Carlos Monroy Salinas

Expediente 1140/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1140/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Carlos Monroy Salinas
  • Juez Unico En Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, la papeleta de Turno, remitida por la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante la cual informa que el recurso de queja interpuesto en autos, fue registrado con el número 000121/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)", para que dé acceso al expediente electrónico a la mencionada superioridad, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Monroy Salinas y Rafael Alfredo López Vázquez, quejosos en el presente juicio, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), y 99, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios del recurso de queja de referencia. Hecho que sea lo anterior, ríndase a la superioridad el informe con justificación, manifestándole que es cierto que este Juzgado Federal dictó el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias de notificación a las partes del recurso que aquí se interpone, remítase a la Superioridad, copia certificada de las constancias del asunto que nos ocupa para que se encuentre en posibilidad de resolver lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Monroy Salinas y Rafael Alfredo López Vázquez, contra actos del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Estudio sobre la procedencia de la demanda de amparo: Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El proceso de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Es decir, para que se actualice la causal en estudio deben presentarse los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. En ese contexto normativo, de la lectura efectuada a la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de plazo constitucional dictada por el Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, en la causa penal 333/2016, mediante el cual la autoridad responsable decretó auto de libertad en favor de los quejosos y ordenó el sobreseimiento de esa causa. Sin embargo, si los justiciables pretenden controvertir la resolución dictada en su favor, deben agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 199, fracción III del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, vigente a la época de la comisión de los hechos que dieron origen a la causa instaurada en su contra, el cual dispone: "ARTICULO *199. Son apelables por ambas partes: (.) III. Los autos de procesamiento, libertad, competencia, impedimentos, suspensión, continuación, acumulación y separación; los que rechacen incidentes, recursos o promociones por considerar que son frívolos o improcedentes; los que nieguen la aprehensión o la presentación; los que resuelven promociones relativas a la existencia del delito y la probable responsabilidad, así como las referentes a las causas extintivas de la pretensión, y aquellos en que se decidan cuestiones concernientes a la prueba e incidentes no especificados;". Del precepto anterior se desprende que los autos de libertad son apelables. Con base en lo anterior, este juzgador considera que los quejosos no agotaron el principio de definitividad que se comenta, ya que no acudieron al medio de defensa previsto en ley en contra del auto dictado por el juez responsable, por virtud del cual puede nulificarse, revocarse o modificarse el acto reclamado. De ahí que este órgano de control constitucional se encuentre impedido, hasta este momento, para entrar al estudio del acto señalado como reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número I. 4o. C. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 361, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Así, de lo expuesto es de concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Decisión: En consecuencia, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por Carlos Monroy Salinas y Rafael Alfredo López Vázquez. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Domicilio procesal y autorizados: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas a las personas que refiere para tales efectos. Se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y el número telefónico que proporciona como medios extraordinarios de comunicación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio del virus SARS-Cov2 (COVID-19), en estricta observancia a lo dispuesto en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante diverso 25/2020, sin que a través de esos medios se puedan llevar a cabo comunicaciones procesales. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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