Carlos Omar Olalde Paredes

Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
681/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Omar Olalde Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida determinación HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el que señala son ciertos los actos reclamados; asimismo, remite copia certificada del proveído de quince de julio del año en curso dictado en autos del expediente 283/2019. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que se remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: La omisión en señalar fecha para el desahogo de pruebas en el juicio expediente 283/2019. Las omisiones subsecuentes que se generen el juicio señalado; y, La omisión del Presidente de la Junta responsable de cuidar los términos en tal juicio laboral. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del acuerdo de quince de julio del año en curso dictado en autos del expediente 283/2019, del cual se advierte proveyó sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes en el citado juicio laboral. Por tanto, respecto del acto reclamado marcado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXI, en concordancia con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en las dilaciones subsecuentes atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la omisión del Presidente de esa Junta de cuidar los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página nueve, registro 197245 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a las responsables, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos reclamados. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con cuatro minutos de tres de agosto del año en curso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, uno de julio de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Carlos Omar Olalde Paredes. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Sin tramitarse incidente de suspensión por no existir solicitud al respecto. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente físico. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DE TRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. V. Celebración de la audiencia constitucional. Dada la contingencia sanitaria, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, la audiencia constitucional tendrá lugar con los escritos presentados de manera física o electrónica, esto es, sin presencia de las partes. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del citado Acuerdo, en caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes, por ser necesaria para el desahogo de laguna probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal, por regla general su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes deberán proporcionar número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos tecnológicos necesarios o a través de dispositivo móvil (teléfono celular o tableta), en este último caso deberán descargar la aplicación Webex Meetings; lo anterior, a fin de realizar las gestiones para que puedan acceder a la audiencia respectiva por videoconferencia. La parte interesada deberá realizar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, de lo contrario, la audiencia tendrá verificativo sin su presencia. En caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer a las instalaciones de este Juzgado de Distrito; para ello, deberán registrar la cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ; de considerarlo necesario, en su caso este Órgano Jurisdiccional expedirá los códigos QR para que las partes puedan acceder a las instalaciones. VI. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita; para lo cual, en su caso, deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir sus informes justificados, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Las constancias que en apoyo a su informe justificado remitan, deberán contener en original folio, rubrica, entre sello y la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia; apercibidas que no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento precisado. VII. Obligación de las autoridades de recibir oficios. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligados a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión. Lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados. En el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. A las autoridades responsables sólo se les notificarán por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 1253, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. VIII. Señalamiento erróneo de la denominación de las autoridades responsables. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, por lo que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de aquéllas que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. IX. Presentación de promociones. Cuando no puedan ser remitidas vía electrónica, las promociones o cualquier documento que las partes, las autoridades o cualquier persona interesada deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, deberá privilegiarse el trabajo a distancia mediante el uso de las herramientas electrónicas necesarias, cualquier oficio, documento o promoción que las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido al correo electrónico oficial: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; por dicho medio se les acusara recibo. X. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa improcedencia o de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. XI. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. De conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el acceso otorgado a las partes, sus representantes o autorizados para consultar los expedientes electrónicos no implica permiso para notificarles electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o hayan solicitado el acceso al expediente electrónico, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es indispensable que soliciten expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. XII. Envío electrónico de constancias. Con sustento en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al enviar constancias adjuntas a los informes justificados o escritos, la parte que los envíe, incluidas las autoridades responsables, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento original. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a que se les dará tratamiento de copias simples de los documentos reproducidos. XIII. Formas especiales y expeditas de contacto. Se requiere a las partes para que en el plazo de tres días propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. XIV. Presencia en el órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que la parte interesada deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ, donde aparecen las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, este Juzgado de Distrito generará la cita correspondiente cuando requiera la presencia física de alguna de las partes o de personas persona diversa, para el desahogo de algún requerimiento o para participar en alguna diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- XV. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que está en este edificio sede, virtud que en términos de lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020 el horario y personal que puede acceder a este órgano jurisdiccional es limitado. XVI. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente a la parte tercero interesada, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, o en su caso, las constancias del procedimiento de origen. XVII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizadas en los términos solicitados a las personas que menciona. XVIII. Instrucción a los actuarios. Se instruye a la actuaria o actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este juicio deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que está en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitarlo vía telefónica a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, para lo cual debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, la actuaria o el actuario deberá entregar los oficios de manera física cuando las autoridades estén dentro de la residencia de este juzgado; así como enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye los actuarios que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF. XIX. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, se admiten las pruebas documentales que se acompañan, sin perjuicio de hacer relación de ellas, el día que tenga verificativo la audiencia de derecho. XX. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.

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