Carlos Octavio Morales Medina
Expediente 1216/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Carlos Octavio Morales Medina
Actuaciones
- Principal
1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve **********, contra actos del Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1216/2023, tanto en el libro de control respectivo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 5. Domicilio y autorizado para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *********** Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***********, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 5.1 Comunicaciones no procesales. Asimismo, téngase a la parte quejosa proporcionando número de teléfono y correo electrónico para efectos de lograr comunicación de carácter no procesal. 6. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 7. Señalamiento de autoridad. Se tiene como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. 8. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 8.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 9. Pruebas. La parte quejosa ofrece pruebas documentales, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. 10. Tercero interesado. Se reserva acordar lo conducente respecto al tercero interesado, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 13. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 14. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE), DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; no habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].
- Incidental
1. Formación de incidente y acto reclamado. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado el incidente de suspensión promovido por *************** contra actos del Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, consistentes en el emplazamiento realizado el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide únicamente la suspensión de los actos reclamados para efecto de que no se le prive la posesión ni la propiedad de sus bienes. 5. Pruebas. La parte quejosa exhibió como pruebas de su intención: ************ Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. 6. Interés suspensional. Este juzgado de Distrito estima que se tiene demostrado el interés suspensional de la parte quejosa, tomando en consideración las pruebas documentales que acompaña, así como las manifestaciones que realiza bajo protesta decir verdad, en el sentido de que tiene el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ********************, de donde deriva el acto que reclama. 7. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, establece como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de la autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. Ahora bien, del análisis preliminar de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, así como de los elementos que hasta el momento obran en autos, puede afirmarse válidamente que, hasta el momento, se advierte un aparente derecho de la parte quejosa a que sean respetadas sus prerrogativas fundamentales respecto al derecho de garantía de audiencia, sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendiendo a los elementos de juicio que se alleguen en el procedimiento. 8. Peligro en la demora. El peligro en la demora involucra una estimación de mera probabilidad que de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas quedarán consumadas, de forma que sea difícil o imposible su reparación, y desaparecerá la materia del amparo, como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto. Por ello, cuando pueda darse el efecto restaurativo excepcional, provisional y anticipado a la suspensión del acto, debe involucrarse el tema de si existe verdadero peligro que de no darse a la suspensión el efecto referido y las violaciones aducidas se consumen, se tornaría difícil o incluso imposible repararlas en la sentencia de amparo, con lo que se perdería la materia de fondo del juicio principal. En ese orden de ideas, se encuentra justificado el peligro en la demora, en virtud de que la parte quejosa se está viendo afectada en su esfera jurídica impersonal e indirectamente por un acto de autoridad pronunciado en un juicio en el que considera fue ilegalmente llamada al mismo, a través del emplazamiento que ahora combate, con lo que se afectarían de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa. 9. Afectación al interés social. Cabe enfatizar que en principio la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la suspensión no ocasionaría perjuicios al interés social. Ello, dado que si bien, el interés público consiste en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, también lo es que únicamente puede concebirse cuando la parte quejosa ha sido escuchada en la contienda respectiva; por lo que si de las manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, aducidas por la parte quejosa se advierte que le resulta el carácter de demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, no hay afección al interés social con la medida cautelar. 10. Inobservancia de normas de orden público. En los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia de la suspensión, entre otros, que no se contravengan disposiciones de orden público, y se señala una serie de supuestos frente a los cuales no se debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, es posible conceder la medida cautelar, toda vez que no se le priva a la colectividad de alguna la satisfacción de necesidades o beneficio, contenidas en dichas normas, al estar involucrado únicamente el derecho de la parte quejosa de intervenir en el proceso jurisdiccional y oponerse a la pretensión de la persona accionante. 11. Concesión de la suspensión provisional. En relación con las consecuencias del acto reclamado y en virtud de existir solicitud expresa al respecto, no seguirse perjuicio al interés social, ni contravenirse disposiciones de orden público y que de no otorgarse se infligirían a la parte quejosa daños o perjuicios de difícil reparación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 136 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se lleve a cabo embargo alguno sobre bienes del quejoso, con motivo de la diligencia de emplazamiento que se llevó a cabo el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil ********************; lo anterior, siempre y cuando hasta el no haya sucedido y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. 11.1 Requisitos de efectividad. La presente suspensión provisional concedida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de tenerlos si dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado, la parte quejosa no cumple con el siguiente requisito: a) Exhiba garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en la inteligencia de que si opta por póliza de fianza, en ésta, la afianzadora deberá señalar domicilio en esta ciudad, e insertar además, que se somete a la jurisdicción de los tribunales residentes en esta localidad, para en caso de litigio, tal como lo previene el artículo 2802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, acorde a su numeral 183; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, importe que se fija en forma discrecional, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiese ocasionar al tercero interesado, con motivo de la suspensión, en caso de no obtener sentencia favorable en cuanto al fondo, sin perjuicio de que dicha garantía sea modificada en base a mayores datos de convicción que se aporten a estos autos. 12. Determinación provisional. En atención a lo manifestado por la parte quejosa, lo procedente conforme a derecho es conceder la suspensión provisional solicitada, hasta que una vez que se rinda el informe previo se cuente con mayores elementos para mejor proveer. 13. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rinda su informe previo. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes en cada oficio. 14. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].
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