Carlos Obispo Felix Martínez

Expediente 620/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
620/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Carlos Obispo Felix Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SÍNTESIS DEL AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Ciudad Madero, Tamaulipas, a trece de junio de dos mil diecinueve. Visto; téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, por el cual remite el juicio de amparo 189/2019-II, de su índice, promovido por Carlos Obispo Félix Martínez, en contra de actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Tres, con sede en Tampico, Tamaulipas, y otras autoridades. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, por las razones expuestas en el proveído de diez de junio del año en curso, dictado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el juicio de amparo indirecto 189/2019-II, de su índice; este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata. En consecuencia, fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 620/2019-I-A; acúsese recibo al homólogo Federal declinante. DESECHAMIENTO Ahora, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así lo dispone la ley de la materia; y que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda. En el caso concreto, del examen del escrito de demanda de amparo se advierte que acude a esta instancia constitucional Carlos Obispo Félix Martínez; sin embargo, al respecto únicamente fue presentada copia simple de la demanda de amparo. Lo anterior, se traduce en que no existe instancia de parte agraviada, ya que el ocurso presentado es copia simple, y en vía de consecuencia no contiene firma autógrafa en original, lo que bajo ninguna óptica puede traducirse en la voluntad expresa del quejoso para promover el juicio de amparo al carecer de tal requisito, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que así fue presentada según se desprende del sello de recepción ante la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Tres, con sede en Tampico, Tamaulipas (foja 17), por lo que debe considerarse que se carece de manifestación expresa de la voluntad de Carlos Obispo Félix Martínez, para ejercitar la acción constitucional. Lo anterior es así, porque la firma autógrafa original no constituye un elemento de forma (formulismo), sino un requisito esencial (sine qua non), para dotar de validez y certeza jurídica un documento, en el caso al líbelo constitucional. Al respecto, cabe destacar que dentro de las constancias remitidas por el Juzgado de Distrito declinante, se aprecia el auto de veinticuatro de mayo del año en curso, a través del cual ordenó requerir a la autoridad responsable a efecto que le remitiera la demanda original presentada por el quejoso (fojas 12- 14) En consecuencia, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas, a través de su oficio UJ/1202/2019, remitió al homologo federal la demanda de amparo presentada por el quejoso, misma de la que informo no tenía certeza que fuera original (foja 16). Por lo tanto, no es posible requerir al Juzgado de Distrito, ni a la autoridad responsable el original de la promoción inicial de demanda; y mucho menos prevenir al quejoso, toda vez que la firma autógrafa de la demanda de amparo, no es un requisito de forma, sino un requisito esencial para dar validez al documento; resulta de aplicación la tesis de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE." En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo en estudio, se presentó en copia simple y por tanto resulta improcedente, ya que tal deficiencia, no puede ser materia de una prevención porque no es una de las irregularidades descritas en el artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual forma cabe precisar que el resto de las copias simples que se acompañan al escrito inicial de demanda (traslados), ninguna contiene firma autógrafa del promovente, en consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. De igual manera sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186, Quinta Parte, página 71, Séptima Época de rubro: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Asimismo resulta aplicable por las consideraciones que contempla la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA." En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Carlos Obispo Félix Martínez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de estrados de este órgano jurisdiccional por así haberlo solicitado el promovente en su escrito de demanda. Asimismo, téngase como sus autorizados en los términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a José Mario Hernández Guerrero y G. Dionicio Gómez, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese por lista de acuerdos con efectos de notificación personal al promovente. Así lo proveyó y firma la licenciada Nancy Juárez Salas, Jueza Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante el licenciado Luis Manuel Barraza Cepeda, Secretario con quien actúa y da fe.

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