Carlos Montalvan Martínez
Expediente 1314/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Montalvan Martínez
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 25-27), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, este expediente transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.
- Principal
Visto el oficio y anexos enviados por la Secretaria Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado que le corresponde a dicha autoridad, al cual adjuntó copia certificada del auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 867/2016, y que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, cabe recapitular que del escrito inicial de demanda se aprecia que la parte quejosa destacó como actos reclamados: "LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA PARTE DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. "LA OMISIÓN DE VINCULAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO; quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, en la esfera de su competencia, PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Mientras que en los antecedentes narró: 5.- Con fecha 12 de julio del 2019, se solicitó a la responsable para que hiciera efectiva la medida de apremio fijada a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo y la omisión de vincular al cumplimiento al laudo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la demandada a cumplir el laudo, sin que a la fecha haya hecho efectiva dicha medida de apremio ni vincular al cumplimiento a la citada secretaria. PRECISANDO QUE EL NATURAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEL LAUDO EN LA CUAL YA SE DESAHOGARON TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN Y SOLO QUEDA QUE LA DEMANDADA CUBRA LA CONDENA QUE LE FUE IMPUESTA, SIENDO ESTA LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. Por lo cual, los actos reclamados consisten en: Omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de atender la promoción de doce de julio del año en curso, a través de la cual solicitó hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada, por incumplimiento al laudo. No pasa desapercibido que la parte quejosa destacó como acto reclamado, la omisión de aplicar la medida de apremio a la parte demandada para vencer su contumacia de cumplir el laudo, así como la omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; empero, aquella circunstancias derivan de la falta de acuerdo a la promoción que en tal sentido presentó el doce de julio de dos mil diecinueve, así como de la petición que anexó a su demanda de amparo (foja 9), de la cual se advierte que sólo solicitó a la potestad laboral hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada, por incumplimiento al laudo de doscientos a quinientos días de salarios mínimos vigentes en la región. Concerniente a dicho acto reclamado, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Porque, de las constancias que como apoyo remitió la autoridad responsable laboral de cuenta a su informe justificado, se aprecia que por auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fojas 22-23), atendió entre otras promociones, la presentada el doce de julio del año en curso, por el apoderado de la parte actora aquí quejoso, al acordar hacer efectivo el apercibimiento decretado al Ayuntamiento demandado, esto es, le aplicó una multa de doscientos días de salarios mínimos vigentes en la región, establecidos en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 51 del Estado. También lo requirió nuevamente para que procediera a exhibir el pago de la cantidad a que fue condenado en el laudo dictado en el juicio laboral de origen 867/2016. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Además, si bien en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fojas 22-23), la potestad laboral dio respuesta a la promoción que le presentó la parte quejosa el doce de julio del año en curso; lo cierto es que, volvió a requerir a la parte demandada el pago de la cantidad de $796,293.75 (setecientos noventa y seis mil doscientos noventa y tres pesos 75/100 moneda nacional), para lo cual le otorgó un plazo de veinte días hábiles, y la apercibió para el caso de incumplimiento, en aplicarle una multa por el equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo. Por ende, tal proveído implica la continuación del procedimiento de ejecución del laudo, puesto que al haberse requerido nuevamente el cumplimiento del laudo a la parte demandada, es obvio que está encaminado a lograr su ejecución, sin paralizar dicho procedimiento. Entonces, aun cuando se respetara la vista a la parte quejosa con el informe justificado y constancias allegadas por parte de la autoridad responsable, el análisis constitucional del proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV párrafo segundo, de la Ley de Amparo; ya que el juicio de amparo indirecto será procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. Y en el caso, en el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, o la imposibilidad de cumplimiento, sino que se proveyó su continuación, por lo que tampoco afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Como resultado de lo anterior, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes analizada, ello obliga desde este momento a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veinticuatro de octubre del año actual.
- Principal
Visto el telegrama de cuenta, enviado por ******* en su carácter de ********, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec Guerrero, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 11 a 13), informa que el dos de octubre de dos mil diecinueve, recibió el oficio *****, que le fuera enviado a fin de emplazarlo al presente juicio; en consecuencia, se tiene por emplazado, con el carácter de tercero interesado al citado ayuntamiento en el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ********, por conducto de su apoderado *******, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende de la copia certificada del auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral de origen ******, que anexa contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1314/2019 y fórmese expediente. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. No es obstáculo que la parte quejosa señale como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como órgano colegiado, en razón de que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de laudo, por lo que se advierte como autoridad responsable sólo al presidente del referido órgano laboral, en su carácter de ejecutor del laudo dictado en el juicio natural. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. En orden. Completas y legibles. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no hacerlo así y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo. De igual manera, solicítese a la autoridad responsable informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Se hace saber a las partes que se encuentran obligados a manifestar cuando cesen los efectos del acto reclamado o cuando se actualicen causas notorias de sobreseimiento, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, acompañando, en su caso, las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surte el carácter de tercero interesado al ************; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, emplácesele al presente juicio por medio de oficio, que se gire a su residencia oficial. Asimismo, se requiere al citado tercero interesado para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta pesos con 60/100 moneda nacional). PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la citada Ley. AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la parte quejosa no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.
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