Carlos Muñoz Ramos
Expediente 792/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Carlos Muñoz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa *** el auto de fecha 20 de febrero de 2019, en el que: "...Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de doce de febrero del año en curso (fojas 202 y 203), en el que se le dio vista con los oficios y anexos, enviados por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta capital; por lo que, al haber transcurrido el plazo concedido sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que el veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 172 a 184), se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Carlos Muñoz Ramos, para efecto de que la autoridad responsable: Dictara la resolución interlocutoria en el incidente de acumulación, dentro del término legal que para tal efecto señala el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro de los plazos y términos establecidos en el cuerpo normativo que rige el procedimiento del juicio de origen. Sentencia que causó ejecutoria el doce de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que se ordenó dar vista al quejoso con los oficios enviados por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida, sin que hiciera manifestación al respecto (fojas 202 y 203). -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta capital, remitió oficios que se recibieron en este juzgado el veintidós y veintinueve de enero de dos mil diecinueve, con los que, en ese orden, remitió copia del convenio de dieciocho de enero del año en curso, celebrado entre la parte actora Carlos Muñoz Ramos y el apoderado legal de la demanda Promotora de Casas y Edificios, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el objeto de dar por terminada la tramitación del juicio laboral 174/2016-4A (fojas 193), y diverso en el que informó que mediante auto de veinticuatro de los citados, se ordenó el archivo definitivo del juicio de origen (fojas 191 a 193 y 197 a 200). Documentales que de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. Así las cosas, debe precisarse que operó un cambio de situación jurídica, por lo que hay imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo, lo anterior es así por lo siguiente: El cambio de situación jurídica, está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, tales como: 1) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; 2) Que después de presentada la demanda de amparo sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el amparo; 4) Que exista autonomía e independencia entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir con independencia de que el primero resulte o no inconstitucional. De las constancias en estudio se advierte nueva situación jurídica creada al celebrar las partes en el juicio de origen convenio el dieciocho de enero del año en curso, elevándolo a categoría de laudo ejecutoriado, la cual no podrá ser modificada aún con la concesión constitucional del presente juicio de amparo, lo que implica que los actos procesales relacionados con ese tópico, reclamados en el presente juicio de amparo indirecto, deban considerarse irreparablemente consumados, puesto que la ejecutoria de amparo en este caso en particular, no puede tener el alcance de afectar esa nueva situación jurídica creada por virtud de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, de la Novena Época, con registro 170502, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII de enero de dos mil ocho, materia común, página 431 que reza: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Atento a las anteriores consideraciones, es evidente que en el presente caso hay un cambio de situación jurídica, por lo que hay imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, toda vez que las partes celebraron convenio el dieciocho de enero del año en curso, elevándolo a categoría de laudo ejecutoriado. Hágase del conocimiento de lo anterior a la parte quejosa el presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo decimoprimero del Acuerdo General, Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración a partir del veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, en términos del ordinal 196 de la Ley de Amparo..." Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.
- Principal
ha causado ejecutoria la sentencia. visto el oficio de la autoridad responsable en el que manifiesta cumplir con la ejecutoria de amparo, se da vista a la parte quejosa para que un término de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda.
- Principal
Se agrega oficio de autoridad responsable, se acordará lo conducente una vez que causa ejecutoria la sentencia de amparo.
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