Carlos Nava Garcia
Expediente 1985/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1985/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/03/2018
Partes del expediente
- Carlos Nava Garcia
- Carlos Nava Garcia y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo tercero) y el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). En el presente asunto, no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia) y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1985/2017-I, promovido por Carlos Nava García, por derecho propio y en representación de la menor Mariana Nava Hernández, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda recibido el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, Carlos Nava García, por derecho propio y en representación de la menor Mariana Nava Hernández, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. El quejoso estimó violados en su perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16 y133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 2, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, asimismo, se requirió los informes justificados de las autoridades responsables; de igual forma, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. CUARTO. AUTORIDADES INEXISTENTES La presente determinación no se ocupará de los actos reclamados a las autoridades señaladas como "Director de La Policía Ministerial de Toluca de Lerdo Estado de México, Comandante en Jefe del Grupo Adscrito a la Dirección General De Aprehensiones Toluca Estado De México y a la Policía Ministerial Adscrito Al Grupo De Aprehensiones Toluca Estado De México", pues mediante proveído de cuatro de enero pasado, se les dejó de tener como autoridades responsables para el trámite subsecuente del presente juicio de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la orden de aprehensión y ejecución en contra del ahora quejoso. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubros y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, las autoridades responsables: Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fiscalía Regional de Toluca Subprocuraduría Toluca. Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, no Localizadas Ausentes o Extraviadas. Agente del Ministerio Público para la Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Expósitos (ANNE). Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado por la parte quejosa Carlos Nava García, por derecho propio y en representación de la menor Mariana Nava Hernández, el cual hace consistir en la orden de aprehensión y su ejecución en contra del ahora quejoso. Por tal motivo, si la quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubros y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1985/2017-I, promovido por Carlos Nava García, por derecho propio y en representación de la menor Mariana Nava Hernández, por el acto, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe
- Principal
I. Toluca, Estado de México; treinta de enero de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano, mediante el cual autoriza a diversas personas, señala domicilio y solicita copias de todo lo actuado en el presente juicio de amparo Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. En atención a la certificación de cuenta se tiene por autorizado en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Oscar Merced Olivares Salazar, y a las personas restantes solo para ori y recibir notificaciones, por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la promovente las copias solicitadas, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido que quien se presente a recibirlas, deberá asentar la razón de recepción correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comparecencia de María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano, por medio de la cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, acepta el cargo de representante especial de la menor Mariana Nava Hernández. En consecuencia, en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, se tiene a María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano, como representante especial de la menor Mariana Nava Hernández, para los efectos del presente juicio de amparo. Por otro lado, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de mérito y por insubsistente el apercibimiento allí decretado. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las once horas con diez minutos, tal como se estableció en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; sin embargo, como se advierte de párrafos anteriores, se tuvo por aceptado el cargo de la representante especial de la menor Mariana Nava Hernández; por tanto, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido. En consecuencia, a fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
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