Carlos Omar Huchin Pech
Expediente 1235/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Carlos Omar Huchin Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente desahogara la vista; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 40 y 41), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías y el quince de noviembre del mismo año (fojas 48 a 60), el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, dictó la sentencia correspondiente, en la que en su resolutivo primero se estableció lo siguiente: "Primero. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Carlos Omar Huchin Pech, por conducto de su apoderado legal Gean Alberto Peña, en el juicio de amparo 1235/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, y para los efectos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.". En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto siguiente: ".que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en San Francisco Campeche, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente los acuerdos de treinta de julio y nueve de agosto de dos mil dieciocho, en relación con las fechas que acordó la Junta responsable para el desahogo de dichas probanzas, esto es, para el veintidós de enero y trece de febrero de dos mil diecinueve, y dicte un nuevo acuerdo en el que señale nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días hábiles siguientes, debiendo dictar las medidas de apremio que sean necesarias, a fin de que en las fechas en que señale se desahoguen las pruebas de referencia. 2. Dicha concesión se hace extensiva al acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, toda vez que no se impugna por vicios propios sino que se hace depender del reclamado a la Junta responsable.". En acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 78 y 79), la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento con la sentencia concesoria de amparo. En virtud de lo anterior, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, mediante oficios SA-148/2019 de dieciocho de enero (fojas 84 a 89), SA-1004/2019 de uno de abril (fojas 101 a 107) y SA-1196/2019 de once de abril (fojas 114 a 121), todos de dos mil diecinueve, informó -en representación de dicha Junta y del Actuario adscrito- en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 292/2015, de su índice. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, de las que se advierte lo siguiente: En trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 102 a 104), se celebró la audiencia relativa al desahogo de la prueba confesional a cargo de la persona física que resulte ser gerente legal de administración de personal, en la cual, en virtud de no comparecer el absolvente de la prueba, a pesar de estar debidamente notificado mediante cédula de notificación de siete de enero de dos mil diecinueve (foja 89), y al no justificar su incomparecencia, se le tuvo por confeso de manera ficta. En diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 105 a 107), fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de la prueba pericial, caligráfica, grafoscópica, grafométrica y documentoscópica, a cargo del perito ************, la parte actora solicitó la sustitución del perito designado, por el perito Martín López Ordoñez, el cual se tuvo por aceptando el cargo conferido, por lo que la junta responsable señaló las trece horas del nueve de abril de dos mil diecinueve para el desahogo de la aludida probanza. En audiencia de nueve de abril de dos mil diecinueve (foja 115), se desahogó la prueba pericial, caligráfica, grafoscópica, grafométrica y documentoscópica, a cargo del perito ******************, y se tuvo al citado perito por rindiendo su dictamen correspondiente. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de garantías, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus garantías, con lo que se concluye que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la Tesis Aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, de las autoridades responsables denominadas Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado -en representación de dicho órgano colegiado,- y por el Actuario adscrito a dicha Junta, ambas con residencia en esta ciudad, por medio del cual informan respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el informe rendido por la autoridad responsable, así como también con el oficio y anexo, registrado con el número 08569, presentado ante este juzgado el uno de abril del año en curso, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho término este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como legalmente correspondan, signado por el Presidente de la Junta Local de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche -en representación de dicho Órgano Colegiado y del actuario de su adscripción- con sede en esta ciudad, mediante los cuales refiere que en autos del juicio laboral de origen con fecha trece de febrero del año en curso, esa autoridad declaró confeso de manera ficta al absolvente persona física que resulte ser Gerente Legal de Administración de personal, a razón de estar debidamente notificado y dada la inexistencia de documento fehaciente alguno que acredite su incomparecencia física a la audiencia. Por lo tanto, tomando en consideración que la junta responsable sigue siendo omisa en realizar todas y cada una de las gestiones que considere necesarias para desahogar tales probanzas (confesional a cargo de la persona física que resulte ser gerente general de administración de personal y la pericial en materia caligráfica, grafoscópica, grafometría, documentoscópica y dactiloscópica a cargo del perito (********************) designado por la Fiscalía General del Estado, a favor de la parte actora), así como de aplicar las medidas de apremio que establece la ley en contra de quien incumpla con los requerimientos realizados en autos o con el llamado a la diligencia que le corresponde desahogar, así como en contra de los funcionarios adscritos a esa Junta laboral que obstaculicen el desahogo de las pruebas, ya sea por falta de notificación de las partes en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo -COMO ACONTECE EN EL CASO PARTICULAR-, o que estos no se encuentren presentes para su celebración o cualquier otra razón que impida que se lleven a cabo, pues como se desprende de las constancias que remite con el oficio que ahora se provee y de las que se agregaron a este sumario en diverso proveído de veintidós de enero del año en curso, DESDE EL TREINTA DE JULIO y NUEVE DE AGOSTO, AMBOS, DEL AÑO PRÓXIMO PASADO (fojas 85 a 87), en que programó fecha y hora para su desahogo, SE ABSTUVO DE APLICAR LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE ESTABLECE LA LEY EN CONTRA DE QUIEN INCUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS en autos o con el llamado a la diligencia que le corresponde desahogar, ASÍ COMO EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS DE SU ADSCRIPCIÓN QUE, POR FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ESTÁN OBSTACULIZANDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS ANTES MENCIONADAS, no obstante que conforme a los artículos 873 y 874 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra obligada a desahogar las pruebas, dentro de un periodo que no exceda de treinta días, siguientes a que éstas fueron admitidas, el cual, ha sido rebasado injustificadamente por la junta responsable; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que, en el ámbito de su competencia y dentro del plazo de tres días, una vez que REALICEN todas y cada una de las gestiones que crean necesarias y APLIQUEN las MEDIDAS DE APREMIO que establece la ley EN CONTRA DE QUIEN INCUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS en autos o con el llamado a la diligencia que le corresponde desahogar, ASÍ COMO EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS DE SU ADSCRIPCIPÓN QUE OBSTACULICEN EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, ya sea por falta de notificación de las partes en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, o que estos no se encuentren presentes para su celebración o cualquier otra razón que impida que se lleven a cabo, DESAHOGUEN LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN, particularmente, confesional a cargo de la persona física que resulte ser gerente general de administración de personal y la pericial en materia caligráfica, grafoscópica, grafometría, documentoscópica y dactiloscópica a cargo del perito (********************) designado por la Fiscalía General del Estado, a favor de la parte actora; DEBIENDO REMITIR LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN FORMA ÍNTEGRA, bajo el apercibimiento que de ser omisas al respecto, se les impondrá una MULTA de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con el numeral 192, relacionado con los diversos artículos 237, fracción I, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y por último, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de orientación a lo anterior la tesis siguiente: "PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN ATRIBUCIONES PARA HACER COMPARECER A LOS PERITOS QUE DESIGNEN LAS PARTES O POR ELLAS MISMAS CUANDO A JUICIO DE ÉSTAS, AQUÉLLOS INASISTAN INJUSTIFICADAMENTE A RENDIR SU DICTAMEN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 825, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). Con motivo del decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se modificó el artículo 825, en su fracción III, en la cual se estableció que el día de la audiencia de desahogo de la prueba pericial, el o los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen, pero si alguno no concurriera a la audiencia, sin causa justificada a juicio de la Junta, la única consecuencia será que se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la Junta las medidas para que comparezca el perito; a diferencia de lo que preveía ese dispositivo antes de dicha reforma, en el sentido de que sólo se desahogaría la pericial con los peritos que concurrieran el día fijado para su desahogo, a menos que se tratara de un perito nombrado por la Junta a petición expresa del trabajador, lo que hace evidente la intención del legislador que realizó dicha reforma, pues quiso darle la oportunidad a ambas partes, actor y demandado, de que se desahogue la prueba que ofrecieron en el juicio laboral, en los casos en que sus peritos "injustificadamente" no comparecieran a la audiencia de desahogo, otorgándole a la Junta la facultad de calificar en qué casos, a su juicio, debe considerarse "injustificada" la inasistencia de aquéllos y, con base en ello, emplear las medidas a su alcance para hacerlos comparecer, siendo ahora el único factor determinante para que la Junta haga uso de las medidas respectivas para hacer que el perito comparezca a rendir su dictamen si a su criterio la incomparecencia fue injustificada, sin distinguir quién lo designó; interpretación que encuentra su justificación en el objetivo perseguido con esa reforma, pues el Dictamen de 28 de septiembre de 2012, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura realizado a la iniciativa del Ejecutivo Federal fue dar celeridad, certeza y seguridad jurídica al proceso laboral, lo que indica que fue realizada conscientemente y que para lograr ese fin se hicieron dichas modificaciones en la citada ley.". (Época: Décima Época. Registro: 2012092. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016. Tomo III. Materia(s): Laboral. Tesis: XIV.T.A.9 L (10a.). Página: 2212) "CITACIÓN PARA ABSOLVER POSICIONES EN EL JUICIO LABORAL. EL PLAZO PARA QUE SE REALICE ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 748 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 788 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenará citar a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados se les tendrá por confesos de las posiciones articuladas y calificadas de legales; sin embargo, como ni en dicho numeral ni en algún otro se establece expresamente en qué plazo debe hacerse la citación al absolvente, debe aplicarse el contenido en el artículo 748 de ese ordenamiento, el cual prevé que las notificaciones deben hacerse en horas hábiles y con una anticipación de 24 horas, por lo menos, del día y hora de celebración de la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley; esto sin incluir el día en que surte efectos la notificación, acorde con el artículo 747, fracción I, de la indicada Ley, así como el de la propia diligencia. Lo anterior debe interpretarse así, toda vez que el citado precepto 748 está vinculado con el diverso 742, fracción VI, de la Ley, el cual señala que entre las notificaciones personales se encuentra el auto que cite a absolver posiciones, numerales insertos en el capítulo VII "De las notificaciones", del título catorce "Derecho procesal del trabajo", de la Ley; de ahí que el referido artículo 748 constituye la norma aplicable y no la establecida en el artículo 735 del mismo ordenamiento, que fija un plazo de 3 días hábiles cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga uno fijado, y que se localiza en el capítulo VI "De los términos procesales", diverso a aquel en que se regula la notificación personal del auto que cite a absolver posiciones.". (Época: Novena Época. Registro: 164621. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 54/2010. Página: 829) "PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA SU DESAHOGO, DEBE REALIZARSE CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL DÍA EN QUE TENDRÁ LUGAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 2o. y 18, como principios de hermenéutica de las normas laborales, que éstas tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patronos, y que en su interpretación debe prevalecer la que sea más favorable al trabajador. En este sentido y en atención a que, por un lado, la propia legislación del trabajo no prevé disposición alguna en relación con la anticipación con que debe practicarse la notificación del proveído en el que se fija fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral y, por otro, a que tal diligencia, además de ser un acto procesal que debe realizar la Junta del conocimiento, es también un derecho de las partes, se concluye que en este caso cobra aplicación el artículo 735 de dicha ley, al establecer que cuando la realización o práctica de algún acto procesal no tenga fijado un término, se considerará el de tres días hábiles y no así lo dispuesto en el diverso numeral 748 de la propia ley, que prevé una regla general consistente en que las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles, con una anticipación de por lo menos veinticuatro horas al día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley; es decir, sólo se refiere a la obligación de las Juntas en cuanto a la anticipación mínima con que deben practicar las notificaciones, además de que tratándose de la notificación del auto que cita para el desahogo de la pericial no se da el supuesto de que exista una disposición en contrario como dice el citado artículo 748, sino más bien de que no hay disposición que lo regule; por tanto, resulta aplicable el referido artículo 735 que establece un término mayor que el fijado en aquel precepto para que el trabajador se entere de la fecha y hora en que tendrá verificativo el desahogo de la prueba de mérito a fin de estar en aptitud de comparecer a la diligencia relativa, lo cual no sólo le resulta más favorable, sino que también es más acorde con el objetivo de las normas de trabajo, que es el de buscar el equilibrio y la justicia social.". (Época: Novena Época. Registro: 185935. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 99/2002. Página: 270)
- Principal
Visto el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos y por cuanto de los mismos aparece que las autoridades responsables han sido OMISAS EN DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE QUE YA SE DESAHOGARON LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES EN EL JUICIO LABORAL 295/2015, a saber, consistentes en la confesional a cargo de la persona física que resulte ser gerente general de administración de personal y la pericial en materia caligráfica, grafoscópica, grafometría, documentoscópica y dactiloscópica a cargo del perito (MOISÉS ARMANDO CHI TAMAY) designado por la Fiscalía General del Estado, a favor de la parte actora. Por lo tanto, tomando en consideración que la junta responsable sigue siendo omisa en realizar todas y cada una de las gestiones que considere necesarias para desahogar tales probanzas (confesional a cargo de la persona física que resulte ser gerente general de administración de personal y la pericial en materia caligráfica, grafoscópica, grafometría, documentoscópica y dactiloscópica a cargo del perito (*******************) designado por la Fiscalía General del Estado, a favor de la parte actora), así como de aplicar las medidas de apremio que establece la ley en contra de quien incumpla con los requerimientos realizados en autos o con el llamado a la diligencia que le corresponde desahogar, así como en contra de los funcionarios adscritos a esa Junta laboral que obstaculicen el desahogo de las pruebas, ya sea por falta de notificación de las partes en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo COMO ACONTECE EN EL CASO PARTICULAR, o que estos no se encuentren presentes para su celebración o cualquier otra razón que impida que se lleven a cabo, pues como se desprende de las constancias que remite con el oficio que ahora se provee y de las que se agregaron a este sumario en diverso proveído de veintidós de enero del año en curso, DESDE EL TREINTA DE JULIO y NUEVE DE AGOSTO, AMBOS, DEL AÑO PRÓXIMO PASADO (fojas 85 a 87), en que programó fecha y hora para su desahogo, SE ABSTUVO DE APLICAR LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE ESTABLECE LA LEY EN CONTRA DE QUIEN INCUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS en autos o con el llamado a la diligencia que le corresponde desahogar, ASÍ COMO EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS DE SU ADSCRIPCIÓN QUE, POR FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ESTÁN OBSTACULIZANDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS ANTES MENCIONADAS, no obstante que conforme a los artículos 873 y 874 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra obligada a desahogar las pruebas, dentro de un periodo que no exceda de treinta días, siguientes a que éstas fueron admitidas, el cual, ha sido rebasado injustificadamente por la junta responsable; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que, en el ámbito de su competencia y dentro del plazo de tres días, una vez que REALICEN todas y cada una de las gestiones que crean necesarias y APLIQUEN las MEDIDAS DE APREMIO que establece la ley EN CONTRA DE QUIEN INCUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS en autos o con el llamado a la diligencia que le corresponde desahogar, ASÍ COMO EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS DE SU ADSCRIPCIPÓN QUE OBSTACULICEN EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, ya sea por falta de notificación de las partes en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo , o que estos no se encuentren presentes para su celebración o cualquier otra razón que impida que se lleven a cabo, DESAHOGUEN LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN, particularmente, confesional a cargo de la persona física que resulte ser gerente general de administración de personal y la pericial en materia caligráfica, grafoscópica, grafometría, documentoscópica y dactiloscópica a cargo del perito (MOISÉS ARMANDO CHI TAMAY) designado por la Fiscalía General del Estado, a favor de la parte actora; DEBIENDO REMITIR LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN FORMA ÍNTEGRA, bajo el apercibimiento que de ser omisas al respecto, se les impondrá una MULTA de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con el numeral 192, relacionado con los diversos artículos 237, fracción I, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y por último, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de orientación a lo anterior la tesis siguiente: "PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN ATRIBUCIONES PARA HACER COMPARECER A LOS PERITOS QUE DESIGNEN LAS PARTES O POR ELLAS MISMAS CUANDO A JUICIO DE ÉSTAS, AQUÉLLOS INASISTAN INJUSTIFICADAMENTE A RENDIR SU DICTAMEN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 825, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). Con motivo del decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se modificó el artículo 825, en su fracción III, en la cual se estableció que el día de la audiencia de desahogo de la prueba pericial, el o los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen, pero si alguno no concurriera a la audiencia, sin causa justificada a juicio de la Junta, la única consecuencia será que se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la Junta las medidas para que comparezca el perito; a diferencia de lo que preveía ese dispositivo antes de dicha reforma, en el sentido de que sólo se desahogaría la pericial con los peritos que concurrieran el día fijado para su desahogo, a menos que se tratara de un perito nombrado por la Junta a petición expresa del trabajador, lo que hace evidente la intención del legislador que realizó dicha reforma, pues quiso darle la oportunidad a ambas partes, actor y demandado, de que se desahogue la prueba que ofrecieron en el juicio laboral, en los casos en que sus peritos "injustificadamente" no comparecieran a la audiencia de desahogo, otorgándole a la Junta la facultad de calificar en qué casos, a su juicio, debe considerarse "injustificada" la inasistencia de aquéllos y, con base en ello, emplear las medidas a su alcance para hacerlos comparecer, siendo ahora el único factor determinante para que la Junta haga uso de las medidas respectivas para hacer que el perito comparezca a rendir su dictamen si a su criterio la incomparecencia fue injustificada, sin distinguir quién lo designó; interpretación que encuentra su justificación en el objetivo perseguido con esa reforma, pues el Dictamen de 28 de septiembre de 2012, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura realizado a la iniciativa del Ejecutivo Federal fue dar celeridad, certeza y seguridad jurídica al proceso laboral, lo que indica que fue realizada conscientemente y que para lograr ese fin se hicieron dichas modificaciones en la citada ley.". (Época: Décima Época. Registro: 2012092. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016. Tomo III. Materia(s): Laboral. Tesis: XIV.T.A.9 L (10a.). Página: 2212) "CITACIÓN PARA ABSOLVER POSICIONES EN EL JUICIO LABORAL. EL PLAZO PARA QUE SE REALICE ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 748 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 788 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenará citar a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados se les tendrá por confesos de las posiciones articuladas y calificadas de legales; sin embargo, como ni en dicho numeral ni en algún otro se establece expresamente en qué plazo debe hacerse la citación al absolvente, debe aplicarse el contenido en el artículo 748 de ese ordenamiento, el cual prevé que las notificaciones deben hacerse en horas hábiles y con una anticipación de 24 horas, por lo menos, del día y hora de celebración de la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley; esto sin incluir el día en que surte efectos la notificación, acorde con el artículo 747, fracción I, de la indicada Ley, así como el de la propia diligencia. Lo anterior debe interpretarse así, toda vez que el citado precepto 748 está vinculado con el diverso 742, fracción VI, de la Ley, el cual señala que entre las notificaciones personales se encuentra el auto que cite a absolver posiciones, numerales insertos en el capítulo VII "De las notificaciones", del título catorce "Derecho procesal del trabajo", de la Ley; de ahí que el referido artículo 748 constituye la norma aplicable y no la establecida en el artículo 735 del mismo ordenamiento, que fija un plazo de 3 días hábiles cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga uno fijado, y que se localiza en el capítulo VI "De los términos procesales", diverso a aquel en que se regula la notificación personal del auto que cite a absolver posiciones.". (Época: Novena Época. Registro: 164621. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 54/2010. Página: 829) "PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA SU DESAHOGO, DEBE REALIZARSE CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL DÍA EN QUE TENDRÁ LUGAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 2o. y 18, como principios de hermenéutica de las normas laborales, que éstas tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patronos, y que en su interpretación debe prevalecer la que sea más favorable al trabajador. En este sentido y en atención a que, por un lado, la propia legislación del trabajo no prevé disposición alguna en relación con la anticipación con que debe practicarse la notificación del proveído en el que se fija fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral y, por otro, a que tal diligencia, además de ser un acto procesal que debe realizar la Junta del conocimiento, es también un derecho de las partes, se concluye que en este caso cobra aplicación el artículo 735 de dicha ley, al establecer que cuando la realización o práctica de algún acto procesal no tenga fijado un término, se considerará el de tres días hábiles y no así lo dispuesto en el diverso numeral 748 de la propia ley, que prevé una regla general consistente en que las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles, con una anticipación de por lo menos veinticuatro horas al día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley; es decir, sólo se refiere a la obligación de las Juntas en cuanto a la anticipación mínima con que deben practicar las notificaciones, además de que tratándose de la notificación del auto que cita para el desahogo de la pericial no se da el supuesto de que exista una disposición en contrario como dice el citado artículo 748, sino más bien de que no hay disposición que lo regule; por tanto, resulta aplicable el referido artículo 735 que establece un término mayor que el fijado en aquel precepto para que el trabajador se entere de la fecha y hora en que tendrá verificativo el desahogo de la prueba de mérito a fin de estar en aptitud de comparecer a la diligencia relativa, lo cual no sólo le resulta más favorable, sino que también es más acorde con el objetivo de las normas de trabajo, que es el de buscar el equilibrio y la justicia social. (Época: Novena Épa. Registro: 185935. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 99/2002. Página: 270)
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