Carlos o Carlos Gerardo Bermudez Pacheco
Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos o Carlos Gerardo Bermudez Pacheco
Actuaciones
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la parte quejosa mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos; por lo que se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del estudio de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: - La resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación hecho valer contra el auto de veintiuno de ese mes y año, por el cual el juez responsable designó como albaceas mancomunados a Carlos Bermúdez Pacheco o Carlos Gerardo Bermúdez Pacheco y a Ricardo Bermúdez Pacheco o Ricardo Ernesto Bermúdez Pacheco en el juicio sucesorio testamentario 1490/2013. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61 fracción XXIII y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El aludido dispositivo 61, fracción XXIII, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones allí previstas, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción V, del ordenamiento jurídico invocado en último lugar, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir, incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Al respecto es aplicable la jurisprudencia J. 43 29/89 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Bajo ese contexto, es necesario precisar en primer lugar, cuáles son los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación. Tales actos son aquellos en los que sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Ahora bien, los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I. 4o. C. J/2, visible en la página 827, Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." Aquí resulta necesario precisar que, como se señaló, en el artículo 107, fracción V, el legislador estableció que los actos de ejecución irreparable son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; lo cual, impide que dentro de ese concepto puedan incluirse actos que produzcan efectos meramente formales, incluso si se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. De ahí, que si se estima como principio que al operador de la norma no le es dable hacer distingos que su autor no hizo y que además, en este apartado el legislador precisó qué debe entenderse por afectación irreparable (en los términos apuntados), resulta inconcuso que no puede interpretarse para ampliar o variar en cualquier forma ese entendimiento, como ocurriría si se afirmara que ese tipo de afectación incluye lo referente a cuestiones procesales con implicaciones superlativas; tampoco debe hacerse tal ejercicio en búsqueda de un significado, que ya sin duda, fue asignado por el propio legislador y es así, que lo irreparable de actos en juicio para efectos del amparo, solo puede derivar del perjuicio, exclusivamente de lo sustantivo de los derechos y de que éste sea material; sin atender a lo superlativo de cuestiones procesales, porque de otro modo, se contravendría la intención del legislador que expresamente estableció cómo debe entenderse la hipótesis normativa de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, el acto que por esta vía combate la parte quejosa, es la resolución de treinta de junio de la anualidad en curso, que resolvió el recurso de revocación hecho valer contra el auto de veintiuno de este mes y año, por el cual se designaron albaceas mancomunados en el juicio sucesorio testamentario 1490/2013, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. En este contexto, es dable sostener que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado no tiene sobre el impetrante una ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico material, directo e inmediato en los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados por la Constitución General de la República, sino que se trata de una violación de carácter intraprocesal, puesto que únicamente versa sobre el nombramiento de albacea sobre dos personas, el cual tiene el carácter de ser adjetivo. Aunado a que el motivo de inconformidad podrá ser hecho valer en el juicio amparo directo que se promueva, en su caso, en contra de la última resolución que se dicte en la actual etapa en que se encuentra el juicio sucesorio de origen, esto es, al concluir la cuarta sección de partición y adjudicación origen, el accionante del amparo podrá impugnar cada una de las transgresiones de que fue objeto en esa etapa. Tampoco representa un obstáculo para su conclusión tal determinación, habida cuenta que en modo alguno paraliza el trámite respectivo que culminará con la resolución en la que, en su caso, se establezca cuales bienes forman parte o no del inventario respectivo. Apoya a lo anterior, por identidad de criterio, la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Asimismo, es aplicable, atendiendo a los razonamientos que la conforman, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1311, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso.". Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Carlos Bermúdez Pacheco y/o Carlos Gerardo Bermúdez Pacheco, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 919/2022-III que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos de los artículos 108, fracción V y 114, fracción I de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: 1. Señale en qué etapa se encuentra el juicio sucesorio testamentario 1490/2013, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México; toda vez que dicha información se estima necesaria, a fin de poder acordar lo conducente en cuanto a la procedencia del presente juicio de amparo. Lo anterior, dado que en sus antecedentes no se desprende con claridad esa información pues, por un lado, señala que se encuentran pendientes de adjudicar diversos bienes y, por otro, que no se ha resuelto un incidente de ampliación de inventario; lo que genera incertidumbre para resolver lo que en derecho corresponde respecto de su demanda. 2. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir sendos juegos de copias del mismo para cada una de las partes; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir en sus términos las prevenciones formuladas, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá como no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1235, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 16/2022, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 15:00 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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