Carlos Octavio Cosio Mayorquín

Expediente 4/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Octavio Cosio Mayorquín

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 163/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, relativo al juicio de amparo indirecto 230/2021, que se envió a efecto de que por su conducto se sirviera llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de CARLOS ROJO DÍAZ e ISRAEL SALAZAR NAVARRO; en consecuencia, dese de baja en el libro de Exhortos y Despachos y acúsese recibo de estilo. Se tienen por recibidas las constancias relativas al desahogo de la citada probanza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso CARLOS OCTAVIO COSIO MAYORQUÍN; a través del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito, mediante proveído de cinco de enero del año en curso. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (...) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los preceptos en cita, se obtiene que en relación a los actos dictados fuera de juicio o después de??????????? concluido, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, en los que tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y específicamente, tratándose de remates, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, como excepción a la regla general que contiene la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que no constituyan la última resolución, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción V citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: 1) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y; 2) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente (regla general), y; b) Cuando el acto reclamado dictado en ejecución de sentencia y que no constituye la última resolución, vulnere derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (regla de excepción).????????? Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 108/2010 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Lo anterior es así, porque el mencionado párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Ahora, el aquí quejosa reclama en su demanda de amparo a la autoridad responsable, el acto siguiente: "De las autoridades señaladas como responsables RECLAMO EL AUTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE AÑO 2021 dictado dentro del expediente número 776/2015 promovido por los terceros interesados en contra del suscrito mediante el cual la autoridad responsable desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 9 de diciembre de 2021 que no admitido a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el suscrito en contra de la diligencia de deslinde de propiedad y entrega de posesión que se llevó a cabo en fecha 2 de diciembre de 2021 sin haber citado al suscrito a la misma." Por otra parte, en su escrito aclaratorio presentado ante este juzgado el trece de enero de la presente anualidad, el quejoso bajo protesta decir verdad, precisó lo siguiente: ".Manifiesto que la condena impuesta mediante sentencia de fecha 13 de julio de 2018 dentro de los autos del juicio de origen expediente 776/2015 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit, consistió y/o fue la siguiente: PRIMERO. Se declaró disuelta la copropiedad existente entre el suscrito y la parte actora en el juicio????????? de origen JAVIER COSIO MAYORQUÍN Y/O OTROS en relación con el bien inmueble identificado como predio rústico denominado Coapinole ubicado en las inmediaciones y al sur del margen izquierdo del río, Acaponeta, Nayarit, en este municipio con una extensión superficial total aproximada de 36-00-00 treinta y seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas de temporal; y 122-00-00 ciento veintidós hectáreas, cero áreas, cero centiáreas de agostero, siendo una superficie total del predio de 158-00-00 ciento cincuenta y ocho hectáreas, cero áreas, cero centiáreas en forma de rectángulo irregular, amparado con certificado de inafectabilidad número 29594 de fecha primero de agosto de 1949, mil novecientos cuarenta y nueve, inmueble registrado en el registro público de la propiedad y del comercio de la ciudad de Tecuala, Nayarit, el día 23 de mayo de 1991, en el tomo XIV sección I, serie A, Bajo partida número 74, según consta en la escritura pública número 428 de fecha 21 de junio de 1989. SEGUNDO. Se determinó condenar al suscrito quejoso a la división de la copropiedad del inmueble mencionado en el punto anterior, dejando para ejecución de sentencia la partición y la adjudicación correspondiente a cada codueño si estos no llegan a un acuerdo voluntario mediante el procedimiento establecido en el artículo 350 del código de procedimientos civiles para el estado de Nayarit. (.) Ahora, en el capítulo de antecedentes de su demanda la parte quejosa señaló, lo siguiente: 1. Ante el juzgado mixto de primera instancia de la ciudad de Acaponeta, Nayarit, se encuentra en trámite de ejecución la sentencia dictada en fecha 13 de julio de 2018 dentro del expediente número 776/2015 que promovieron los terceros interesados en contra del suscrito demandado la división de cosa común en relación con el bien inmueble identificado como el predio rustico denominado el Coapinole ubicado a inmediaciones y al sur del margen izquierdo del rio Acaponeta, Nayarit, del mismo municipio con una superficie de 173-33 hectáreas, inmueble que file adquirido en copropiedad por CARLOS OCTAVIO COSIO MAYORQUIN Y JAVIER COSIO MAYORQUIN mediante contrato de compraventa celebrado en fecha 21 de junio de 1989. 2. En fecha 2 de diciembre de 2021 a las 9:30 horas se apersono en el inmueble materia del juicio de origen la parte actora del mismo y aquí tercera interesada en compañía del secretario de acuerdos en funciones de ejecutor de dicho juzgado para llevar a cabo la diligencia de deslinde y medición del inmueble materia del juicio y delimitar físicamente la porción de terreno que le corresponde a cada una de las partes atendiendo a la sentencia que concedió a dividir dicho inmueble. 3. Es el caso de que dicha diligencia el suscrito no fue citado y esta se llevó a cabo sin mi presencia ya que no fui notificado de la fecha y hora en la cual se llevaría a cabo la misma, actuaciones que considere ilegal y violatorio de mis derechos de audiencia y defensa por lo que en fecha 3 de diciembre de 2021 promoví incidente de nulidad de actuaciones en contra de la misma a lo cual la autoridad responsable con fecha 6 de diciembre de 2021 dicto acuerdo mediante el cual determino no admitir dicho incidente por considerar el mismo frívolo e improcedente. (.)" Tales manifestaciones constituyen una confesión expresa la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, y son suficientes para comprobar la actualización de la referida causa de improcedencia en atención a las siguientes consideraciones: I.- El juicio origen 776/2015 de donde emana el acto reclamado actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en dicho juicio el aquí quejoso CARLOS OCTAVIO COSIO MAYORQUÍN, le reviste el carácter de parte procesal -parte demanda-, y fue condenado a la división de la copropiedad del bien inmueble materia de la litis. II.- Que el dos de diciembre de veintiuno se apersonó en el inmueble materia de la litis la parte actora y el secretario de acuerdos en funciones de ejecutor de dicho juzgado para llevar a cabo la diligencia de deslinde y??????????? medición del inmueble de mérito y delimitar físicamente la porción de terreno que le corresponde a cada una de las partes. III.- Que por afirmación del aquí quejoso dicha diligencia de ejecución de sentencia se llevó a cabo sin su presencia ya que no fue notificado de la fecha y hora en la cual se llevaría a cabo la misma, por lo que el tres de diciembre de dos mil veintiuno promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la misma el cual no fue admitido por la autoridad responsable mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno. IV.- Que en contra de dicho acuerdo es que se interpuso recurso de revocación el cual se desechó por las razones precisadas en el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, determinación aquí reclamada. De esta manera se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, pues el efecto de no admitir el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual no se admitió el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por su parte por estimar que no fue citado para la diligencia de ejecución, es inconcuso que a la postre dicha circunstancia tiene que ver con actos relativos a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origendiligencia de dos de diciembre de dos mil veintiuno; de ahí que el acto reclamado no constituya la última determinación practicada en ese procedimiento, aunado a que como ya se analizó, dicha determinación no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa requisito sine qua non para la procedencia del amparo indirecto. Bajo esa hipótesis, es incuestionable que en su caso, deberá atacarse al momento en que se recurra la resolución que se dicte como último acto de ejecución en cumplimiento al laudo definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 32/2001, visible en la Página 31, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ULTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige par la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'ultima resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el???????????? Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En las condiciones anotadas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por CARLOS OCTAVIO COSIO MAYORQUÍN, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, cinco de enero de dos mil veintidós En virtud que el suscrito únicamente me encuentro fungiendo como Encargado del Despacho autorizado únicamente para practicar diligencias, dictar providencias de mero trámite y dictar resoluciones de carácter urgente, conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43, de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; consecuentemente, al no ser una cuestión de mero trámite ni de carácter urgente la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere misma y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

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