Carlos Mota Treviño
Expediente 779/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Mota Treviño
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho (fojas 24 a 28), dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.
- Principal
Se recibe la demanda de protección signada por +++, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente con sede en Tecamachalco, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal ++ la cual se instruye por el delito de homicidio calificado en agravio de +++ de lo que se desprende que el auto de vinculación reclamado excede un año de su emisión y que el propio quejoso fue sabedor de ello. Por consiguiente, resalta desde este momento de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, motivo por el cual habrá de desecharse la solicitud de protección, dado que la acción constitucional fue ejercida fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello pese a la manifestación del quejoso en el sentido de no tener conocimiento de contar con el derecho a promover un juicio de amparo y por eso hasta la fecha ejerció tal derecho, pues esa circunstancia para nada implica dejar de atender los plazos previstos en la legislación aplicable. Se hace notar que en el primer concepto de violación el quejoso refiere que el auto de vinculación a proceso se emitió el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho empero incluso cuando se haya dictado en esa fecha la interposición de este juicio se habría interpuesto con más de cuatro meses de su dictado lo cual tampoco está dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la determinación anunciada se hace notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar el escrito de demanda porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia debe emitirse un acuerdo de desechamiento de plano. Entonces, la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo en lo sucesivo legislación máxime que el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro del plazo legal de quince días pues la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición para lo cual existe un plazo de treinta días; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión donde habrá un plazo de ocho años; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación, deportación o expulsión proscripción o destierro desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En este caso el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que, en el número 7 del capítulo de antecedentes, se resolvió su situación jurídica dentro del término constitucional con el dictado de un auto de vinculación a proceso el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida llevara el nombre de +++ En ese contexto, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, comenzó el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete día siguiente hábil de aquél cuando surtió efectos la notificación realizada durante la audiencia de veintiuno de marzo de ese año y terminó el doce de abril de dos mil diecisiete. Y en caso que dicha determinación se haya emitido el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el plazo de quince días para su interposición hubiera transcurrido del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho al diecisiete de abril de este año. De ahí se considera que la demanda de protección resulta extemporánea, pues fue presentada hasta el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 3). Luego se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido tácitamente el auto de vinculación dictado al quejoso. Cabe agregar que los actos restrictivos de la libertad personal dentro de procedimiento como en el caso lo es el auto de vinculación a proceso en modo alguno constituye una excepción al plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo como se desprende del artículo 17 de la legislación. Considerar por ello la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. Así la vinculación a proceso tiene un periodo en el cual su contenido es susceptible de modificación o revocación a través de los medios ordinarios de impugnación y del propio juicio de amparo; por lo que una vez agotados los referidos medios o transcurrido el tiempo para interponerlos la resolución queda firme para así posibilitar el desarrollo de las fases subsecuentes, en congruencia con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial que ordena el artículo 17 constitucional. De hecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el tema del plazo para la interposición de la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro de un proceso jurisdiccional, lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 12/2015 de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 18, mayo de 2015, tomo I, visible a página 38, de rubro AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA . Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable la de extemporaneidad que se actualiza respecto de la vinculación a proceso combatida. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por otra parte se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona, porque omitió conferirles de forma expresa las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Se recibe la demanda de protección signada por +++, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente con sede en Tecamachalco, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal ++ la cual se instruye por el delito de homicidio calificado en agravio de +++ de lo que se desprende que el auto de vinculación reclamado excede un año de su emisión y que el propio quejoso fue sabedor de ello. Por consiguiente, resalta desde este momento de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, motivo por el cual habrá de desecharse la solicitud de protección, dado que la acción constitucional fue ejercida fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello pese a la manifestación del quejoso en el sentido de no tener conocimiento de contar con el derecho a promover un juicio de amparo y por eso hasta la fecha ejerció tal derecho, pues esa circunstancia para nada implica dejar de atender los plazos previstos en la legislación aplicable. Se hace notar que en el primer concepto de violación el quejoso refiere que el auto de vinculación a proceso se emitió el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho empero incluso cuando se haya dictado en esa fecha la interposición de este juicio se habría interpuesto con más de cuatro meses de su dictado lo cual tampoco está dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la determinación anunciada se hace notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar el escrito de demanda porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia debe emitirse un acuerdo de desechamiento de plano. Entonces, la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo en lo sucesivo legislación máxime que el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro del plazo legal de quince días pues la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición para lo cual existe un plazo de treinta días; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión donde habrá un plazo de ocho años; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación, deportación o expulsión proscripción o destierro desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En este caso el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que, en el número 7 del capítulo de antecedentes, se resolvió su situación jurídica dentro del término constitucional con el dictado de un auto de vinculación a proceso el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida llevara el nombre de +++ En ese contexto, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, comenzó el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete día siguiente hábil de aquél cuando surtió efectos la notificación realizada durante la audiencia de veintiuno de marzo de ese año y terminó el doce de abril de dos mil diecisiete. Y en caso que dicha determinación se haya emitido el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el plazo de quince días para su interposición hubiera transcurrido del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho al diecisiete de abril de este año. De ahí se considera que la demanda de protección resulta extemporánea, pues fue presentada hasta el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 3). Luego se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido tácitamente el auto de vinculación dictado al quejoso. Cabe agregar que los actos restrictivos de la libertad personal dentro de procedimiento como en el caso lo es el auto de vinculación a proceso en modo alguno constituye una excepción al plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo como se desprende del artículo 17 de la legislación. Considerar por ello la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. Así la vinculación a proceso tiene un periodo en el cual su contenido es susceptible de modificación o revocación a través de los medios ordinarios de impugnación y del propio juicio de amparo; por lo que una vez agotados los referidos medios o transcurrido el tiempo para interponerlos la resolución queda firme para así posibilitar el desarrollo de las fases subsecuentes, en congruencia con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial que ordena el artículo 17 constitucional. De hecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el tema del plazo para la interposición de la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro de un proceso jurisdiccional, lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 12/2015 de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 18, mayo de 2015, tomo I, visible a página 38, de rubro AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA . Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable la de extemporaneidad que se actualiza respecto de la vinculación a proceso combatida. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por otra parte se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona, porque omitió conferirles de forma expresa las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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