Carlos Nahum López García
Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Nahum López García
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en acuerdo de trece de enero del presente año, el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, a través del oficio 1182/2023, adjuntó el juicio de amparo ********************, formado con motivo de la demanda promovida por ******************** y ******************** contra actos del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad y otros; toda vez que, por separación de autos se returnó dicha demanda. Por tanto, por acuerdo de trece de enero del año en curso, este juzgador conoció y se avocó al estudio de la misma radicando la demanda bajo el número 26/2023; sin embargo, se omitió solicitar la compensación correspondiente. En mérito de lo anterior solicítese al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de trece de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veinte al veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarla personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 1182/2023, signado por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 1401/2022, en razón de que el Juzgado Federal oficiante, manifiesta que recibió diversa misiva del Magistrado integrante del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, por medio del cual le hizo llegar los autos del juicio de amparo de referencia, en razón de que dicho órgano colegiado, si bien aceptó la competencia -formulada por el citado órgano jurisdiccional- para conocer del asunto por ciertos actos reclamados, por los cuales, determinó desechar de plano la demanda, y ordenó la separación respecto del acto reclamado consistente en: "El acto reclamado al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, consistente en cualquier acto habido y por haber tendiente a ejecutar cualquier requerimiento de pago o de embargo en el domicilio de los quejosos derivado del juicio ordinario mercantil 13/2017, respecto del cual se ostentan como terceros extraños al mismo." Además, agrega, el citado órgano jurisdiccional, que advirtió que el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, que este órgano jurisdiccional conoció de juicio de amparo 1010/2022; por tanto, acúsese recibo de estilo y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca al conocimiento del mismo. En tales condiciones, vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, en tales condiciones, por tanto, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 26/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues se estima que la parte quejosa ejerció su acción constitucional de manera extemporánea. Se explica. El aludido precepto de la legislación de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Conforme a dicha disposición, la acción Constitucional resulta inviable cuando se promueve contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, en el supuesto de que la parte quejosa omite solicitar la protección de la justicia federal dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el siguiente criterio, los requisitos para estimar cuando el justiciable aceptó tácitamente la actuación de la autoridad. "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL." En ese sentido, se tiene que se trata de una actuación consentida tácitamente, cuando: 1) El acto reclamado existe y la parte quejosa lo conoce. 2) Causa un agravio al justiciable, pues de lo contrario, aunque dicho impetrante se haya conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo; y, 3) El peticionario haya omitido instar el juicio Constitucional, dentro del plazo legal previsto. Luego, para efectos de aclarar el último punto señalado, es menester observar lo establecido en las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se obtiene que, por regla general, la demanda de amparo debe promoverse en un plazo de quince días, los cuales se computan a partir de tres momentos, a saber: a) Cuando la notificación del acto reclamado surta efectos, conforme a la ley aplicable; b) De que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) El promovente se haya ostentado sabedor del acto. Por lo que, si la demanda en modo alguno se presenta en ese lapso, el acto reclamado se estimará consentido. Empero, la regla general de ninguna manera aplica cuando se reclama la constitucionalidad de una ley autoaplicativa o el procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal donde se imponga pena de prisión; actos encaminados a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión, disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco cuando se trata de actos que pongan en peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso concreto, se advierte la reunión de las exigencias necesarias para estimar la configuración de un consentimiento tácito de los actos reclamados. Ahora bien, de autos se advierte, que el acto reclamado en la especie, consiste en: "en cualquier acto habido y por haber tendiente a ejecutar cualquier requerimiento de pago o de embargo en el domicilio de los quejosos derivado del juicio ordinario mercantil 13/2017, respecto del cual se ostentan como terceros extraños al mismo." Ahora bien, si bien es cierto que del punto cuarto del capítulo de antecedentes del libelo constitucional señala que tuvieron conocimiento del acto reclamado el quince de diciembre de dos mil veintidós; no menos cierto es, que se tiene como hecho notorio que en el sumario constitucional 1010/2022 del índice de este juzgado federal, se tuvo a los mismos promoventes, reclamado los mismos actos de autoridad, y señaló la fecha de su conocimiento. De esta manera, respecto a la existencia del conocimiento de los actos reprochados por parte de la parte quejosa, se tiene satisfecho, atento a que si bien el acto reclamado carece de la constancia formal de notificación, sí existen elementos suficientes para considerar que lo conoció, esto es, el veintidós de julio de dos mil veintidós, tal y como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda que ingresó en fecha doce de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Distrito en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a ello, por las razones que informa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Tercera Parte, página 80, registro digital 237114, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTE PROBADA LA NOTIFICACION FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO." De igual manera, por las razones que informa la Tesis IV.2o.A.29 K, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, registro digital 177026, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO." De esta manera, al confrontar la temporalidad en que la parte quejosa conoció del acto reclamado en la presente instancia constitucional (veintidós de julio de dos mil veintidós), con la fecha de promoción del juicio de amparo (quince de diciembre de dos mil veintidós), se advierte que transcurrieron aproximadamente cuatro meses con veintitrés días. Situación que revela un transcurso excesivo del término general de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo cual se traduce en un consentimiento tácito de los actos reclamados, es decir, en la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del precepto 61, de ese ordenamiento jurídico. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa reclame que se vulneraron los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucional, al considerar que se le violentaron dichos derechos. Sin embargo, ello no es suficiente para justificar la interposición extemporánea de la demanda de amparo, por las razones que informa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 255, registro digital 228280, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA, CASO EN QUE AUNQUE EL QUEJOSO DESCONOZCA LA FUNDAMENTACION DEL ACTO RECLAMADO, PROCEDE ESTIMAR LA." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a María Guadalupe Talavera Chávez. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ******, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a *******, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontraron los datos inherentes a la cédula profesional número 11721569, que acredita a la referida autorizada como licenciada en derecho, no así a *********, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada licenciatura, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.
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