Carlos Omar Godinez Arévalo y Otros.
Expediente 252/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jackeline López Cervantes
- Carlos Omar Godinez Arévalo
- Carlos Omar Godinez Arévalo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y el representante especial de la menor de iniciales V.L.G.L., hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a las partes a quienes pudiera afectarles el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Atención de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, el cuaderno de pruebas consistente en copia autentificada de la carpeta de investigación MOR/053/22456/2021, con número único de caso 1003202104591; misma que remitió en atención al requerimiento realizado por este juzgado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Por ende, una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 252/2021-IX, promovido por Jackeline López Cervantes y Carlos Omar Godínez Arévalo, por sí y en representación de su menor hija de iniciales V.L.G.L., contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado y remitido en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, Jackeline López Cervantes y Carlos Omar Godínez Arévalo comparecieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en los términos siguientes: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) El ilegal resguardo, disposición y retención de nuestra menor hija V.L.G.L., decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora para que nuestra menor hija se quede al cuidado de su abuela materna, quien de manera dolosa ha sorprendido a la Fiscalía juntamente con su hija una policía de investigación que trabaja ahí. B) De la autoridad señalada C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito la Unidad de delitos sexuales de la fiscalía especializada para la retención de los delitos de violencia familiar y de género.". En ese ocurso, los promoventes narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En auto de veintitrés del mes y año mencionados, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el expediente número 252/2021-IX, y previno a los promoventes para que, entre otras cosas, precisaran el carácter con el que accionaban y el acto que en concreto reclamaban. Dicho requerimiento lo solventaron oportunamente en los términos de su escrito de doce de abril de dos mil veintiuno.1 TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación y se dio la debida intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Adscripción. Además, toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de una menor de edad, a fin de garantizar sus intereses, este juzgado federal determinó designarle un representante especial adscrito a la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente. 1 Fojas 20 y 21, del expediente en que se actúa. Asimismo, por acuerdo de veintisiete de octubre del año mencionado, se reconoció el carácter de tercera interesada a Emilia Cervantes Cervantes, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectuó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se comunicó a las partes que a partir del uno de diciembre siguiente, el que ahora resuelve funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021 remitido en alcance, suscritos por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, el veintidós de junio de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que este órgano federal tiene competencia mixta y se impugna un acto de autoridad cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.".2 De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.".3 En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Fiscal General del Estado de Michoacán, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, así como del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales adscrito a dicha fiscalía especializada: ? El acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación MOR/053/22456/2021, con número único de caso 1003202104591, que se instruye en contra de Nicolás Godínez Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pornografía de personas menores 2 Época: Novena Época; Registro: 181810; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Materia(s): Común; Tesis: P. VI/2004; Página: 255. 3 Época: Novena Época; Registro: 192097; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 40/2000; Página: 32. de edad y/o lo que resulte, en agravio de la menor de iniciales V.L.G.L.; mediante dicha determinación se ordenó realizar la entrega provisional de la infanta a favor de la denunciante Emilia Cervantes Cervantes, en aras de proteger su seguridad e integridad. De la Dirección de la Policía de Investigación Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género: ? La ejecución de la orden anteriormente descrita. TERCERO. Inexistencia. Al rendir sus informes justificados las autoridades ordenadoras, Fiscal General del Estado y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, negaron la existencia del acto en lo que hace a sus respectivas competencias.4 La responsable ejecutora, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada mencionada, también negó categóricamente la existencia del acto.5 Lo anterior, sin que la solicitante de amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de las autoridades responsables antedicha. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO 4 Fojas 32 y 33, así como 251. 5 Foja 233. DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.".6 De manera al no quedar desvirtuada la negativa de las autoridades señaladas y no demostrarse la existencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado que se atribuye a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género, dado que en su informe justificado hizo manifestaciones en ese sentido.7 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.".8 Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas relativas a la carpeta de investigación MOR/053/22456/2021, con número único de caso 1003202104591, en donde obra el 6 Época: Octava Época; Registro: 227634 ; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989; Materia(s): Común; Tesis: VI. 2o. J/20; Página: 627. 7 Fojas 69 y 72. 8 Época: Quinta Época; Registro: 1002815; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto; Materia(s): Común; Tesis: 749; Página: 830. acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, que se reclama en este juicio constitucional.9 Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, al haber sido autenticadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se destacan las siguientes actuaciones que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El cinco de febrero de dos mil veintiuno, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género, Emilia Cervantes Cervantes, abuela de la menor de iniciales V.L.G.L., presentó denuncia sobre hechos constitutivos de delito de pornografía de personas, en agravio de la mencionada infanta. 2. Dicha denuncia dio lugar a la carpeta de investigación MOR/053/22456/2021, con número único de caso 1003202104591, e inmediatamente se ordenaron realizar los actos de investigación pertinentes, entre ellos, se llevó a cabo la escucha de la menor con la asistencia de la perito en psicología adscrita a la fiscalía especializada, Sara Natalia Gallegos Negrete, y se asentó lo siguiente: "Mi nombre es V., tengo 05 años, yo tengo dos familiar, yo vivo con mis abuelos se llama abuelo y mi abuelo OLVA, mi 9 Fojas 434 a 441, del tomo de pruebas. papá se llama OMAR, mi mamá se llama JACKELINE, mi papá trabaja en el terreno, mi abuelo no sé donde trabaja, mi abuela no trabaja, la vez cuando mi mamá no me llevaba unos días con mi tita quien también es mi mamá, un día que era de mañana, yo estaba sola en la casa con mi abuelo, en su casa vivimos y mi abuela estaba en la cocina y mi abuelo me dijo en secreto en el oído que subiera al cuarto para que hiciera un video, donde tenía bailara así (la menor se pone de pie, pone las manos sobre vagina moviéndolas en círculos y mueve su cuerpo en círculos) y me dijo que tenía que ser sin ropa y por eso yo me subí al cuarto donde dormimos mi mamá, mi papá CESAR y yo y entonces agarré mi teléfono que mi papá CESAR me dio que tiene color café atrás y lo puse recargado en la cama y me quité la ropa y entonces yo baile en la cámara del celular y le puse que grabara video y me puse a bailar y me agarré mi colita porque así me dijo mi abuelo que hiciera, entonces ya después le enseñé los videos a mi abuelo cuando baje a la sala donde estaba él, pero no sé qué hizo con el teléfono, luego yo le dije a mi mamá JACKELINE y ella vio los videos pero me dijo que yo no dijera a nadie.". 3. El propio cinco de febrero de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Púbico del conocimiento emitió acuerdo de entrega provisional de la menor de iniciales V.L.G.L., a favor de Emilia Cervantes Cervantes -su abuela materna-, quien a partir de dicho momento asume la responsabilidad plena de sus atenciones y cuidados, en pro del sano desarrollo físico y psicológico de la infanta, en el domicilio ubicado en calle Rafael Dávalos, número 42, colonia Agustín Arriaga Rivera en Morelia, Michoacán; por lo que se ordenó notificar el citado acuerdo a la progenitora Jackeline López Cervantes. Entre las consideraciones que justificaron esa decisión, se encuentra la relativa a que la menor de iniciales V.L.G.L. cohabita con el sujeto activo de nombre Nicolás Godínez Pérez -su abuelo paterno- en el domicilio ubicado en calle Emeterio González número 22, colonia Agustín Arriaga Rivera en Morelia, Michoacán; por lo que en aras de proveer la seguridad e integridad de la infanta como sujeto pasivo de los hechos constitutivos de delito, se optó porque su cuidado permaneciera a cargo de Emilia Cervantes Cervantes, hasta en tanto exista resolución judicial sobre su custodia definitiva y/o se emita diversa determinación por parte de la propia autoridad ministerial. 4. El mismo cinco de febrero de dos mil veintiuno, se notificó dicho acuerdo a Jackeline López Cervantes, quien firmó para constancia.10 5. En esa misma fecha se llevó a cabo la entrevista del testigo Carlos Omar Godínez Arévalo - padre de la menor-, quien manifestó lo pertinente en relación con los hechos investigados.11 6. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, la perito en psicología adscrita a la fiscalía especializada emitió dictamen en el que concluyó que Carlos Omar Godínez Arévalo no se encuentra apto para la convivencia con la menor de iniciales V.L.G.L.12 7. El veintidós siguiente, el mencionado progenitor Carlos Omar Godínez Arévalo compareció ante la autoridad ministerial a rendir ampliación de declaración.13 Hasta aquí los antecedentes. SEXTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano 10 Foja 74. 11 Fojas 95 y 96. 12 Fojas 139 a 141. 13 Foja 143 a 145. jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda fuera del término legal concedido para accionar. Los preceptos en mención establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos trascritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días hábiles, contados desde el día siguiente hábil al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del penúltimo de los numerales reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente hábil al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente hábil al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente hábil al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días hábiles dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. De la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días hábiles para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto no se declare su nulidad en la vía correspondiente. Al respecto ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.".14 La segunda forma para computar el plazo de quince días hábiles, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.".15 Por último, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto 14 Época: Novena Época; Registro: 193743; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo X, Julio de 1999; Materia(s): Común; Tesis: 1a. XIV/99; Página: 63. 15 Época: Quinta Época; Registro: 1002485; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común; Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Plazos y notificaciones; Materia(s): Común; Tesis: 419; Página: 447. reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo. De tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Ello tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VIA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo..." a quienes "...en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado." La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo.".16 Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien, se recuerda que los quejosos reclaman el acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación con número único de caso 1003202104591, que se instruye en contra de Nicolás Godínez Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pornografía de personas menores de edad y/o lo que resulte, en agravio de la menor de iniciales V.L.G.L. Mediante dicha determinación se ordenó realizar la entrega provisional de la infanta a favor de la denunciante y abuela materna Emilia Cervantes Cervantes. En ese sentido, debe destacarse que conforme a la relatoría de antecedentes previamente expuesta, se tiene presente que dicha determinación se notificó personalmente a Jackeline López Cervantes, el propio cinco de febrero de dos mil veintiuno. 16 Época: Novena Época; Registro: 200092; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 28/96; Página: 21. Mientras que el progenitor Carlos Omar Godínez Arévalo compareció a la indagatoria en esa misma fecha, mediante la entrevista levantada con relación a los hechos investigados. Entonces, se estima que el término de quince días hábiles que contaban los quejosos para accionar corrió del ocho al veintiséis de febrero dos mil veintiuno, excluyendo sábados y domingos, pues a partir del cinco anterior se hicieron sabedores del acto reclamado -ya sea a través de la notificación formal, o bien, su comparecencia a la indagatoria-. Así, toda vez que la demanda se ingresó el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es de concluirse que ésta se presentó de manera extemporánea. Máxime que, por lo que hace a Carlos Omar Godínez Arévalo, si bien en el acuerdo reclamado no se ordenó su notificación personal -en cuanto padre de la menor-, lo cierto es que éste compareció a la investigación mediante su entrevista, el dieciséis posterior se emitió dictamen pericial sobre su evaluación psicológica respecto de la convivencia con la menor; y, el veintidós siguiente compareció nuevamente a rendir ampliación de declaración. De ahí que se estime que con dichos actos se ostentó sabedor del acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó la entrega de su menor hija a favor de Emilia Cervantes Cervantes, pues como queda visto su intervención dentro de la indagatoria no solo tiene íntima relación con los hechos investigados, sino también con la medida de protección emitida por la autoridad responsable. Por lo anterior, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido la demanda dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos. Lo que condice a dictar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.".17 Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jackeline López Cervantes y Carlos Omar Godínez Arévalo, por sí y en representación de su menor hija de iniciales V.L.G.L., por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 252/2021 promovido por Carlos Omar Godinez Arévalo y Jackeline López Cervantes, por derecho propio y en representación de su hija menor de edad Venuz Lizheli Godínes López, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de terceros interesados a Emilia Cervantes Cervantes, quien fue emplazada y se apersonó en juicio. También se hace constar que en este asunto se designó como representante especial de la menor indicada en líneas que anteceden a Alejandro Cortés León . Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: a) Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del titular de dicha Fiscalía, con sede en esta ciudad. b) Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. c) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. d) Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto obran las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito aclaratorio de demanda, así como la que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación MOR/053/22456/2021, con número único de caso 1003202104591. De igual forma, las correspondientes a la parte quejosa, consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que hicieron manifestaciones en esta vía la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, la tercera interesada Emilia Cervantes Cervantes, los quejosos Jackeline López Cervantes y Carlos Omar Godínes Arévalo, así como el representante especial de la menor Venuz Lizheli Godínes López. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA. SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍACon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Y SE ASUME EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Agréguese únicamente para que obre como corresponda a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a través del cual tiene por recibida la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa. Por tanto, se toma conocimiento de que el homologo federal se avoca en el asunto el que queda registrado con el número 610/2022 de su índice. Por otro lado, como lo solicita remítase copia certificada de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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