Carlos Noel Ruiz Gonzalez

Expediente 1272/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1272/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Noel Ruiz Gonzalez

Actuaciones

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple del escrito de demanda de amparo y como se ordena en el cuaderno principal del juicio de amparo 1272/2023 que promueve ********************, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión que se solicita contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los derechos fundamentales que se consagran en los artículos 1°, 14, 16 y 20 Constitucionales. Para resolver sobre la suspensión provisional solicitada es necesario en principio atender a la naturaleza del acto reclamado a fin de apreciar si es o no susceptible de suspensión; la violación alegada; y, a la satisfacción de los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, que son: Que lo solicite el quejoso. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Por otra parte, el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; a su vez el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que promovida la suspensión del acto reclamado deberá efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, y en su caso acordará lo conducente respecto de tal medida cautelar. Por lo que atañe a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la Jurisprudencia 15/96, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera posibilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarara la inconstitucionalidad del acto reclamado, implicando con ello que debe atenderse al derecho violado y también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. De tal manera que el juzgador para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva (sentencia de fondo), si los actos impugnados son o no constitucionales. Esto es, el análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados y teniendo en cuenta siempre que la suspensión solo tiene el carácter provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. De manera que la apariencia del buen derecho deberá sopesarse con el perjuicio que pueda sufrir el interés social, esto es, si es mayor al daño que pueda fungir el quejoso, ya que la preservación del interés social está por encima del interés particular afectado. Del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama la resolución de doce de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Distrito Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en su calidad de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, en la causa penal ******************** de su índice, en la cual determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por su probable participación en el delito contra la salud; acto reclamado respecto del cual solicita se le conceda la suspensión provisional. Se actualiza el primero de los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar la solicitó el quejoso en su escrito inicial de demanda; asimismo, se demuestra el segundo, ya que con su otorgamiento, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, tomando en consideración que por interés social, se entiende la intención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico; asimismo, por orden público el sistema de norma de mayor importancia para conservar y encausar el orden en la sociedad. En primer término, es necesario destacar que sí procede la suspensión contra las medidas cautelares concedidas en un proceso penal y con efectos restitutorios por virtud de la figura de tutela provisional anticipada, cuando se reclama un acto que importa la privación de la libertad. Se sostiene lo anterior, en virtud de que si bien el tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo señala que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares -entre otros supuestos- concedidas por autoridad judicial, lo cierto es que esta disposición no es absoluta, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete, estableció que la referida porción normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo, y que pueden existir excepciones a ese lineamiento general, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna técnica o, incluso, alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida. Además, el Tribunal Pleno mencionó que bajo una interpretación, la norma aludida no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, en tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial, ya que en algunos casos pueden trascender a diversos derechos humanos, no solo de los procesados, sino también de las víctimas, testigos y de cualquier persona que participe en dicho proceso. Por ello, no hay impedimento para que el juzgador de amparo aplique los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el artículo 107, fracción X, constitucional. Asimismo, procede la suspensión con efectos restitutorios provisionales, ello porque el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Respecto de este punto, es importante establecer que de la contradicción de criterios 338/2022, emitida en sesión de doce de abril de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esencia, estableció que los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, consisten en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa en la sentencia (sobreseimiento o negativa del amparo), se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026730, Undécima Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por lo anterior, se puede afirmar que el órgano de amparo puede otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales, en caso de que, en uso de la apariencia del buen derecho (entre otros factores) advierta que la medida cautelar privativa de la libertad (como lo es la prisión preventiva) tenga matices de devenir inconstitucional y que pueda así declararse en la sentencia de fondo que se dicte en el expediente principal del juicio de amparo, pues precisamente a partir de los efectos expresos previstos en el artículo 163, fracción I, y segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, es posible realizar tal alcance en la suspensión del acto reclamado. Lo anterior teniendo en consideración que la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo tiene contexto en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en nuestro sistema jurídico en los artículos 17 Constitucional, correlativo en sede convencional al estar previsto en los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual estatuye la obligación del Estado de garantizar dicha prerrogativa mediante distintos mecanismos legales que satisfagan los estándares mínimos del derecho a un recurso efectivo, mismo que no solo debe estar previsto formalmente en la ley, sino que materialmente debe ser idóneo para lograr el objetivo para el cual fue diseñado, es decir, para obtener una tutela efectiva en contra de actos o normas lesivas de derechos fundamentales. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Contradicción de tesis 397/2016, sostuvo que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso, se encuentran las medidas cautelares como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, la cual tiene como finalidad conservar la materia de dicho medio de control constitucional y evitar la consumación de daños irreparables o difícilmente reparables, a los derechos del quejoso; siendo que de ahí resulta el carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo, como garantía jurisdiccional por antonomasia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a estos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Ejercicio que responde a que la suspensión instrumentaliza al juicio de amparo como un recurso efectivo capaz de tutelar derechos fundamentales, incluso de manera anticipada, pues de no ser así la suspensión en actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad (como ocurre con la prisión preventiva oficiosa), serían acotados y estériles, cayendo en lo anecdótico e ilusorio, porque aunque -por ley- la libertad del quejoso queda bajo la potestad del juzgado de amparo, de nada serviría esta previsión si no es capaz de responder o de actuar ante un acto de autoridad del que hay gran probabilidad que al dictarse sentencia de fondo, pueda declararse inconstitucional. Es decir, de nada sirve a los derechos del quejoso el hecho de que, con motivo de la suspensión, y con una aplicación mecanizada de los artículos 163 y 166 de la ley de Amparo, sólo quede a disposición del órgano de amparo, por lo que hace a su libertad, cuando la principal misión es la de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales del que el país sea parte, si se tiene la posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia, tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general, relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. Establecer lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita que restringiría, sin justificación, el derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1° Constitucional que, como se dijo, ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. Cabe precisar que la interpretación que aquí se hace, no se contrapone con lo establecido en la jurisprudencia 50/2017 de la Primera Sala del Máximo Órgano de Justicia de este país, pues de la Contradicción de tesis 397/2016 de la que derivó, no se advierte que haya vedado la posibilidad de que los actos reclamados previstos en la parte especial de la suspensión en la Ley de Amparo ("en materia penal"), pudiesen ser suspendidos con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), a través de la ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, ya que lo que ahí se cuestionó era si los actos en materia penal que no están anunciados en ese apartado especial (segunda parte de la sección tercera del capítulo I del título II de la Ley de Amparo), podían ser suspendibles conforme a las reglas generales de la suspensión, a lo cual, ese Alto Tribunal respondió en sentido afirmativo. Ello con independencia que no se desatienden ni se soslayan los efectos expresos que prevé la Ley de Amparo para actos privativos de la libertad como lo es la medida cautelar de prisión preventiva, sino que se visualiza el marco de actuación en el que el juez de amparo puede desenvolverse, precisamente a partir de dichos efectos. ...

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Director Jurídico del XXIV Ayuntamiento de Tecate, Baja California, en representación del Ayuntamiento de Tecate, Baja California y Tesorero Municipal de Tecate, Baja California, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en referencia al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio. Notifíquese....

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