensable que exista declaración previa de que la acción hipotecaria que surge de esa garantía esta prescrita, pues de lo contrario no habría lugar a que la autoridad se pronunciará en relación con la cancelación del gravamen de mérito, si antes no lo ha hecho en lo que se refiere a la acción que del mismo deriva. -Lo anterior, es diverso a lo que ahora compete dado que únicamente se declaró la prescripción de la ejecución de sentencia, más no así de la acción hipotecaria, lo cual en su caso deberá efectuarse en vía diversa mediante una acción destacada, para lo cual hace suyo el criterio con el rubro: "VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. ES LA PROCEDENTE PARA RECLAMAR LA EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA, CONFORME AL ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.". -Derivado de lo anterior, la actuación combatida deberá declararse firme e intocada para todos los efectos legales procedentes. Decisión: Los conceptos de violación son infundados. Conforme a los principios de congruencia y exhaustividad, todas las sentencias, además de ser coherentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, a lo que se le denomina congruencia interna, también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada, a lo que se le denomina congruencia externa. Lo anterior, refleja el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué de la decisión, estableciendo los motivos lógico-jurídicos, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se contempla en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dispone: "Artículo 81.-Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.": Lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Así lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.": En el particular, de la resolución impugnada se advierte que el juez responsable se pronunció de manera clara, precisa y puntual, respecto de los agravios que hizo valer la parte quejosa relativos a que el auto impugnado, contravenía el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, porque el Juez señaló las consideraciones sobre las cuales arribó a la conclusión de que no le asiste la razón a los promoventes para que por ese medio se solicitara la cancelación del gravamen hipotecario, toda vez que si bien es cierto, se declaró la prescripción del derecho consignado en la sentencia de remate de veintinueve de mayo de dos mil ocho y además la prescripción de la sentencia de remate, no menos lo es que, dicho pronunciamiento solo se constriñe a que prescribió el derecho consignado en dicha sentencia, es decir, la adjudicación y escrituración como quedó ahí establecido, lo cual era ajeno a la pretensión de cancelación del gravamen hipotecario dado que dicha figura es de naturaleza jurídica diversa. De igual manera explicó que para que sea procedente la acción intentada por el deudor hipotecario, relativa a la extinción del gravamen real que constituyó sobre su patrimonio inmobiliario, sustentando su pretensión en la prescripción de la acción hipotecaria en términos del artículo 2941, fracción VII, del Código Civil Federal, resulta indispensable que exista declaración previa de que la acción hipotecaria que surge de esa garantía esta prescrita, pues de lo contrario no habría lugar a que se pronunciará en relación con la cancelación de gravamen de mérito, si antes no lo ha hecho en lo que se refiere a la acción que del mismo deriva. Así, contrario a lo aducido por la accionante de amparo, la resolución reclamada sí fue emitida con apego a los principios de exhaustividad, congruencia e imparcialidad, pues quedó evidenciado que el juez responsable analizó y resolvió la totalidad de la litis expuesta a su jurisdicción, emitiendo los argumentos para motivar su decisión; por lo que no se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad que alega la quejosa. Por otro lado, en cuanto a los motivos de disenso que inciden en el fondo de su petición, (mismos que se examinan de forma conjunta en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo), este Juzgado de Distrito considera que la decisión desestimatoria de la autoridad de origen se apega a los parámetros de legalidad y debido proceso, reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ello es así, porque la cancelación de hipoteca que pretende el ejecutado, debe seguir el trámite correspondiente en que se observen las formalidades esenciales del procedimiento y se dé participación a los demás vinculados a la causa, pues la ley procesal contempla una vía especial para tal fin, conforme al artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. De ahí que no pueda, válidamente, pedirse esa cancelación como consecuencia de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve que declaró procedencia la inejecución de la sentencia de remate, pues lo cierto es que esa disposición no se contempla expresamente en los resolutivos de dicho fallo; de modo que para decidir sobre la declaración que pretende la parte quejosa, debe darse la oportunidad a que las demás partes sean oídas y vencidas para que de esa forma el pronunciamiento goce de la validez constitucional que requiere, ya que las condiciones de la declaratoria de inejecución del remate, no avalan cancelar la hipoteca, solo como vía de consecuencia, pues ello no se impone expresamente. Lo anterior obedece, a que la posterior fase procesal relacionada a la eficacia de las sentencias que reconoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial 1a./J. 103/2017 (10a.) tiene como presupuesto necesario que la resolución que pretende instrumentalizarse contenga precisamente el derecho que se detenta; de lo contrario, se fomentaría la arbitrariedad de ejecutar respecto de aquello que no se tiene plena y expresamente reconocido. Por ello, para ejecutar un derecho, primero debe ser una verdad jurídica reconocida; y para el caso de la ejecución de sentencia, esa instrumentación debe ser acorde a la cosa juzgada, que no puede ser rebasada al momento de su instrumentación. Al efecto se cita por analogía, la jurisprudencia I.11o.C. J/10 de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, en Materia(s): Común, Página: 2381, que dispone: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio.". En estas condiciones, lo que invoca la parte quejosa en términos de los artículos 2941, fracción II y 3033, fracción II, ambos del Código Civil de esta ciudad, cataloga, en su caso, como un derecho dudoso o discutible, que amerita contienda para definirse, lo que debe hacerse observando formalidades del procedimiento y aplicando las normas que le rigen; por ello se precisa que este pronunciamiento no prejuzga sobre la viabilidad de su petición, sino que desestima la forma de hacerlo, esto es, como una petición directa a modo de ejecución de sentencia, y no pidiendo el inicio de un trámite para dirimir un derecho dudoso. De ahí lo infundado de los conceptos de violación mencionados. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expresados, y al no haber motivo legal para suplir la queja, procede NEGAR el amparo solicitado por ..., contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... y ..., contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en este fallo. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia señalada en autos; en consecuencia, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. La notificación del presente auto será mediante las listas que se fijen en los lugares designados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo; máxime, que la suspensión de labores fue menor al término establecido en el artículo 309 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, en razón de que es deber de las partes en un procedimiento jurisdiccional vigilar su prosecución, a fin de advertir oportunamente las actuaciones realizadas. Al respecto se cita la tesis con registro: 206265, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Materia(s): Común, Página: 143, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION DE LA. NO EXISTE OBLIGACION LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. ... ." También, por analogía, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/259, cuyo sentido descansa en el reconocimiento de que existe un deber de cuidado y observancia respecto de las resultas del asunto por las partes y sus defensores; de modo que su reanudación, como es el caso, por medio de la nueva fijación de audiencia, importa que los justiciables den seguimiento a sus causas, como beneficiarios inmediatos del sistema de impartición de justicia. Además, de que esta forma de notificación se considera idónea para la protección al derecho fundamental a la Salud, en sus dimensiones individual y colectiva, así como para fomentar un eficaz acceso a la justicia, pues de este modo los justiciables o litigantes y los actuarios no tendrán interacción directa para lograr la notificación, salvo en aquellos casos estrictamente necesarios. Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que la notificación por listas deriva de que es un hecho notorio la reanudación de la actividad judicial y los términos procesales, pues constan en diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021 donde se decretó la suspensión de labores en órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, así como la declaratoria de días inhábiles pero laborables el dieciséis y diecisiete del presente mes. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Novena Época, con registro: 191452, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Página: 260, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De este modo, la reanudación de labores y términos judiciales constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Adjetivo Federal de aplicación supletoria, al tratarse de un conocimiento de dominio público nacional, particularmente en el foro de abogados postulantes y justiciables. A lo anterior debe sumarse que las partes cuentan con un sitio de internet proporcionado por el propio Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual pueden consultar por internet, y sin necesidad de tramitar el asunto en la vía electrónica, los extractos de las determinaciones judiciales dictadas por este órgano, bastando que conozcan el número del proceso, lo cual saben desde la emisión del primer auto en el expediente, que es donde se asigna; aspecto que abona a la certeza de que se cuentan con herramientas suficientes para hacerse sabedoras del impulso de cada uno de sus juicios. En concordancia con ello, se ordena a la actuaría cerciorarse de que el extracto relativo a la presente determinación, sea suficiente para conocer con exactitud la fecha de audiencia constitucional que para este juicio se fija, respetando los lineamientos sobre la protección de datos personales o sensibles. Finalmente, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto bajo la modalidad "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se les solicita proporcionar un número telefónico o correo electrónico donde puedan ser localizadas para entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES; Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL ADSCRITA.

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