Carlos Nicolás Alavez Robles

Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
198/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Nicolás Alavez Robles

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de seis de marzo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo que promovió * * * * * * sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada a este órgano jurisdiccional el tres de marzo del año en curso, que promovió * * * * * * * por propio derecho, contra actos de Agente del Ministerio Público de la mesa doce del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 198/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Estudio de la demanda de amparo. El quejoso ******, promueve demanda de amparo, contra actos del Agente del Ministerio Público de la mesa doce del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; de ahí que, previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, es necesario precisar que el artículo 113 de la ley de la materia, dispone que ésta se debe examinar y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la Agente del Ministerio Público de la mesa doce del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, la falta de respuesta a mis solicitudes de fechas 08 de marzo de 2022 y fecha 23 de diciembre de 2022, entregado y recibido en oficialía de partes de dicha dependencia con fechas 16 de marzo de 2022 y 27 de diciembre de 2022 respectivamente" Al respecto, de los antecedentes del acto reclamado, los cuales manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de dar respuesta a los escritos que presentó el dieciséis de marzo y veintisiete de diciembre, ambos de dos mil veintidós, dirigido a la Agente del Ministerio Público de la mesa doce del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, respecto al primero, solicitó girara oficio al director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, para que sirviera bien designar al perito que solicitó; y en cuanto al segundo, reiteró la petición realizada en el escrito presentado el dieciséis de marzo, ambos dentro de la carpeta de investigación *****, la cual se formó en virtud de la denuncia presentada por el quejoso, por la posible comisión del delito de falsedad de documentos en general y uso de documentos falsos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Estableciendo además como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta forma, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación El primero de los requisitos se acredita, en atención a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, a la Agente del Ministerio Público de la mesa doce del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra del acto reclamado, resulta procedente el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación armónica del artículo en mención, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la omisión de dar respuesta a las peticiones que le realizó el citado quejoso, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, a través del Juez de Control. Aunado a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De ahí que, la omisión de acordar los escritos que presentó el dieciséis de marzo y veintisiete de diciembre, ambos de dos mil veintidós, dirigidos a la Agente del Ministerio Público de la mesa doce del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, en los que solicitó girara oficio al director de Servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para que designará un perito; al tratarse de determinaciones en la fase de investigación, corresponde al Juez de Control determinar si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Por ello, se reitera que, a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se permitirá, en su caso, atender las peticiones formuladas por el quejoso *****; lo anterior, en forma expedita y en breve término, es decir, en una sola audiencia y con citación de las partes; con independencia de que se trate de una técnica de investigación. Sirven de apoyo a contrario sensu, las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2018, cuyos rubros y textos refieren: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña, no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Elementos por los que el suscrito concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, el promovente no informa la calidad que ostenta; asimismo, porque en contra de la omisión de acordar las peticiones antes referidas, procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. Por las razones expuestas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizados para tal efecto a las personas que señala en el proemio de su escrito de demanda, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Además, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica; lo anterior, no obstante que también señala domicilio físico para tal efecto, toda vez que expresamente otorga su consentimiento para que las notificaciones se le realicen por vía electrónica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "alexvelascog1", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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