Carlos Morillon López
Expediente 161/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Morillon López
Actuaciones
- Principal
Visto, el estado procesal que guarda el sumario y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintitrés de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió Carlos Morillón López, respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido....
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Carlos Morillon López, mediante el cual desahoga la prevención que se le hizo en proveído de veinte de febrero del año en curso. Sin embargo, como lo disponen los artículos 113 y 61, fracción X de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por lo que, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, a criterio del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción X, de la ley de la materia, que dice: "Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Lo antes mencionado, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada en la página 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda.". Por su parte, como ya se citado el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Ahora, al tomar en consideración que para un juez de Distrito, un hecho notorio lo constituye los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.". Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Al tener a la vista el juicio de amparo 170/2017, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Morillon López, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que en dicho juicio el promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: A. ORDENADORAS: 1. C. JUEZ PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL RAMO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 2. C. JUEZ PRIMERO, TERCERO, CUARTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y DÉCIMO DE DISTRITO DEL ESTADO DE GUERRERO. B. EJECUTORAS. 1. COORDINADOR ESTATAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 2. DIRECTOR O TITULAR DE LA POLICÍA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 3. COORDINADOR INTERNO DEL ESTADO DE GUERRERO DE LA POLICÍA FEDERAL. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, LA(S) ORDEN(ES) DE APREHENSIÓN DICTADAS EN MI CONTRA. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN DAR A DICHA(S) ÓRDEN(ES) DE APREHENSIÓN.". Ahora, en el presente asunto 161/2017, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: A. ORDENADORAS: A. EL C. JUEZ PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL RAMO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. B. EL C. JUEZ PRIMERO, TERCERO, CUARTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y DÉCIMO DE DISTRITO DEL ESTADO DE GUERRERO. B. EJECUTORAS. 1. COORDINADOR ESTATAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 2. DIRECTOR O TITULAR DE LA POLICÍA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 3. COORDINADOR INTERNO DEL ESTADO DE GUERRERO DE LA POLICÍA FEDERAL. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, LA(S) ORDEN(ES) DE APREHENSIÓN DICTADAS EN MI CONTRA. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN DAR A DICHA(S) ÓRDEN(ES) DE APREHENSIÓN.". Cabe hacer mención que las autoridades responsables y actos que reclama la parte quejosa en el juicio de amparo 170/2017 y en el presente asunto, son los mismos. Lo anterior evidencia que el sumario constitucional 170/2017 se encuentra pendiente de resolver, en virtud de que en proveído de veinte de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el nombrado quejoso, en el que este juzgador resolverá la constitucional o inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades que el impetrante cita con el carácter de responsables. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el juicio de amparo indirecto 170/2017 y el presente fueron promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y en ambos juicios de amparo se tildan de inconstitucionales actos idénticos. En lo conducente se estima aplicable la jurisprudencia publicada con el número 235, en la página 193 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en el juicio se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.". Por lo que, no es posible ocuparse en otro juicio de amparo de actos ya abordados en uno anterior; por tanto, se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción X del numeral 61. Cobra aplicación en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página doscientos sesenta, tomo quince, enero de mil novecientos noventa y cinco, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto material del juicio." Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa y tres, materia común, quinta época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo seis, Parte SCJN, que reza: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así como, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página doscientos veinticinco, tomo décimo segundo, julio de 1993, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Morillon López, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad y otras autoridades, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción X de la Ley de Amparo. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para los quejosos a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Notifíquese personalmente.
- Principal
prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias simples de ley, para correr traslado a las partes, tal y como lo dispone el numeral 110 del ordenamiento legal en cita, cumpla con el requisito formal que establece el artículo 108 fracción III de la ley de la materia, a cuyo efecto deberá precisar lo siguiente: A cuántos y a cuáles autoridades de los Jueces de Distrito en el Estado de Guerrero del Poder Judicial de la Federación y Jueces del Ramo Penal de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, designa con el carácter de responsables para estar en aptitud legal de emplazarlas y solicitarles su informe justificado. Se apercibe al quejoso,
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