Carlos Ortiz Reyes

Expediente 236/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
236/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Ortiz Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: RESOLUCÍÓN DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: "...R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Carlos Ortiz Reyes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único, -Arturo Ampudia Amaro- con residencia en Cuautla, Morelos y Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a la Fiscalía de Visitaduría y Asuntos Internos Oriente del Estado de Morelos, -Alejandro Torres-, a cargo del expediente FEVG/DAI/233/2019-08. Acto reclamado: ". Juez de Primera Instancia. El acuerdo de (08) ocho de marzo de (2021), notificado el (12) doce de marzo (2021) por el que niega la audiencia solicitada para debatir sobre la omisión del Lic. ALEJANDRO TORRES, Agente del Ministerio Publico Visitador. Del Lic. ALEJANDRO TORRES, Agente del Ministerio Público. la abstención de dar contestación a mis peticiones escritas de saber el estado que guarda la queja administrativa y en su caso la resolución que recayó a la misma." SEGUNDO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo del quejoso Carlos Ortiz Reyes, radicó el asunto con el número de expediente 236/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: El acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, por que niega audiencia para debatir sobre la omisión del Agente del Ministerio Público visitador. La omisión de dar respuesta a peticiones a fin de saber el estado que guarda la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, en su defecto la resolución que la determine. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La responsable Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a la Fiscalía de Visitaduría y Asuntos Internos Oriente del Estado de Morelos, -Alejandro Torres- al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, manifestando que la resolución al acta administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, se encuentra notificada al quejoso, y remitió constancias que integran el acta administrativa, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1 /J 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2 /J 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a la Fiscalía de Visitaduría y Asuntos Internos Oriente del Estado de Morelos, la omisión de dar respuesta a las peticiones por escrito a fin de saber el estado que guarda la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, en su caso la resolución que la determine, con lo que señala se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. De las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público responsable, relativa a la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, las que han sido valoradas con anterioridad, se advierte la resolución de trece de septiembre de dos mil diecinueve, donde determina la conclusión de la queja administrativa y su archivo, por no demostrarse que el servidor público denunciado haya incurrido en faltas en el desempeño de su encargo, acuerdo que ante las razones de falta de notificación por parte de Gabriela Salgado Pérez, en funciones de notificadora adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Fiscalía Especializada de Visitaduría General y Asuntos Internos de la fiscalía General del Estado de Morelos, al constituirse en el domicilio del ahora quejoso calle 2 de mayo, 181, altos de la colonia Centro del Municipio de Cuautla, Morelos, los días diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, fue notificado por estrados mediante razón de diecinueve de septiembre de ese año. Que si bien es cierto, el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, ante el obstáculo advertido por la notificadora para notificar al quejoso en el domicilio proporcionado, de la determinación que resuelve la queja administrativa, se realizó por estrados en la oficina de la Fiscalía Especializado de Visitaduría General y Asuntos Internos. Por ello, si el quejoso reclama que la autoridad responsable es omisa en atender sus peticiones de informarle la resolución que determina la queja administrativa que interpuso contra un servidor público, tal acto no existe, en razón que ya fue resuelta la queja administrativa mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, y notificado por estrados el diecinueve de septiembre siguiente. Es decir, para efectos de estudiar algún acto omisivo atribuido a determinada autoridad, en primer lugar es menester determinar su existencia a la presentación de la demanda, lo que en el caso no acontece, por los motivos antes precisados. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, por virtud de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII 1 C 4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como la Jurisprudencia número XVII 2 J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto previamente citado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único, -J. Jesús Valencia Valencia- con residencia en Cuautla, Morelos, al rendir el informe justificado acepto el acto reclamado, señalando que la petición hecha por el quejoso en la causa penal JCC/104/2021, no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no dio lugar a acordar de conformidad su petición, y remitió constancias relativas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. QUINTO. Estudio del asunto. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora bien, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, referente a la ausencia de conceptos de violación. En efecto, se actualiza la referida causal de improcedencia atendiendo a que del contenido de la demanda se advierte que el quejoso no expuso conceptos de violación para evidenciar la inconstitucionalidad del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que da respuesta a la petición del quejoso de audiencia para debatir la actuación del Agente del Ministerio Público Visitador que tiene a su cargo la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si bien es cierto en dicha demanda se hizo mención de tal acuerdo, también lo es que en ninguna de sus partes expuso argumentos para evidenciar su inconstitucionalidad, sino que todos los argumentos realizados por el peticionario de amparo van encaminados a combatir la legalidad de actuación del Ministerio Público Visitador al integrar la queja administrativa. Atento a lo anterior, este juzgador está imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues efectuar el análisis de referencia implicaría la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en un caso no permitido por la ley, puesto que el asunto aquí puesto a consideración no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 79 de la Ley de Amparo, al cuestionar la integración y resolución de una queja administrativa que interpuso contra la actuación de un servidor público, ante la Visitaduría de Asuntos Internos. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio de amparo en relación al reclamo del aludido numeral, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVII 2 7 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCION XVIII EN RELACION CON EL ARTÍCULO 166, FRACCION VI, DE LA LEY DE AMPARO. Si la quejosa en su demanda de garantías a manera de concepto de violación únicamente transcribe el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que establece el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo para ser considerado como tal, pues éste consiste en la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó; o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia reclamada no se apoyó en principios generales del derecho, cuando no haya ley aplicable al caso; de donde se infiere que al no existir concepto de violación, requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si el acto reclamado es o no constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Máxime, que el quejoso acude a la instancia constitucional no como víctima del delito, sino como denunciante en el procedimiento administrativo de responsabilidad contra un servidor público, que si bien cuenta con ese derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, que, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas, máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy tres de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Carlos Ortiz Reyes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único, -Arturo Ampudia Amaro- con residencia en Cuautla, Morelos y Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a la Fiscalía de Visitaduría y Asuntos Internos Oriente del Estado de Morelos, -Alejandro Torres-, a cargo del expediente FEVG/DAI/233/2019-08. Acto reclamado: ". Juez de Primera Instancia. El acuerdo de (08) ocho de marzo de (2021), notificado el (12) doce de marzo (2021) por el que niega la audiencia solicitada para debatir sobre la omisión del Lic. ALEJANDRO TORRES, Agente del Ministerio Publico Visitador. Del Lic. ALEJANDRO TORRES, Agente del Ministerio Público. la abstención de dar contestación a mis peticiones escritas de saber el estado que guarda la queja administrativa y en su caso la resolución que recayó a la misma." SEGUNDO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo del quejoso Carlos Ortiz Reyes, radicó el asunto con el número de expediente 236/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: El acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, por que niega audiencia para debatir sobre la omisión del Agente del Ministerio Público visitador. La omisión de dar respuesta a peticiones a fin de saber el estado que guarda la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, en su defecto la resolución que la determine. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La responsable Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a la Fiscalía de Visitaduría y Asuntos Internos Oriente del Estado de Morelos, -Alejandro Torres- al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, manifestando que la resolución al acta administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, se encuentra notificada al quejoso, y remitió constancias que integran el acta administrativa, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a la Fiscalía de Visitaduría y Asuntos Internos Oriente del Estado de Morelos, la omisión de dar respuesta a las peticiones por escrito a fin de saber el estado que guarda la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, en su caso la resolución que la determine, con lo que señala se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. De las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público responsable, relativa a la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, las que han sido valoradas con anterioridad, se advierte la resolución de trece de septiembre de dos mil diecinueve, donde determina la conclusión de la queja administrativa y su archivo, por no demostrarse que el servidor público denunciado haya incurrido en faltas en el desempeño de su encargo, acuerdo que ante las razones de falta de notificación por parte de Gabriela Salgado Pérez, en funciones de notificadora adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Fiscalía Especializada de Visitaduría General y Asuntos Internos de la fiscalía General del Estado de Morelos, al constituirse en el domicilio del ahora quejoso calle 2 de mayo, 181, altos de la colonia Centro del Municipio de Cuautla, Morelos, los días diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, fue notificado por estrados mediante razón de diecinueve de septiembre de ese año. Que si bien es cierto, el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, ante el obstáculo advertido por la notificadora para notificar al quejoso en el domicilio proporcionado, de la determinación que resuelve la queja administrativa, se realizó por estrados en la oficina de la Fiscalía Especializado de Visitaduría General y Asuntos Internos. Por ello, si el quejoso reclama que la autoridad responsable es omisa en atender sus peticiones de informarle la resolución que determina la queja administrativa que interpuso contra un servidor público, tal acto no existe, en razón que ya fue resuelta la queja administrativa mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, y notificado por estrados el diecinueve de septiembre siguiente. Es decir, para efectos de estudiar algún acto omisivo atribuido a determinada autoridad, en primer lugar es menester determinar su existencia a la presentación de la demanda, lo que en el caso no acontece, por los motivos antes precisados. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, por virtud de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII.1º.C.4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto previamente citado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único, -J. Jesús Valencia Valencia- con residencia en Cuautla, Morelos, al rendir el informe justificado acepto el acto reclamado, señalando que la petición hecha por el quejoso en la causa penal JCC/104/2021, no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no dio lugar a acordar de conformidad su petición, y remitió constancias relativas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. QUINTO. Estudio del asunto. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora bien, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, referente a la ausencia de conceptos de violación. En efecto, se actualiza la referida causal de improcedencia atendiendo a que del contenido de la demanda se advierte que el quejoso no expuso conceptos de violación para evidenciar la inconstitucionalidad del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que da respuesta a la petición del quejoso de audiencia para debatir la actuación del Agente del Ministerio Público Visitador que tiene a su cargo la queja administrativa FEVG/DAI/233/2019-08, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si bien es cierto en dicha demanda se hizo mención de tal acuerdo, también lo es que en ninguna de sus partes expuso argumentos para evidenciar su inconstitucionalidad, sino que todos los argumentos realizados por el peticionario de amparo van encaminados a combatir la legalidad de actuación del Ministerio Público Visitador al integrar la queja administrativa. Atento a lo anterior, este juzgador está imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues efectuar el análisis de referencia implicaría la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en un caso no permitido por la ley, puesto que el asunto aquí puesto a consideración no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 79 de la Ley de Amparo, al cuestionar la integración y resolución de una queja administrativa que interpuso contra la actuación de un servidor público, ante la Visitaduría de Asuntos Internos. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio de amparo en relación al reclamo del aludido numeral, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVII.2o.7 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCION XVIII EN RELACION CON EL ARTÍCULO 166, FRACCION VI, DE LA LEY DE AMPARO. Si la quejosa en su demanda de garantías a manera de concepto de violación únicamente transcribe el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que establece el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo para ser considerado como tal, pues éste consiste en la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó; o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia reclamada no se apoyó en principios generales del derecho, cuando no haya ley aplicable al caso; de donde se infiere que al no existir concepto de violación, requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si el acto reclamado es o no constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Máxime, que el quejoso acude a la instancia constitucional no como víctima del delito, sino como denunciante en el procedimiento administrativo de responsabilidad contra un servidor público, que si bien cuenta con ese derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, que, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas, máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy tres de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso, se tuvo por no admitida la ampliación a la demanda, ordenándose notificar personalmente dicho auto a la parte quejosa, sin que obre la constancia de notificación respectiva. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, comisiónese al actuario adscrito a fin de que notifique personalmente a la parte quejosa, el auto de veintiocho de junio del año en curso, para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, para dar margen a lo anterior y evitar violaciones procesales, lo procedente es diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto de veintiocho de junio del año en curso. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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