Carlos Ocadiz Flores
Expediente 837/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Ocadiz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 837/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el trece de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, a la parte tercero interesada Cablemas Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Apoyo Telefónico, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 837/2018-II-B, promovido por Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, recibida el veintiséis siguiente en este juzgado, Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso se previno al promovente para que acreditara la personalidad con que compareció (fojas 8 y 9). Una vez subsanada, la demanda se admitió a trámite por acuerdo de ocho de junio actual; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 16 a 19). El seis de julio de dos mil dieciocho se emplazó a juicio a las terceras interesadas Cablemás Telecomunicaciones S.A. de C.V. y Apoyo Telefónico S.A. de C.V. (fojas 51 a 55). Por auto de quince de junio del año que trascurre se requirió a la parte quejosa para que manifestara por escrito si era su deseo señalar como autoridad responsable a los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 29 y 30), sin embargo, como se verá más adelante, no hizo manifestación alguna TERCERO. Seguida la secuela procesal, por auto de cinco de julio de este año se fijaron las once horas con doce minutos del seis de agosto de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional (foja 56). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado del Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en: La omisión de notificar a los testigos la fecha señalada en autos del juicio laboral 463/14 para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. TERCERO. Consideración previa. Como se advierte de la certificación secretarial que antecede, toda vez que transcurrió el plazo otorgado al impetrante por auto de quince de junio de dos mil dieciocho sin que hubiese señalado como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no obstante encontrarse debidamente notificado, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, por tanto, se tiene únicamente como autoridad responsable y acto reclamado, a los señalados en el escrito inicial de demanda. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje al rendir su informe justificado, quien exhibió copia certificada de la actuación de cuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 28), de la que se advierte que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje señaló las diez horas del cuatro de julio de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 463/14 y comisionó al Actuario responsable para que notificara a los atestes en los domicilios señaladas en autos del controvertido de origen; la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar, de oficio, si se actualiza alguna. Respecto a la omisión por parte del Actuario de citar a los testigos para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el expediente laboral 463/14 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII con relación al 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". El primero de los dispositivos legales contempla que, en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, si existe un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, párrafo II, establece que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el diverso 108, fracción III, contiene el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En ese orden de ideas, a pesar de la certeza de la omisión en citar a los testigos para el desahogo de la prueba testimonial a su cargo; acto que en la demanda de garantías se atribuyó a la autoridad Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Resulta conveniente precisar que está probado en autos que dentro del juicio laboral de origen, por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje comisionó al Actuario de su adscripción para que se sirviera notificar a los atestes en los domicilios señalados en dicho expediente. Sin embargo, como quedó plasmado en el considerando tercero de la presente resolución, ante la falta de señalamiento por parte del quejoso de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje quienes fueron los que comisionaron al Actuario para que citara a los testigos indicados, el suscrito requirió personalmente al impetrante para que manifestara por escrito si era su deseo señalar a dicha autoridad; no obstante lo anterior, a pesar de estar notificado, no hizo manifestación alguna dentro del plazo concedido, razón por la cual se le tuvo por desinteresado en el señalamiento como responsable a la referida autoridad laboral y se tuvo únicamente como tal al Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio en virtud de no ser posible analizar la constitucionalidad de la omisión reclamada al Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en citar a los atestes para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, al no haber sido designada como responsable la autoridad que lo ordenó, esto es, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente porque al no ser llamada a juicio, no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad del acto que ordenó. Lo anterior es así ya que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en esta clasificación quedan comprendidos los funcionarios que ordenaron la citación de los atestes en el domicilio que de ellos obra en el expediente laboral 463/14, por las siguientes razones: I. Porque la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje comisionó al Fedatario responsable para que citara a los testigos y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el expediente laboral 463/14, el Actuario únicamente lleva a cabo las actuaciones que le encomiendan los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso, el Presidente ejecutor, en consecuencia; III. Es a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es la que conoce los pormenores del expediente laboral de origen. En efecto, el actuario debe practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, una vez que lo ordene la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso, el Presidente ejecutor y, por ende, al no señalar a la autoridad que materialmente ordenó la actuación cuya omisión se combate en amparo, no es factible jurídicamente, sin trasgredir los principios rectores del juicio de amparo, analizar su constitucionalidad y, por ende, como se dijo lo pertinente es sobreseer en el juicio. Es aplicable la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113 del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE." Así mismo, apoya a lo anterior, en lo conducente la tesis XV. 1o. 31 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 283 del rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.". Sin soslayar el hecho de que obre agregada en autos copia certificada del auto de cuatro de abril anterior emitido en el juicio laboral 463/14 por el cual los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos comisionaron al Actuario para que notificara a los atestes en su domicilio, porque aquella ordenó la diligencia cuya omisión combate, habida cuenta que tal circunstancia precisamente la vincula al reclamo que se formula, precisamente porque constituye la falta de atención a un mandato legítimo cuya inobservancia le es reprochable al haberlo emitido y correspondería velar por el debido desarrollo del juicio, máxime que como se indicó, las atribuciones y facultades del Actuario de su adscripción encuentran sustento y por ende dependería jerárquicamente, en lo ordenado por la Junta, de ahí que no se factible escindir el análisis del acto de autoridad ante el desinterés de la parte quejosa en llamar a los integrantes de la Junta Especial Número treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es que se sobresea en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve; ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para el efecto señalado en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy trece de agosto de dos mil dieciocho en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 837/2018-II-B, promovido por Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, recibida el veintiséis siguiente en este juzgado, Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso se previno al promovente para que acreditara la personalidad con que compareció (fojas 8 y 9). Una vez subsanada, la demanda se admitió a trámite por acuerdo de ocho de junio actual; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 16 a 19). El seis de julio de dos mil dieciocho se emplazó a juicio a las terceras interesadas Cablemás Telecomunicaciones S.A. de C.V. y Apoyo Telefónico S.A. de C.V. (fojas 51 a 55). Por auto de quince de junio del año que trascurre se requirió a la parte quejosa para que manifestara por escrito si era su deseo señalar como autoridad responsable a los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 29 y 30), sin embargo, como se verá más adelante, no hizo manifestación alguna TERCERO. Seguida la secuela procesal, por auto de cinco de julio de este año se fijaron las once horas con doce minutos del seis de agosto de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional (foja 56). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado del Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en: La omisión de notificar a los testigos la fecha señalada en autos del juicio laboral 463/14 para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. TERCERO. Consideración previa. Como se advierte de la certificación secretarial que antecede, toda vez que transcurrió el plazo otorgado al impetrante por auto de quince de junio de dos mil dieciocho sin que hubiese señalado como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no obstante encontrarse debidamente notificado, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, por tanto, se tiene únicamente como autoridad responsable y acto reclamado, a los señalados en el escrito inicial de demanda. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje al rendir su informe justificado, quien exhibió copia certificada de la actuación de cuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 28), de la que se advierte que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje señaló las diez horas del cuatro de julio de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 463/14 y comisionó al Actuario responsable para que notificara a los atestes en los domicilios señaladas en autos del controvertido de origen; la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar, de oficio, si se actualiza alguna. Respecto a la omisión por parte del Actuario de citar a los testigos para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el expediente laboral 463/14 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII con relación al 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". El primero de los dispositivos legales contempla que, en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, si existe un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, párrafo II, establece que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el diverso 108, fracción III, contiene el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En ese orden de ideas, a pesar de la certeza de la omisión en citar a los testigos para el desahogo de la prueba testimonial a su cargo; acto que en la demanda de garantías se atribuyó a la autoridad Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Resulta conveniente precisar que está probado en autos que dentro del juicio laboral de origen, por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje comisionó al Actuario de su adscripción para que se sirviera notificar a los atestes en los domicilios señalados en dicho expediente. Sin embargo, como quedó plasmado en el considerando tercero de la presente resolución, ante la falta de señalamiento por parte del quejoso de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje quienes fueron los que comisionaron al Actuario para que citara a los testigos indicados, el suscrito requirió personalmente al impetrante para que manifestara por escrito si era su deseo señalar a dicha autoridad; no obstante lo anterior, a pesar de estar notificado, no hizo manifestación alguna dentro del plazo concedido, razón por la cual se le tuvo por desinteresado en el señalamiento como responsable a la referida autoridad laboral y se tuvo únicamente como tal al Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio en virtud de no ser posible analizar la constitucionalidad de la omisión reclamada al Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en citar a los atestes para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, al no haber sido designada como responsable la autoridad que lo ordenó, esto es, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente porque al no ser llamada a juicio, no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad del acto que ordenó. Lo anterior es así ya que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en esta clasificación quedan comprendidos los funcionarios que ordenaron la citación de los atestes en el domicilio que de ellos obra en el expediente laboral 463/14, por las siguientes razones: I. Porque la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje comisionó al Fedatario responsable para que citara a los testigos y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el expediente laboral 463/14, el Actuario únicamente lleva a cabo las actuaciones que le encomiendan los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso, el Presidente ejecutor, en consecuencia; III. Es a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es la que conoce los pormenores del expediente laboral de origen. En efecto, el actuario debe practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, una vez que lo ordene la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso, el Presidente ejecutor y, por ende, al no señalar a la autoridad que materialmente ordenó la actuación cuya omisión se combate en amparo, no es factible jurídicamente, sin trasgredir los principios rectores del juicio de amparo, analizar su constitucionalidad y, por ende, como se dijo lo pertinente es sobreseer en el juicio. Es aplicable la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113 del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE." Así mismo, apoya a lo anterior, en lo conducente la tesis XV. 1o. 31 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 283 del rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.". Sin soslayar el hecho de que obre agregada en autos copia certificada del auto de cuatro de abril anterior emitido en el juicio laboral 463/14 por el cual los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos comisionaron al Actuario para que notificara a los atestes en su domicilio, porque aquella ordenó la diligencia cuya omisión combate, habida cuenta que tal circunstancia precisamente la vincula al reclamo que se formula, precisamente porque constituye la falta de atención a un mandato legítimo cuya inobservancia le es reprochable al haberlo emitido y correspondería velar por el debido desarrollo del juicio, máxime que como se indicó, las atribuciones y facultades del Actuario de su adscripción encuentran sustento y por ende dependería jerárquicamente, en lo ordenado por la Junta, de ahí que no se factible escindir el análisis del acto de autoridad ante el desinterés de la parte quejosa en llamar a los integrantes de la Junta Especial Número treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es que se sobresea en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve; ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para el efecto señalado en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy trece de agosto de dos mil dieciocho en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de trece de agosto del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 837/2018-II-B, promovido por Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, recibida el veintiséis siguiente en este juzgado, Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso se previno al promovente para que acreditara la personalidad con que compareció (fojas 8 y 9). Una vez subsanada, la demanda se admitió a trámite por acuerdo de ocho de junio actual; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 16 a 19). El seis de julio de dos mil dieciocho se emplazó a juicio a las terceras interesadas Cablemás Telecomunicaciones S.A. de C.V. y Apoyo Telefónico S.A. de C.V. (fojas 51 a 55). Por auto de quince de junio del año que trascurre se requirió a la parte quejosa para que manifestara por escrito si era su deseo señalar como autoridad responsable a los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 29 y 30), sin embargo, como se verá más adelante, no hizo manifestación alguna TERCERO. Seguida la secuela procesal, por auto de cinco de julio de este año se fijaron las once horas con doce minutos del seis de agosto de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional (foja 56). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado del Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en: La omisión de notificar a los testigos la fecha señalada en autos del juicio laboral 463/14 para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. TERCERO. Consideración previa. Como se advierte de la certificación secretarial que antecede, toda vez que transcurrió el plazo otorgado al impetrante por auto de quince de junio de dos mil dieciocho sin que hubiese señalado como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no obstante encontrarse debidamente notificado, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, por tanto, se tiene únicamente como autoridad responsable y acto reclamado, a los señalados en el escrito inicial de demanda. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje al rendir su informe justificado, quien exhibió copia certificada de la actuación de cuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 28), de la que se advierte que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje señaló las diez horas del cuatro de julio de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 463/14 y comisionó al Actuario responsable para que notificara a los atestes en los domicilios señaladas en autos del controvertido de origen; la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar, de oficio, si se actualiza alguna. Respecto a la omisión por parte del Actuario de citar a los testigos para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el expediente laboral 463/14 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII con relación al 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". El primero de los dispositivos legales contempla que, en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, si existe un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, párrafo II, establece que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el diverso 108, fracción III, contiene el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En ese orden de ideas, a pesar de la certeza de la omisión en citar a los testigos para el desahogo de la prueba testimonial a su cargo; acto que en la demanda de garantías se atribuyó a la autoridad Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Resulta conveniente precisar que está probado en autos que dentro del juicio laboral de origen, por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje comisionó al Actuario de su adscripción para que se sirviera notificar a los atestes en los domicilios señalados en dicho expediente. Sin embargo, como quedó plasmado en el considerando tercero de la presente resolución, ante la falta de señalamiento por parte del quejoso de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje quienes fueron los que comisionaron al Actuario para que citara a los testigos indicados, el suscrito requirió personalmente al impetrante para que manifestara por escrito si era su deseo señalar a dicha autoridad; no obstante lo anterior, a pesar de estar notificado, no hizo manifestación alguna dentro del plazo concedido, razón por la cual se le tuvo por desinteresado en el señalamiento como responsable a la referida autoridad laboral y se tuvo únicamente como tal al Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio en virtud de no ser posible analizar la constitucionalidad de la omisión reclamada al Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en citar a los atestes para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, al no haber sido designada como responsable la autoridad que lo ordenó, esto es, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente porque al no ser llamada a juicio, no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad del acto que ordenó. Lo anterior es así ya que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en esta clasificación quedan comprendidos los funcionarios que ordenaron la citación de los atestes en el domicilio que de ellos obra en el expediente laboral 463/14, por las siguientes razones: I. Porque la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje comisionó al Fedatario responsable para que citara a los testigos y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el expediente laboral 463/14, el Actuario únicamente lleva a cabo las actuaciones que le encomiendan los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso, el Presidente ejecutor, en consecuencia; III. Es a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es la que conoce los pormenores del expediente laboral de origen. En efecto, el actuario debe practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, una vez que lo ordene la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso, el Presidente ejecutor y, por ende, al no señalar a la autoridad que materialmente ordenó la actuación cuya omisión se combate en amparo, no es factible jurídicamente, sin trasgredir los principios rectores del juicio de amparo, analizar su constitucionalidad y, por ende, como se dijo lo pertinente es sobreseer en el juicio. Es aplicable la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113 del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE." Así mismo, apoya a lo anterior, en lo conducente la tesis XV. 1o. 31 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 283 del rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.". Sin soslayar el hecho de que obre agregada en autos copia certificada del auto de cuatro de abril anterior emitido en el juicio laboral 463/14 por el cual los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos comisionaron al Actuario para que notificara a los atestes en su domicilio, porque aquella ordenó la diligencia cuya omisión combate, habida cuenta que tal circunstancia precisamente la vincula al reclamo que se formula, precisamente porque constituye la falta de atención a un mandato legítimo cuya inobservancia le es reprochable al haberlo emitido y correspondería velar por el debido desarrollo del juicio, máxime que como se indicó, las atribuciones y facultades del Actuario de su adscripción encuentran sustento y por ende dependería jerárquicamente, en lo ordenado por la Junta, de ahí que no se factible escindir el análisis del acto de autoridad ante el desinterés de la parte quejosa en llamar a los integrantes de la Junta Especial Número treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es que se sobresea en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve; ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Carlos Ocadiz Flores por conducto de su apoderado legal Santos Armando Ramírez Lara, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para el efecto señalado en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy trece de agosto de dos mil dieciocho en que las labores del juzgado lo permitieron.
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