Carlos Ojeda Pérez

Expediente 116/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
116/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
19/05/2017

Partes del expediente

  • CARLOS OJEDA PÉREZ y Otros.
  • Carlos Ojeda Pérez
  • NATIVIDAD GARCÍA GARCÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos copia del oficio 435/2017-V, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visto su contenido, infórmese que por auto de diecisiete de febrero del año en curso, causó estado el acuerdo de treinta de enero de la presente anualidad, mediante el cual se desechó por improcedente la demanda de garantías, ordenándose el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Remítanse copias certificadas del presente sumario, para que surtan sus efectos dentro del amparo directo DT-300/2017. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos, la certificación del Secretario y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto Recurso de Queja contra el auto de treinta de enero del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil diecisiete. Incorpórese al expediente el escrito signado por el quejoso CARLOS OJEDA PÉREZ, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su artículo 2°, como lo solicita expídase a su costa copias certificadas de las constancias que indica, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores de este juzgado, previa identificación y razón que obre en autos, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona en su ocurso de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Carlos Ojeda Pérez, Natividad García García, Fanyuni Cruz García, Mario Roldan González, Ana Laura Vázquez Meneses y Rodolfo Espinoza Aguirre desahogan el requerimiento que se les formuló en proveído de veinte de enero de dos mil diecisiete; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Carlos Ojeda Pérez, Natividad García García, Fanyuni Cruz García, Mario Roldan González, Ana Laura Vázquez Meneses y Rodolfo Espinoza Aguirre señalan como acto reclamado, lo siguiente: La interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente D-593/2011, que resolvió como procedente el incidente de nulidad interpuesto por el síndico municipal del Ayuntamiento de Tlahuapan, Puebla, ante la omisión del Tribunal de Arbitraje de acordar lo relativo al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil catorce, por el que señalo nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, ordenándose, en consecuencia, la regularización del procedimiento desde la fecha en que incurrió la violación procesal, es decir, desde la emisión del acuerdo de tres de junio de dos mil catorce. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que respecto a los actos reclamados en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte promovente reclama la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente D-593/2011, que resolvió como procedente el incidente de nulidad interpuesto por el síndico municipal del Ayuntamiento de Tlahuapan, Puebla, ante la omisión del Tribunal de Arbitraje de acordar lo relativo al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil catorce, por el que señalo nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, ordenándose, en consecuencia, la regularización del procedimiento desde la fecha en que incurrió la violación procesal, es decir, desde la emisión del acuerdo de tres de junio de dos mil catorce. En tal sentido, la referida determinación no constituye un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el expediente de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de las posibles violaciones procesales que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente D-593/2011, que resolvió como procedente el incidente de nulidad interpuesto por el síndico municipal del Ayuntamiento de Tlahuapan, Puebla, ante la omisión del Tribunal de Arbitraje de acordar lo relativo al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil catorce, por el que señalo nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, ordenándose, en consecuencia, la regularización del procedimiento desde la fecha en que incurrió la violación procesal, es decir, desde la emisión del acuerdo de tres de junio de dos mil catorce, dicha determinación no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; en consecuencia se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el expediente de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de mérito.

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