Carlos Mishael Gonzalez Padilla

Expediente 181/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
181/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Carlos Mishael Gonzalez Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, que suscribe el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 11/2021, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se declara que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo presentada por ***. SEGUNDO. Remítase testimonio a las autoridades contendientes y envíense los autos a la declarada competente para conocer del asunto". En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Atento a lo determinado por la superioridad, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 20, párrafo primero, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser destruido por este juzgado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica aparentemente por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, mediante el cual aduce enviar testimonio de dieciocho de mayo del año en curso, de la resolución dictada en el conflicto competencial 11/2021, en el que se determinó competente de conocer del presente juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. Ahora bien, de la revisión de la misiva de mérito, remitida a través de la plataforma electrónica denominada "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" del Poder Judicial de la Federación, se advierte que la firma electrónica que contiene pertenece a ********************, quien no corresponde a la Secretaria que lo suscribió, es decir, a ********************; lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional pronunciarse en relación con su contenido. Lo anterior, con base en los artículos 3o y 5o del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; 170 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. En efecto, de la interpretación armónica de los citados preceptos, se obtiene que los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales que se envíen a través del sistema electrónico denominado "SISE" deberán estar signados electrónicamente con las firmas vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, del servidor público que los expida o intervenga en su emisión, en términos de la normativa aplicable. Luego entonces, si la firma electrónica del oficio recibido no corresponde a la Secretaria del órgano jurisdiccional que lo expidió, siendo en el caso ********************, imposibilita a este juzgado acordar lo conducente sobre su contenido, por carecer de la exigencia mencionada, la cual da certeza de que el contenido del documento electrónico corresponde a la funcionaria que, en el caso, signó la respectiva actuación autógrafamente, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma electrónica. En tales condiciones, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, se solicita atentamente al tribunal oficiante se sirva remitir de nueva cuenta el testimonio aludido y, en caso de que su envío se realice por la supracitada plataforma computacional, la promoción correspondiente deberá contener la firma electrónica del funcionario que expida la respectiva misiva, en virtud de lo señalado en párrafos que anteceden, por resultar necesario para la debida integración del presente juicio...

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, atento a su contenido se le tiene solicitando que este órgano jurisdiccional realice diversas manifestaciones que se estimen pertinentes en relación con el conflicto competencial 11/2021, de su índice. Atento a lo anterior, se manifiesta que por acuerdo de veintiséis de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mismo que en el referido auto se acordó lo siguiente: "Ahora bien, vistas las constancias que integran los autos, este Juzgado de Distrito respetuosamente disiente de lo resuelto por la autoridad oficiante y no acepta la competencia declinada por las razones que a continuación se exponen. En el caso, el juzgado requirente precisó que el acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en la orden verbal emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el Coordinador Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Médica Familiar, número 53, por la que comunicó al quejoso que debía regresar a su fuente de trabajo como médico anestesiólogo, en el Hospital General Subzona No. 54, ubicado en carretera Silao-Guanajuato, km 15, Centro, en Silao, Guanajuato, a pesar de tener los padecimientos siguientes: 1. Neumonía secundaria a infección por SARS COV-2, 2. Síndrome post COVID, 3. Asma no controlada y 4. Hipoxemia tipo 1, entre otros. De ahí que consideró que tal acto trataba de ejecutarse en el Hospital General Subzona No. 54, ubicado en carretera Silao-Guanajuato, km 15, en Silao, Guanajuato, por ser el lugar donde labora el quejoso. Sobre esa base, el Juez declinante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda, pues consideró que el acto reclamado tendría ejecución material en Silao, Guanajuato, el cual se encuentra dentro del territorio en que se ejerce jurisdicción. Así, determinó que se surtía la competencia de este juzgado para conocer del asunto, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que ordenó remitir el expediente original del juicio de amparo 77/2021-V, de su índice, al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en turno. Sin embargo, respetuosamente no se comparte el criterio toral del juzgado oficiante para declinar la competencia, pues se considera que dejó de observar la demanda en su totalidad y no se tomaron en cuenta diversos actos reclamados, los cuales también pueden fincar la competencia para su conocimiento a favor del homólogo requirente. En efecto, este juzgado comparte el criterio del juzgado oficiante, en el sentido de que el quejoso reclama la orden verbal emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el Coordinador Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Médica Familiar, número 53, por la que comunicó al quejoso que debía regresar a su fuente de trabajo como médico anestesiólogo, en el Hospital General Subzona No. 54, ubicado en carretera Silao-Guanajuato, km 15, Centro, en Silao, Guanajuato, a pesar de tener los padecimientos siguientes: 1. Neumonía secundaria a infección por SARS COV-2, 2. Síndrome post COVID, 3. Asma no controlada y 4. Hipoxemia tipo 1, entre otros. No obstante, este juzgado considera que dicho acto no es el único que el quejoso impugna, en tanto que del estudio íntegro de la demanda, se obtiene que también se duele de la negativa de la responsable de prestarle el servicio de salud y continuar con el tratamiento de los padecimientos que le aquejan con motivo de que contrajo la enfermedad Covid-19, así como de la negativa de prorrogarle la incapacidad con que contaba. Se afirma tal aserto, porque en el único concepto de violación, el quejoso manifiesta que derivado de haber padecido la enfermedad Covid-19, su estado de salud ha sido delicado; motivo por el cual, acudió a la Clínica Familiar 53 que se localiza en León, Guanajuato, que es la unidad médica en que se le presta el servicio de salud, a fin de que lo valorarán y, conforme a sus antecedentes y padecimientos, le fuera otorgada una incapacidad subsecuente; empero, no le brindaron dicha atención ni le extendieron la licencia, y en consecuencia, se le dio la orden de presentarse a laborar a la clínica a la que se encuentra adscrito. De lo expuesto, este juzgado considera que los actos reclamados consisten en: a) La negativa de la responsable de prestarle el servicio de salud y continuar con el tratamiento para los padecimientos que le aquejan con motivo de haber contraído la enfermedad Covid-19, así como de la negativa de prorrogarle la incapacidad con que contaba; y, b) La orden verbal emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el Coordinador Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Médica Familiar, número 53, por la que comunicó al quejoso que debía regresar a su fuente de trabajo como médico anestesiólogo, en el Hospital General Subzona No. 54, ubicado en carretera Silao-Guanajuato, km 15, Centro, en Silao, Guanajuato, a pesar de tener los padecimientos siguientes: 1. Neumonía secundaria a infección por SARS COV-2, 2. Síndrome post COVID, 3. Asma no controlada y 4. Hipoxemia tipo 1, entre otros. Sobre esa base, respecto de los actos en estudio, se precisa que el marcado con el inciso a), no obstante que consiste en una negativa, se estima que tiene efectos positivos que inciden en la salud del quejoso, los cuales se materializan en el lugar en que se le brinda el servicio de salud, el cual se localiza en el territorio en el que ejerce jurisdicción el juzgado oficiante; mientras que el diverso acto reclamado señalado con el inciso b), eventualmente puede tener ejecución en la jurisdicción de éste órgano jurisdiccional. Circunstancia que, a consideración de este juzgado, permite establecer que los actos reclamados pueden tener ejecución en más de un distrito judicial; lo que actualiza la hipótesis prevista en el numeral 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 37 en cita, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del citado precepto se obtienen tres condiciones normativas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada), lo anterior con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto. b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, se haya comenzado a ejecutar en uno y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, que haya prevenido en la recepción de la demanda, será el competente para su conocimiento. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, se tiene que, para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio, debe atenderse a los efectos producidos por el acto impugnado desde la perspectiva de la ejecución material; de suerte que si no la conlleva, ese aspecto debe definirse en relación con el lugar de residencia de la autoridad que lo haya emitido u ordenado. En ese orden, se considera que en el caso se actualiza la segunda regla de competencia prevista por el artículo 37 de la ley de la materia, antes transcrito, en tanto que los actos reclamados pueden tener ejecución en más de un distrito. Lo anterior, pues no se debate que la orden verbal que se dio al quejoso para que se presentara a trabajar en el Hospital General Subzona No. 54, ubicado en carretera Silao-Guanajuato, km 15, Centro, en Silao, Guanajuato, puede tener ejecución en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. Sin embargo, no es el único reclamado en la demanda, pues el quejoso de igual forma impugna la negativa de la responsable de prestarle el servicio de salud y continuar con el tratamiento para los padecimientos que le aquejan luego de haber contraído la enfermedad Covid-19, así como de la negativa de prorrogarle la incapacidad con que contaba; lo que, como se dijo en párrafos que anteceden, no obstante que consiste en una negativa, tiene efectos positivos que inciden en la salud del quejoso, los cuales se materializan en el lugar en que se le brinda el servicio de salud, es decir, en la Clínica Familiar 53 que se localiza en León, Guanajuato. Se afirma tal aserto, porque el quejoso al instar la demanda, de manera medular, pretende recibir la atención profesional de salud que le brinda la clínica en la que está asegurado y luego de que sea valorado, se le extienda una licencia médica que lo excluya de presentarse a trabajar al hospital de su adscripción. En ese sentido, las consecuencias que puedan derivar de su denegación, o bien, de una eventual concesión del amparo solicitado, pueden derivar en que se le proporcione la atención médica que requiere y, en su caso, que se le extienda la licencia médica que solicita por los padecimientos que le aquejan, lo cual perjudicaría o beneficiaran su salud, pero se producirá, invariablemente, en el lugar en que se le impida el acceso o se le preste el servicio de salud que requiere y, en su caso, se autorice la licenciada médica solicitada, esto es, en la residencia de la institución encargada de brindar la atención médica. De lo que se sigue que, en el caso, la negativa de la responsable de prestarle el servicio de salud y continuar con el tratamiento para los padecimientos que le aquejan con motivo de haber contraído la enfermedad Covid-19, así como de la negativa de prorrogarle la incapacidad con que contaba; se trata de actos que si tienen efectos positivos y, conforme con las reglas establecidas en el precepto transcrito para los actos reclamados, desde la perspectiva de la ejecución material, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el hospital o unidad médica que presta el servicio de salud al quejoso, por ser la facultada para brindar la atención medica y emitir la licencia correspondiente, siendo en la especie, la Clínica Familiar 53 que se localiza en León, Guanajuato, que es el lugar en que el juzgado oficiante ejerce jurisdicción. Por su contenido ilustrativo, resultan aplicables en lo conducente, los siguientes criterios con datos de localización, rubro y texto: Registro digital: 2021191 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 86/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254 Tipo: Jurisprudencia "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Contradicción de tesis 343/2019. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 16 de octubre de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien manifestó que está con el sentido, pero por consideraciones distintas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Ana Marcela Zatarain Barrett. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2018, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.XVI.P. J/3 P (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo III, marzo de 2019, página 2124, con número de registro digital: 2019492; y, El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de queja 127/2019, en el que estimó que cuando se reclama la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar a los internos atención médica, al ser actos de naturaleza omisiva carecían de ejecución material, por lo que la competencia se surtía a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda, ello de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Tesis de jurisprudencia 86/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de noviembre de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época Registro: 2012019 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, Julio de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.2o.P.16 K (10a.) Página: 2093 "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión" SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Conflicto competencial 10/2015. Suscitado entre los Juzgados Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. 24 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretaria: Arely Yamel Bolaños Domínguez. Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Así, se colige que el juzgado oficiante y este juzgado resultan ser competentes para conocer de la demanda de amparo de que se trata; sin embargo, ante el evento como el que acontece, la competencia del asunto debe fincarse en términos del numeral 37, párrafo segundo, al juez que previno en el conocimiento del asunto, siendo en el caso, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho" Motivos por los cuales este juzgado insiste en mantener su postura en no aceptar la competencia planteada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por tanto, se da cumplimiento a lo solicitado por la autoridad oficiante, en consecuencia se ordena girar oficio con transcripción del presente acuerdo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital...

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio electrónico de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la capital; con el que notifica el auto de quince de abril del año en curso, del que se advierte que ese Tribunal se avocó al conocimiento y admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el diverso Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, el cual se registró bajo el número 11/2021. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que pase desapercibido para este juzgado, que la firma electrónica corresponde a un funcionario diverso; sin embargo, por la información precisada y con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, se considera innecesario devolverlo por esa inconsistencia.

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