Carlos Miguel Moguel Mena
Expediente 836/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Miguel Moguel Mena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado en este juicio, en fecha diez de agosto del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: agréguese a este asunto el oficio II.1717/2017, de ocho de agosto en curso, de la Directora General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa a este Juzgado Federal que por resolución de cinco de julio del año en curso, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, y actuando como Juez de Control y ejecución, declaró la invalidez de la resolución administrativa de traslado que emitió el veinticuatro de junio último, en autos del procedimiento ordinario de ejecución 23/2017, derivado de la causa penal 20/2017. Asimismo, informa que por oficio CJPF/YUC/DJ/1464/2017, de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Ejecución de Sanciones Penales, le comunicó que prescindiera del traslado del imputado, aquí quejoso, dado que su permanencia en el centro de reclusión número 5 "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Veracruz, se debe ahora a la determinación de veinticinco de julio del año en curso, pronunciada por el Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, actuando en funciones de Juez de Control. Lo que acredita con las documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitieron las autoridades responsables en este asunto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el presente asunto, la promovente de este juicio señaló como acto reclamado la determinación por la que se ordenó el traslado del directo quejoso Carlos Miguel Moguel Mena, a otro centro de reclusión, así como la omisión de notificarlo a sus familiares. Sin embargo, de las constancias enviadas por la Directora General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social y el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, se advierte que el cinco de julio de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, y actuando como Juez de Control y ejecución, declaró la invalidez de la resolución administrativa de traslado del aquí quejoso, dictada por la primera autoridad nombrada, el veinticuatro de junio último, en autos del procedimiento ordinario de ejecución 23/2017, derivado de la causa penal 20/2017. Asimismo, se desprende que por oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS5/DGA/16283/2017, de tres de julio del presente año, suscrito por el Director General del Centro de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, y dirigido a la Directora General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social de esta entidad, se hizo constar que se entabló comunicación telefónica con Lili Yaneth Novelo Mena, a quien se le notificó del ingreso de su familiar, así como el trámite relativo a las visitas. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues si éstos se hicieron consistir en la orden de traslado del aquí quejoso a otro centro penitenciario y la omisión de notificarlo a sus familiares, es inconcuso que con la declaración de invalidez de dicha orden de traslado y la comunicación que se efectuó a un familiar respecto de su ingreso al Centro de reclusión en Villa Aldama Veracruz, se actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad responsable dejara insubsistente la orden de traslado del quejoso y se subsanara la omisión de notificarlo a sus familiares, lo cual ya aconteció; ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el aquí quejoso aún permanezca en el Centro de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, toda vez que ello se debe a una determinación distinta a la aquí impugnada, esto es, la dictada por el Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Ejecución de Sanciones Penales, en autos del procedimiento ordinario de ejecución 23/2017, derivado de la causa penal 20/2017. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentando en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, de junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También robustece a lo anterior, la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del epígrafe texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este Tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados solo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se causa agravio alguno a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE horas con VEINTE minutos del SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta que antecede, SE ACUERDA: toda vez que aún no transcurre el término de tres días hábiles que se le otorgó a la autoridad responsable Directora General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de tres del presente mes. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan como nuevas hora y fecha para su celebración, las ONCE horas con VEINTE minutos del SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, SE ACUERDA: agréguese a estos autos, para los efectos legales correspondientes, el oficio II.-1700/2017, suscrito por la Directora General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, junto con un anexo, que remite en alcance a su informe justificado rendido oportunamente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; dése vista a las partes de lo anterior; relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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