Carlos Miguel Villalon Herrera

Expediente 1685/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1685/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Miguel Villalon Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos, así como las certificaciones que anteceden, en las que se hace constar que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído en el que se determinó que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En consecuencia, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO En esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido. DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda, la sentencia y la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra parte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere dicho artículo. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Acuerdo referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General en cita se determina que es susceptible de depuración, en atención a que se concedió la medida cautelar solicitada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos, de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por ************, por medio del cual en cumplimiento a la vista que se ordenó darle en proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, manifiesta que se constituyó en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en adelante (CINVESTAV), en donde se le hizo entrega del título de crédito (cheque) número 609486 del Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Grupo Financiero Banorte, y al efecto manifiesta estar conforme con la cantidad recibida por parte de la responsable. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa manifestó estar conforme con el cumplimiento efectuado por las autoridades responsables Director General, Secretario Administrativo y Subdirector de Recursos Humanos todas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en adelante (CINVESTAV) de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en su resolución dictada en el amparo en revisión 15/2020, en la parte que interesa determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la consideración tercera del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a **********, contra el acto de aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia que se revisa. CUARTO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por la parte quejosa, en los términos precisados en la última consideración de esta resolución." Y por otra parte, del análisis del noveno considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se advierte que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "[.] NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en lo sucesivo CINVESTAV), realicen lo siguiente: a) Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. b) Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. [.]." En cumplimiento a lo anterior, por proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el apoderado legal de las autoridades responsables Director General, Secretario Administrativo y Subdirector de Recursos Humanos todas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en adelante (CINVESTAV), adjunto al cual remitieron copia del "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE CUMPLIMIENTO DE JUICIO DE AMPARO" de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se hizo constar que se le hizo entrega al quejoso de la cantidad de $***********, mediante el cheque registrado con el folio ********** del Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Grupo Financiero Banorte, a través del cual demuestran haberle reembolsado las cantidades retenidas enteradas al fisco federal. De igual forma, informaron el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en autos remitiendo el oficio SAJ/321/2021 de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en lo sucesivo CINVESTAV), a través del cual demuestran que han dejado insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Ahora bien, de la concesión de amparo se advierte que se instruyó a la autoridad responsable dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y devolviera las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según fuese el caso. Al respecto por acuerdo de seis de junio de la presente anualidad, se le dio vista a la parte quejosa con las manifestaciones y los documentos remitidos por las autoridades responsables de referencia; siendo así que realizó las manifestaciones que conforme a sus intereses consideró; aunado a que del estudio de las constancias que se encuentran anexadas a los autos, este juzgador considera que se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto, en razón de que las autoridades responsables realizaron lo siguiente: 1. Realizaron la devolución de las cantidades retenidas con motivo del impuesto sobre la renta, a favor del quejoso y, 2. Remitieron copia certificada del oficio SAJ/321/2021, por el que las autoridades responsables Director General, Secretario Administrativo y Subdirector de Recursos Humanos todas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en adelante (CINVESTAV), dejaron de aplicar al quejoso el artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esto es, las responsables acataron los lineamientos del fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la concesión de amparo sin exceso o defecto alguno, hágase del conocimiento de las partes la presente actuación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa esta determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por el apoderado legal de las autoridades responsables Director General, Secretario Administrativo y Subdirector de Recursos Humanos todas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en adelante (CINVESTAV), por medio del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remite diversas documentales a efecto de acreditar tales extremos; en consecuencia, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por las autoridades responsables; lo anterior, en el entendido de que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento o no de la sentencia de amparo, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del citado precepto legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), con número de registro 2007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido en representación de las autoridades responsables Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), mediante el cual informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para el cumplimiento del fallo protector, para lo cual manifiestan que se ha dejado insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remarcaciones de los Servidores Públicos, así como todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada invalida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remiten diversas constancias para acreditar tales extremos. De igual manera, mediante el oficio SRH/1312/2021, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, adjunto al cual remite copia certificada de los comprobantes de pago de las percepciones que recibió el quejoso en la primer quincena de enero de dos mil diecinueve, así como la quincena correspondiente a la no aplicación de la Ley de Remuneraciones, que, en cuanto se le notificó al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), la suspensión provisional y definitiva que se otorgó a la parte quejosa. Asimismo, solicitan una prórroga para devolver a la parte quejosa las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal. También, solicitan que se llame a la etapa de cumplimiento en que se actúa, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, puesto que, a su consideración, dicha autoridad se encuentra estrictamente vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al respecto, cabe precisar que en éste asunto se concedió el amparo y protección a la parte quejosa para los siguientes efectos: NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (en lo sucesivo CINVESTAV), realicen lo siguiente: a) Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. b) Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General y Subdirectora de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada legible de las constancias con las cuales acrediten que han devuelto las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. En el entendido de que: Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Finalmente, en atención a la petición que realizan las autoridades oficiantes, relativa a que se llame a la presente ejecutoria a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, infórmeseles que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, ya que hasta el momento la autoridad responsable oficiante obligada al cumplimiento de la ejecutoria emitida, no ha realizado las gestiones pertinentes con aquella para concluir que se ubica en dicho supuesto, ni tampoco se advierte que ésta se haya negado a colaborar para dar cumplimiento a la sentencia emitida, por lo que se deberán hacer, de ser el caso, las gestiones pertinentes para que ello ocurra. Además, debe precisarse, que tratándose de ejecutorias de amparo, existen diversas formas mediantes las cuales las autoridades responsables encargadas del cumplimiento del fallo protector pueden llevar a cabo dicho cumplimiento, ante la ausencia de recursos como lo manifestó la autoridad responsable, por ejemplo, la solicitud de partidas extraordinarias para dar cumplimiento a sus obligaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2002, con registro digital 187084,de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE GESTIONE Y OBTENGA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. La resolución incidental de daños y perjuicios, como cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, que establece la condena al pago de una cantidad líquida, cierta y determinada, derivada de un procedimiento en el cual se le respetó a la autoridad responsable el derecho procesal de audiencia, constituye una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago. Lo anterior es así, en virtud de que existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de sus garantías individuales violadas, entendida ésta como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico ocasionado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de asumir el pago del débito, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de no ser así, bastaría con que las autoridades obligadas gestionaran debidamente ante las autoridades competentes el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquélla no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto o gasto público de una oficina gubernamental, encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución de pago de daños y perjuicios, hasta el grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, con mengua del riguroso sistema dispuesto en la Norma Fundamental para el cumplimiento de los mandatos de amparo y de la garantía de administración de justicia pronta y expedita prevista en su artículo 17, a favor del gobernado, quien a través del procedimiento de inejecución de sentencia de amparo debe ser restituido en el pleno goce de sus garantías individuales violadas." Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio a las autoridades responsables.

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