Carlos Miguel Manzo Gutiérrez
Expediente 254/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Miguel Manzo Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; comisiónese a la Oficial Judicial A adscrita a este órgano de control constitucional, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al del juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido y en aras de privilegiar los medios electrónicos, comisiónese a la Oficial Judicial A adscrita a este órgano de control constitucional, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al del juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fue concedida la medida cautelar provisional, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 254/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El nueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada por. ; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Los actos reclamados los constituyen la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, dictados el quince de marzo del año que transcurre dentro de la carpeta .; atribuidos al juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número ocho, del Tribunal Superior de Justicia y director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ambos de esta ciudad; que aceptaron su emisión y ejecución, respectivamente. La primera de ellas anexó copia del audio y video de la citada audiencia, documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo cual se tienen probados. TERCERO. El quince de marzo de dos mil veintiuno, fue calificada la legalidad de la detención realizada al aquí quejoso al estimarse que se actualizó la figura jurídica de flagrancia respecto del hecho con apariencia de delito de privación ilegal de la libertad en su hipótesis de secuestro calificado. En esa misma audiencia, fue vinculado a proceso por su probable intervención en tales eventos y por los delitos de violación agravada y secuestro calificado, ello en razón de los siguientes hechos que se desprenden de lo manifestado por las partes en la audiencia donde emana el acto reclamado. El once de marzo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas la víctima de iniciales D.L.D.D.D., después de haber peleado con su novio, se trasladó en un taxi, utilizando una aplicación conocida como "beat", hacia el domicilio de una amiga frente al monumento a la revolución. En virtud de no haberla encontrado, a las veintidós horas ingresó a un bar situado frente al monumento a la revolución, ya en su interior se le acercó a hacerle platica una persona del sexo masculino invitándola a su mesa donde estaba con dos amigos más, a lo que accedió. La charla que sostuvieron versó sobre el problema que había tenido con su novio. Aproximadamente a la una hora del doce de ese mes y año, .el sujeto que la abordó- la invitó a seguir tomando en su departamento frente al bar, indicándole que ahí podía cargar la batería de su celular y llamar a su novio para que fuera por ella, debido a que ya era peligroso por la hora. En el camino pasaron al Oxxo por unas cervezas y ya dentro del departamento, los tres sujetos, sin su anuencia la despojaron de su ropa, rompieron su ropa interior y le realizaron tocamientos, a pesar de que les pedía que lo dejaran de hacer y trataba de apartar, no obstante la penetraron vía vaginal en dos ocasiones sin poder precisar quien lo hizo porque la tenían boca abajo y la luz estaba apagada. Posteriormente, aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos, le quitaron el número telefónico de su novio que llevaba apuntado en un papel y comentaron que sería bueno jugarle una broma enviándole mensajes de audio por WhatsApp del teléfono de . en los que le exigían la cantidad de diez mil pesos, amenazando con hacerle daño. Minutos después, . les indicó a sus amigos que se retiraran por lo que se quedó sólo con ella y sin su consentimiento la penetró vía vaginal, tocándola y besándola hasta que amaneció. Que en todo ese tiempo pidió que la dejaran salir y no la dejaron. Por la mañana, aproximadamente a las ocho, le pidió en reiteradas ocasiones a . que la dejara ir sin que se lo permitiera. A las catorce horas llegó su papá con la policía y la sacaron del cuarto donde estaba, manifestándoles que se encontraba ahí contra su voluntad. CUARTO. La parte quejosa sostiene que con la emisión de los actos reclamados se vulneraron los derechos humanos y sus garantías previstos en los artículos 1, 14, 16, 17,18 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para justificar su afirmación realizó diversos conceptos de violación, los cuales se presentan para su mejor comprensión en el siguiente orden temático. 1. Control de detención. 1.1 No se realizó un análisis de razonabilidad sobre los datos de prueba a fin de establecer la posibilidad que se hubiera cometido los hechos señalados como delito, pues de hacerlo se hubiera percatado que: 1.1.1 El sólo señalamiento de la víctima no puede considerarse como un dato suficiente para acreditar la forma de detención. 1.1.2 No se justificó que la víctima haya sido limitada en su libertad deambulatorio, ya sea amarrada de pies o manos, vendajes en la boca, o encerrada bajo llave o con amenazas de causarle un mal para conseguir que permaneciera en ese lugar, por el contrario, de lo narrado por los policías captores se advierte que al momento de ingresar al lugar aquella se encontraba sentada en un sillón, por consentimiento propio y no se le impedía deambular. 1.1.3 El Ministerio Público alteró los hechos, ya que refiere que los policías que intervinieron en el rescate circulaban en dos patrullas al momento que el denunciante solicitó su auxilio, siendo que cuando aquéllos rinden su entrevistan señalan que venían en una sola unidad. 1.2 La calificación de la detención no se encuentra fundada ni motivada, toda vez que el juez debió solicitarle al fiscal que expusiera de forma fehaciente las circunstancias de ejecución y los datos de prueba con que lo sustentaba. 1.3 Los policías captores que ingresaron a su domicilio violentan el artículo 16 constitucional, debido a lo siguiente: 1.3.1 Entraron sin orden de cateo, ni permiso de quien podía otorgarlo. 1.3.2 No se llevó a cabo bajo el mando del Ministerio Público, sino que actuando motu proprio entraron a un edificio sin permiso, y posteriormente, al domicilio donde se encontraba la víctima. Ello con la única finalidad de integrar una carpeta que ya se había iniciado el doce de marzo de dos mil veintiuno por el delito de desaparición forzada. 1.3.3 En la entrevista que se le realizó a la víctima no refiere que estuviera pidiendo auxilio como lo indicó su papá y los policías aprehensores, por lo que existe contradicción que no se percató el juez de control, con lo cual no se hubiera justificado la intromisión al domicilio, pues no otorgó el permiso correspondiente. 2. Formulación de imputación. 2.1 Debió ordenar su libertad por el delito de violación al no haber calificado la legalidad de su detención e impedir que el Ministerio Público formulará imputación por dicho antijurídico, sin que en el caso sea aplicable la tesis aislada con número de registro 20195381 en que se apoyó el representante social pues 1 De rubro y texto que a la letra dicen: "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES LEGAL REALIZARLA POR CONDUCTAS DIVERSAS A AQUELLAS POR LAS CUALES FUE DECRETADA COMO LEGAL LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO (FLAGRANCIA), SIEMPRE QUE LA se contrapone con el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2.2 En la formulación de imputación no se establece ni se comprueba con dato alguno el tiempo de ejecución de los hechos, ya que la víctima no refiere la hora de ejecución de los hechos. 3. Auto de vinculación a proceso. En este apartado, para formular las alegaciones que a DEFENSA SE HAYA IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. En atención al nuevo paradigma del sistema penal de corte acusatorio y oral, si la persona a la que el Ministerio Público desea realizar imputación se encuentra ya a disposición del Juez de Control, es innecesario solicitar una diversa forma de conducción del imputado al proceso, pues sea cual fuere la forma en la que se presente ante el órgano jurisdiccional -una vez calificada de legal su detención, en el caso, por tratarse de flagrancia-, ello no imposibilita que la Representación Social formule imputación por conductas diversas a las calificadas preliminarmente como delito, en el entendido de que aquélla consigna hechos ante el Juez de Control. Es así, pues de los artículos 141, 149, 211, 221, 307, 308, 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales deriva que: i. Existen diversas formas de conducir al imputado al proceso, a saber: a) Citatorio; b) Orden de comparecencia; c) Orden de aprehensión; y, d) Presentación por el Ministerio Público, al haber sido detenido en flagrancia o por caso urgente; ii. A diferencia del sistema penal tradicional o mixto, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, el ejercicio de la acción penal se da en la audiencia inicial, en el momento en que el Ministerio Público formula imputación al presentado; iii. En la audiencia inicial, como primer paso, se realizará el control de la legalidad de la detención, si correspondiere; como segundo se formulará la imputación, como tercero se dará la oportunidad de declarar al imputado, como cuarto se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y, como quinto paso, se definirá el plazo para el cierre de la investigación; iv. Que cuando exista detenido, es un requisito sine qua non que, previo a la formulación de la imputación, se realice el control de la detención; v. Que la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del Juez de Control, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito; vi. Que si se trata de detenidos en flagrancia, después de que el Juez califique el control de la detención, el Ministerio Publico deberá formular imputación, exponiendo al imputado el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en aquél, así como el nombre de su acusador; posteriormente, de considerarlo procedente, solicitará la vinculación a proceso del imputado. Luego, la mecánica de la secuencia preliminar lleva a considerar que es innecesario que el Ministerio Público solicite un diverso medio de conducción para presentar al imputado ante la presencia del Juez de Control para formularle imputación por conductas diversas a las calificadas preliminarmente como delito, ya que al haber sido presentado legalmente ante el Juez con motivo de su detención en flagrancia, una vez que ésta se califica de legal y se pasa a la formulación de la imputación, es legal formularla por diversas conductas a las calificadas preliminarmente como delito, siempre que la defensa se haya impuesto del contenido de la carpeta de investigación, pues de ese modo se respeta el principio de contradicción y se privilegia el diverso de concentración, al resolver sobre todos los hechos delictivos que pudieran estar relacionados con la conducta que se atribuye al imputado, lo que permite considerar que, en ese supuesto, se hace innecesario solicitar un diverso medio de conducción al proceso." continuación se precisarán, la parte quejosa transcribió diversos datos de prueba que al parecer existen en la carpeta judicial de donde emanan los actos reclamados. 3.1 No se realizó una adecuada ponderación de los diversos datos de prueba con los que se sustentó el auto de vinculación a proceso, pues de ser así se hubiera advertido que no se establecían los delitos imputados ni la probable responsabilidad, en razón de las siguientes inconsistencias: 3.1.1 De la entrevista realizada al testigo de identidad resguardada de iniciales R.A.G.O. (novio de la víctima) se aprecia que únicamente describe lo realizado por ésta hasta que tomó el taxi. 3.1.2 De lo expuesto por el denunciante E.D.T.E.D.T. (padre de aquélla) se observan manifestaciones ilógicas, pues no dejó que el Ministerio Público solicitara una orden de cateo, ni señala la hora en que llegó al lugar donde se encontraba su hija, los actos que realizó para llegar a él y si el recorrido lo hizo a pie o en auto. Además, resulta sospechoso que al escuchar que su hija gritaba pidiendo auxilio en un lugar donde había personas que ingerían bebidas alcohólicas no pidiera apoyo al Ministerio Público. 3.1.3 Existen contradicciones entre lo dicho por el denunciante E.D.T.D.T. y los policías, ya que el primero no refirió que al momento que aquéllos intervinieron su hija continuara gritando, pidiendo auxilio, lo que sí indicaron dichos agentes aprehensores. 3.1.4 La circunstancia que la víctima fuera encontrada dentro del domicilio del quejoso no supone que estuviera contra su voluntad, pues el policía que la rescató refiere que la encontró sentada en un sillón sin que estuviera amarrada o amordazada, además no se señaló los actos que se ejecutaron para privarla de su libertad ni para imponerle la cópula, aspectos que no fueron acreditados, por lo que se viola la presunción de inocencia. 3.1.5 La declaración de la víctima es insuficiente pues no está corroborado con otro dato de prueba, además que de la entrevista realizada a aquélla se aprecia lo siguiente: 3.1.5.1 Es mendaz, en atención que al momento de su rescate no les dijo a los policías que había sido abusada sexualmente. Tampoco lo refirió en su presentación ante el Ministerio Público ni con el médico legal. 3.1.5.2 Es inverosímil, pues cuando sintió que los sujetos la tocaban y le quitaban su ropa debió retirarse del lugar, además que la actitud tomada después de la relación sexual no es acorde con la presentada en casos de esa naturaleza. 3.1.5.3 De sus manifestaciones se puede concluir que nunca existió cópula forzada, ya que estuvo conviviendo en el bar con el quejoso y otras dos personas. 3.1.5.4 La imputación que realiza fue para justificar su inasistencia a su domicilio. 3.1.5.5 De lo narrado por la víctima en su entrevista no se advierte que se encontrara pidiendo auxilio, limitada en su libertad deambulatoria, ni la forma como le impidiera salir y llamar a su familia. 3.1.5.6 No es creíble que la víctima tuviera el número del teléfono de su novio apuntado en un papel, por lo que se puede concluir la participación de ella en dicha broma; de ahí que, de existir el secuestro debió ser considerado como simulado en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de secuestro. 3.2 No se aportó datos de prueba para verificar la presencia de semen, por lo que no quedó demostrado la cópula. 3.3 Del certificado de integridad física no se advierte que la víctima estuviera en estado de shock. 3.4 El perito oficial en materia de medicina legal no señala que existiera datos de coito reciente y las lesiones que presentó no son típicas de los delitos de violación donde intervienen más de tres personas. 3.5 Las lesiones que presentaba la víctima detallada en el dictamen médico legal no eran compatibles con las típicas de una violación en donde supuestamente participaron tres personas, por lo que no se puede establecer la violencia física o moral. 4. El juez no justificó el valor de los datos de prueba, de manera conjunta e integral. 5. La participación del quejoso en los hechos no quedó debidamente esclarecida, toda vez que no se realizó un análisis razonable de los datos de prueba expuestos por el fiscal. 6. Datos de prueba que a su juicio debieron recabarse. 6.1 Se viola el debido proceso ya que el juez responsable ordenó al Ministerio Público que realizara diversas diligencias como recabar opiniones médicas, lo que demuestra que no contaba con indicios suficientes para sujetarlo a prisión preventiva. 6.2 No se corrobora la imputación porque no existen datos de prueba como el dictamen en psicología a fin de verificar que tuviera signos de haber sido abusada sexualmente, o la experticial de química forense que demostrara la presencia de semen en la cavidad vaginal. 6.3 No existe dato de prueba que corrobore que los mensajes exigiendo diez mil pesos por el rescate de la víctima haya provenido del celular del quejoso, por lo que debió ser investigado por el Ministerio Público. Las manifestaciones que en vía de amicus curiae hicieron valer diversas personas, en síntesis, consisten: 7. . es un ciudadano de buena reputación, profesionista y honesto. 8. No fue encontrado en flagrancia porque en la audiencia no se razonó los datos contextuales de prueba. 9. Los argumentos y pruebas aportados por la fiscalía no establecen que el quejoso haya participado en los hechos que se le atribuyen, siendo insuficiente el dicho de la víctima. 10. Se debió ordenar la libertad del amparista por el delito de violación al no haber sido calificada de legal la detención y no permitir formular imputación por ese injusto. 11. Existen discrepancias entre los testigos. 12. No se acredita que la víctima estuviera privada de su libertad ni que le fuera impuesta la cópula. QUINTO. Son infundados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, tal como se justificará. Como punto de partida debe precisarse que, con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, en materia de justicia penal y seguridad pública se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, a fin de ser compatible con el Estado democrático y garantista de nuestro tiempo. De esa manera, el modelo acusatorio se ha incorporado sustancialmente en modificaciones efectuadas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal. La modificación al artículo 20 constitucional concretizó dicha reforma pues en éste se establecieron las directrices del proceso penal, en el sentido de que es de corte acusatorio, adversarial y oral, como sus principales características; el que debe desarrollarse bajo los siguientes principios: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en aras de cumplir con su objeto, a saber, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que los daños causados por el delito se reparen, a través del cumplimiento cabal del debido proceso, utilizando como herramienta indispensable la oralidad y apoyándose para ello del método de la audiencia como eje rector del desarrollo del proceso. El sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y finalmente, c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Es de suma importancia establecer que conforme al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, se garantiza la igualdad procesal de las partes, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador -quien actúa como un tercero imparcial- su versión de los hechos, con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin de lograr convencerlo de su versión o teoría del caso. Además, el juez de control que resuelva sobre el auto de vinculación a proceso, necesariamente debe haber apreciado en sus términos la formulación de imputación y la solicitud de vinculación que efectuó el órgano ministerial, pues para resolver la situación jurídica del imputado debe considerar todas las manifestaciones vertidas en la citada audiencia, atento al principio de inmediación. Dentro de la etapa de investigación sucede una audiencia -denominada audiencia inicial- con motivo a la solicitud que realiza el Ministerio Público al juez de control, ya sea porque el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, o para el caso que no esté detenido se le cite para la formulación de imputación en la que se le hará saber que se desarrolla una investigación en su contra. Cuando el imputado se encuentra físicamente ante el juez de control, deben seguirse los pasos procesales que conforman la audiencia inicial, los cuales se encuentran previstos en el artículo 3072 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: 1. Informar al imputado de sus derechos constitucionales -en caso de que no se haya hecho-; 2. Realizar el control de la legalidad de la detención -siempre que la detención se haya realizado con motivo de la flagrancia delictiva o caso urgente-; 2 Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." 3. Formular imputación; 4. Dar oportunidad de declarar al imputado; 5. Resolver sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares; y, 6. Definir el plazo para el cierre de investigación. Etapa procesal en la cual se desarrollaron las actuaciones que constituyen los actos reclamados y que se analizarán conforme se fueron desahogando en dicha diligencia. Control de la legalidad de la detención. La libertad personal es un derecho humano que ha vivido un proceso evolutivo de reconocimiento y protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme además al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este desarrollo obedeció a la constante histórica de abusos en el ejercicio del poder; frente a ello, las normas constitucionales y convencionales han excluído la posibilidad de que se atente de manera arbitraria contra la libertad de las personas. En ese sentido, de conformidad con el texto constitucional y los instrumentos internacionales ratificados por México, la privación de la libertad personal sólo puede efectuarse bajo las propias delimitaciones excepcionales conforme al propio marco constitucional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de determinados requisitos y garantías. Una de las formas constitucionalmente válidas para la privación de la libertad personal es la detención en flagrancia, previsto en el párrafo quinto del mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto señala: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención." El artículo 146, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, establece dos hipótesis por las que podrá detenerse a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia: al momento de estar cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido. Al resolver el amparo directo en revisión 5577/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que la detención de una persona sea constitucionalmente válida (en caso de que se realice en el momento o inmediatamente después de haberse cometido el delito), es necesario que quien lleve a cabo esa detención, ya sea por un particular o la autoridad, parta de datos objetivos que permitan colegir la actualización de esas circunstancias, es decir, que se esté cometiendo un delito o que se hayan cometido. En el caso que nos ocupa el juez responsable estimó que se actualizaba primer supuesto respecto del antijurídico de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, toda vez que de la referencia que realizó el Ministerio Público en la audiencia celebrada el quince de marzo de la anualidad que transcurre, se advierte que el doce de marzo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, en la calle de insurgentes norte, colonia san Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad, el denunciante de iniciales E.D.E.DT., interceptó a los policías Jorge Antonio Cruz Aguilar y Miguel Ángel Álvarez Huitrón, indicándoles que al interior de un edificio provenían unos gritos que identificó como de su hija, mencionándoles que el día anterior había denunciado su desaparición, que por medio de la aplicación Beat consiguió el lugar donde había sido el último destino de aquélla y que además le estaban exigiendo la cantidad de diez mil pesos a cambio de no causarle daño, por lo que ingresaron al inmueble con permiso de una persona que los dejó entrar y tocaron la puerta de donde provenían los gritos, lugar donde les abrió el aquí quejoso encontrando al interior de un cuarto a la víctima quien les mencionó que estaba en contra de su voluntad. Al momento que los policías revisaron a . le encontraron un teléfono celular de la marca Huawei, con terminación 1051. Posteriormente, al rendir su entrevista ante el Ministerio Público la víctima indicó que también había sido violada tres veces en dicho lugar. Respecto del hecho privativo de la libertad, el propio doce de marzo de dos mil veintiuno, el representante social del fuero común decretó su retención por flagrancia, y dentro del término constitucional, fue puesto a disposición del juez de control respectivo. Por su parte, la defensa del imputado refirió que no se actualizaba la flagrancia invocada, esencialmente porque a su juicio los hechos eran atípicos, además que después de realizar un análisis de los datos de pruebas advertía que existían discrepancias entre ellas; de ahí que el resolutor responsable haya estimado que no había controversia respecto a que el aquí quejoso había sido detenido y, una vez que realizó el ejercicio racional la calificó de legal. A partir de lo debatido por las partes, en audiencia de quince de marzo de dos mil veintiuno, el juez de control responsable calificó de legal la detención del aquí quejoso al considerar que el día doce de marzo de este año, cerca de las catorce horas con treinta minutos, el papá de la víctima, empleando la dirección que le fue proporcionada vía correo electrónico por la aplicación beat que aquella había utilizado para transportarse por última vez, llegó al domicilio que habitaba el aquí quejoso, escuchándola desde la calle que pedía auxilio al interior de un inmueble, por lo que regresó a la avenida insurgentes donde encontró a los policías a quienes les contó que el día anterior su hija había desaparecido, que le habían exigido diez mil pesos para su rescate y que la escuchó gritar pidiendo auxilio, por lo cual ingresaron al edificio a través de un vecino y, posteriormente, tocaron la puerta del departamento de donde provenían los gritos, abriendo el propio amparista y en su interior encontraron a la víctima que dijo que permanecía en ese lugar contra su voluntad, pues . no dejaba que se marchara, obteniendo así parámetros razonables para inferir válidamente que se actualizan los supuestos contemplados en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que probablemente se estaba cometiendo el delito de privación de la libertad. Advirtiéndose de la propia audiencia que, según lo informado, ., fue detenido a las catorce horas con treinta y cinco minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno. Así, es posible advertir que la detención en flagrancia del quejoso es legal, pues se aprecian elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal, dado que del análisis de las referencias que proporcionó el Ministerio Público puede inferirse que fue detenido cometiendo posiblemente el hecho con apariencia del delito de privación ilegal de la libertad ya que era evidente para cualquier persona que la víctima de iniciales D.L.D.D.D. se encontraba en ese lugar privada de su libertad, contra su voluntad, pues si partimos -como lo hizo la responsable- de la denuncia de su desaparición realizada por sus padres, el mensaje exigiendo la cantidad de diez mil pesos para su libertad, que tanto el padre como la policía la escucharan pidiendo auxilio, y finalmente, la manifestación de aquélla en el sentido que se encontraba en contra de su voluntad en virtud de que el aquí quejoso no le permitió que se retirara; lleva a concluir de manera razonable, más allá de los aspectos técnicos-jurídicos propios de un especialista en derecho, la probable existencia de un hecho penalmente relevante, ante el cual, cualquier persona está facultada constitucional y legalmente para detener al sujeto que lo está ejecutando - independientemente de su ulterior clasificación legal a cargo de las autoridades que resulten competentes para ello-, más al tratarse de la policía, garante de la sociedad. Cierto, la detención en flagrancia constituye un caso de excepción por la que es permisible ingresar -a cualquier persona- al domicilio donde ocurre dicho evento ante la urgencia para impedir la continuación o consumación del delito, condicionado a que quien irrumpe en el aludido ámbito espacial privado debe tener datos ciertos que permitan considerar, de manera razonable, la posible comisión de una conducta delictiva -lo que exige percepción directa-, aspectos que como ya analizó, al menos para los policías captores y el padre de la víctima, eran evidentes, por lo que, es indudable que en su determinación el juez de control además de lo preceptuado en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, observó los lineamientos señalados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3244/2016, que dio origen a la tesis aislada CCCXXVIII/2018 (10a.)3 y por tanto, no 3 De rubro y texto: "INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. SUPUESTOS CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDOS EN CASO DE FLAGRANCIA. La inviolabilidad del domicilio, reconocida en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, numeral 2, y 11, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye una manifestación del derecho a la intimidad, entendido como la protección del ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del se estiman vulnerados los derechos previstos en el artículo 16 de la Carta Magna. Adicionalmente, del régimen general de protección contra detenciones arbitrarias, deriva la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Publico lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la autoridad ministerial respectiva, sin dilaciones injustificadas, la cual se actualiza cuando no existen motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos facticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante la autoridad ministerial4. En ese contexto, en cuanto al tiempo que tardaron en poner al quejoso a disposición del Ministerio Publico conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares. Ahora bien, dicho derecho no es absoluto, pero al existir una expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela, la intromisión domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base de que su ejecución requiere, como regla, una autorización judicial previa, en la que se motiven la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la injerencia. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/2004-PS, determinó que es constitucionalmente válida la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva; sin embargo, es de toral relevancia que los operadores jurídicos analicen esta figura jurídica a la luz del actual artículo 16 de la Constitución Federal. Así, sólo será constitucionalmente válida la intromisión aludida cuando: a) se irrumpa en el lugar al momento en que en su interior se esté cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos, derivados de una percepción directa, que permitan considerar, razonablemente, la posible comisión de una conducta delictiva; o, b) cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el sujeto activo es perseguido inmediatamente hasta ahí, es decir, la intromisión debe derivar de la persecución inmediata y continua del presunto responsable. En ambas hipótesis, lo determinante debe ser la urgencia del caso, de modo que la intervención se torne inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos o impedir la huida de quien aparece como responsable." 4 Apoya lo anterior, la tesis 1a. LIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página: 643, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN A TAL DERECHO." investigador, lo cual aconteció a las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del doce de marzo de la presente anualidad, cuando su detención aconteció a las catorce horas con treinta y cinco minutos de ese mismo día -aproximadamente ciento veinte minutos-, por sí es un tiempo razonable, necesario e indispensable para su revisión y traslado a las oficinas ministeriales, además, no existe información que genere convicción en el sentido de que hubiere sido amedrentado o amenazado durante ese trayecto, ni de que se le hubiera violentado algún derecho fundamental; aunado a que fue puesto a disposición del juez de control dentro de las cuarenta y ocho horas que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, resulta infundado lo señalado por el accionante de juicio en el concepto de violación identificado con el número 1.2, ya que se advierte que la autoridad responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada, resolvió sin omitir cuestiones debatidas, ni añadió otras, pues incluso, dio contestación a las manifestaciones realizadas por la defensa del quejoso, para concluir que los elementos captores actuaron con legitimación porque, como se ha visto, fueron informados de que el quejoso se encontraba cometiendo un delito, esto es, porque en su domicilio se encontraba una persona que pedía auxilio, lo que se ajustaba a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, entre otras cuestiones; de ahí´ que resultaba procedente calificar de legal su detención. Sin que obste a lo anterior, que el juez responsable se haya apoyado para calificar la flagrancia en la fracción I, del artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no en la diversa fracción II, inciso b) señalado por el Ministerio Público, pues dicha actuación no causa ningún perjuicio a la parte quejosa ya que se trata de los mismos hechos por los que su defensa tuvo conocimiento y se les dio la oportunidad de alegar lo que estimaron conveniente. Asimismo, se estima ajustado a derecho que el juez responsable no haya calificado de legal la detención del quejoso por lo que respecta al delito de violación agravada, ya que no existía evidencia que en ese momento se estuviera cometiendo y tampoco existió en el momento de la detención algún señalamiento, sin que sea obstáculo que no haya ordenado la libertad de . respecto de dicho ilícito ya que continuaba sujeto a la audiencia en virtud del injusto por el que se había calificado la legalidad de la detención. Son infundados los conceptos de violación identificados con los números 1.1 a 1.1.3, toda vez que de los datos de prueba que señaló el Ministerio Público, tal como lo indicó el juez responsable, se puede suponer que las personas que lo detuvieron tenían los elementos suficientes para creer que en ese lugar se estaba cometiendo un hecho delictivo, inclusive que la víctima podía estar en peligro, ya que de la narrativa que se realiza en la audiencia queda de manifiesto que había una denuncia por su desaparición, la exigencia de diez mil pesos para entregarla y que su papá empleando la aplicación del taxi que aquélla había utilizado encontró el lugar donde pedía auxilio, para posteriormente ingresar con los policías donde fue encontrada la víctima quien refirió que permanecía contra su voluntad, sin que las solas alegaciones formuladas por la defensa -no referenciadas en este momento en algún dato de prueba- puedan tener el alcance para corroborar su teoría del caso, pues tal como fueron planteadas constituyen apreciaciones subjetivas. Asimismo, es importante mencionar que en esta etapa procesal no se exige acreditar los hechos ni valorar pruebas, ya que ello ocurre en la etapa del juicio, por lo que no se exige que los datos de prueba se encuentren perfeccionados como lo pretende la parte quejosa. Devienen igualmente infundadas las alegaciones puntualizadas en los números 1.3 a 1.3.3, ya que del análisis del debate realizado en este apartado no se aprecia que el defensor o propio quejoso en sus manifestaciones hayan indicado que la policía ingresó por la fuerza a su domicilio, por el contrario, se advierte que fue el amparista quien les abrió la puerta, esto es, consintió que se introdujeran. No obstante, es oportuno reiterar que en el caso de los delitos cometidos en flagrancia, previsto en el mencionado precepto constitucional y legal, puede la autoridad introducirse a un domicilio sin contar con orden de cateo5, fundado en que la demora podría hacer 5 Sobre este tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 75/2004, indicó: "Ciertamente, existen casos de flagrancia, esto es, cuando se está en presencia de actos delictivos que se están ejecutando o se acaban de ejecutar, por ejemplo, cuando la autoridad policial recibe información en el sentido de que en determinado domicilio tienen secuestrado a un sujeto (delito permanente), o que se está cometiendo una violación (delito instantáneo), que se posee droga o armas (delito permanente), tráfico de personas (delito instantáneo), pederastia (delito instantáneo), casos en los que no se necesitará, necesariamente, orden judicial de cateo que autorice la intromisión o allanamiento del domicilio particular, ya que existiendo flagrancia, el propio artículo 16 constitucional, expresamente permite a cualquier particular, y con mayor razón a la autoridad, detener al indiciado y lógicamente hacer cesar la agresión delictiva." ilusoria la investigación de los delitos y la aplicación de las penas correspondientes. Lo anterior significa que la autoridad policial puede irrumpir en el domicilio de un gobernado sin contar con orden de cateo cuando como ocurre en el caso, se esté cometiendo el delito dentro del domicilio. Ello obedece también al hecho de que la autoridad policial tiene el deber de velar por la seguridad y protección de la ciudadanía, por lo que se convierte en garante de los bienes de la sociedad y por contrapartida, tiene el derecho de hacer que cese dicha afectación, sin esperar que se lo autorice expresamente la autoridad judicial, pues como se ha visto, atendiendo a las circunstancias del caso que consideró la responsable, su participación tuvo lugar al acudir al llamado de auxilio del padre E.D.E.DT., quien les explicó que al interior de un edificio provenían unos gritos que identificó como de su hija, mencionándoles que el día anterior había denunciado su desaparición, además le estaban exigiendo la cantidad de diez mil pesos a cambio de no causarle daño, por lo que en ejercicio de su encomienda es que ingresaron al edificio y posteriormente al departamento en cuyo interior encontraron a la víctima quien les corrobora que estaba en el lugar contra su voluntad. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada6, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, contrario a lo señalado por la parte quejosa, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales7 sin advertirse violación a sus 6 Entendiéndose como tal que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable y señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 7 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. derechos fundamentales, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que el agente del Ministerio Público en presencia del juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, formuló imputación contra el ahora quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia de delito de violación, previsto en el artículo 174, párrafo primero (al que por medio de la violencia moral realice cópula con persona de cualquier sexo) y 178, fracción I (con intervención directa de dos o más personas), ambos del Código Penal de la Ciudad de México; asimismo, respecto del injusto de privación de la libertad personal en su hipótesis de secuestro agravado, tipificado en los numerales 9, párrafo primero (al que prive de la libertad a otro), fracción I, inciso a) (para obtener para si un rescate), 10 fracción I, inciso b (que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas) y c) (actúen con violencia), de la Ley General El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, por lo que deviene infundado el concepto de violación precisado con el número 2.2. Es igualmente infundado el concepto de violación marcado con el número 2.1, ya que, si bien el juez responsable no ordenó su libertad por el delito de violación agravado al no haberse acreditado la flagrancia, ello no supone que exista algún impedimento para que el Ministerio formulara imputación respecto de los mismos hechos por los cuales sí se había calificado de legal la detención y de los que inclusive se había impuesto de la carpeta judicial. Lo anterior encuentra justificación en los principios de unidad procesal y concentración en la medida en que permite que los mismos hechos sean materia de debate en un único juicio, no obstante existan distintas figuras típicas, en aras de reducir el número de actuaciones penales por el mismo comportamiento, ya que contribuye a la realización del derecho de defensa de las personas investigadas, acusadas o juzgadas en tanto asegura la concentración de sus esfuerzos para lograr una defensa adecuada; también los derechos de las víctimas se ven favorecidos, en virtud de que pueden formular sus pretensiones de verdad, reparación y justicia; además, dota de eficacia y celeridad al proceso, optimizando los esfuerzos y recursos invertidos por las partes, intervinientes y autoridades judiciales en materia probatoria; y, evita la adopción de decisiones contradictorias frente a los mismos hechos, conforme al derecho de seguridad jurídica. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, el juez dio el uso de la voz al aquí amparista, quien realizó diversas alegaciones. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple en el presente asunto, puesto que el juez de control indicó dichas circunstancias, precisando que se desarrollaron aproximadamente a la una hora del doce de marzo de dos mil veintiuno, dentro del domicilio de ., éste y dos sujetos más, despojaron a la victima de iniciales D.L.D.D de su ropa, incluso rompieron su ropa interior y le realizaron tocamientos, a pesar de que ésta sollozando les pedía que lo dejaran de hacer y trataba a apartar, no obstante la penetraron vía vaginal en dos ocasiones sin poder precisar quien lo hizo porque la mantuvieron boca abajo y la luz estaba apagada. Posteriormente, cerca de las cuatro horas le quitaron el número telefónico de su novio que llevaba apuntado en un papel, enviándole mensajes de audio por WhatsApp del teléfono de .exigiendo la cantidad de diez mil pesos, amenazándolo. Minutos después, . les indicó a sus amigos que se retiraran por lo que se quedó sólo con ella y sin su consentimiento la penetró vía vaginal, tocándola y besándola hasta que amaneció. Que en todo ese tiempo pidió que la dejaran salir y no la dejaron. Por la mañana, aproximadamente a las ocho, le pidió en reiteradas ocasiones a . que la dejara ir sin que se lo permitiera. A las catorce horas llegó su papá con la policía y la sacaron del cuarto donde estaba, manifestándoles que se encontraba ahí contra su voluntad. Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que la llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito, cuya clasificación jurídica preliminar, se encuentra prevista, en cuanto a violación en el artículo 174, párrafo primero (al que por medio de la violencia moral realice cópula con persona de cualquier sexo) y 178, fracción I (con intervención directa de dos o más personas), ambos del Código Penal de la Ciudad de México; asimismo, respecto del injusto de privación de la libertad personal en su hipótesis de secuestro agravado, tipificado en los numerales 9, párrafo primero (al que prive de la libertad a otro), fracción I, inciso a) (para obtener para si un rescate), 10 fracción I, inciso b (que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas) y c) (se realice con violencia), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El juez al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por el agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso al peticionario del amparo.8 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El juez, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que contrariamente a lo que alega el promovente en su concepto de violación marcado con el número 4, hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social, habida cuenta que es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se llevará a cabo la producción probatoria de las partes y se demostrarán los hechos objeto del proceso.9 8 Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, visible a página 2377, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." 9 Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2014800, de texto y rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Los conceptos de violación identificados con los números 3.1 a 3.1.5.6, 3.2 a 3.5 y 6.1 a 6.3, se analizarán en bloque al estar íntimamente ligados, pues se advierte que la intención de la parte quejosa consiste en cuestionar el valor de cada uno de los datos de prueba en razón de estimarlos inverosímiles, incongruentes, suspicaces, además, sostiene que no quedaron acreditada las figuras típicas imputadas, finalmente, señala algunos datos de prueba que a su juicio hicieron falta para esclarecer debidamente los hechos. Tales conceptos de violación devienen infundados en razón de lo que a continuación se argumenta. Uno de los aspectos sobre los que descansa la reforma del sistema penal acusatorio, como ya se anticipó, consiste en que la etapa que se analiza no se puede hablar de pruebas, sino de datos de prueba, esto es, el juzgador que emita un auto de vinculación sólo debe tomar en cuenta los términos en que la representación social formuló la imputación, a partir de los datos de prueba con que afirma contar el órgano acusador, a fin de verificar si se cumplen las exigencias constitucionales y legales para sujetar al imputado a una investigación formalizada. Dicho en otras palabras, la materia de análisis del juzgador para el dictado del auto de vinculación no lo constituyen pruebas, sino las referencias que las partes hagan de los datos que obren en la carpeta de investigación, es decir, las argumentaciones que tanto el Ministerio Publico y la defensa realicen de los hechos, por lo que en estas condiciones no realiza un juicio de valor sobre el contenido, alcance y eficacia demostrativa de dichos datos pues incluso está impedido para revisar la carpeta de investigación para dictar dicha resolución, de lo contrario originaría una violación al principio de contradicción, al resolver con elementos no expuestos ni debatidos en audiencia, lo que también vulneraría el principio de igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Luego, no asiste razón a la parte quejosa -en sus conceptos de violación puntualizados con los números 3.1 a 3.1.5.6- cuando pretende que en el juicio de amparo se analice el contenido de los datos de prueba que integran la carpeta judicial que no tuvo a la vista el juzgador natural, pues ello contravendría los principios de contradicción e inmediación que rigen el sistema penal acusatorio. Además, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que en un ejercicio racional del juzgador le permitan establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito y la posibilidad de que el imputado pudo haberlo cometido o participar en su comisión; de ahí que en esta etapa es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que sean susceptibles de generar valor demostrativo pleno. Ello, porque el análisis de esos datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos constitucionales de mérito, contrario a lo plasmado por el amparista en sus inconformidades 3.2 a 3.5, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sino que sólo debe verificar que el hecho o los hechos materia de la imputación tengan la apariencia de ser delictivos, lo que supone la concurrencia de determinados datos conocidos a partir de los cuales es factible sostener la probabilidad de la hipótesis acusatoria, al no vislumbrarse como plausible alguna otra; para ello, el juez de control debe examinar el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Cierto, en las primeras etapas del procedimiento, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares, en tanto que, en la de juicio, las esenciales; por ello, se estableció un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de vinculación a proceso. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. Lo anterior es así, pues la teoría fáctica del Ministerio Público se sustentó no en un dato de prueba en particular sino en un conjunto, del que destacan la entrevista a la víctima, quien refiere la forma como sucedieron los hechos, después de pelear con su novio y dirigirse en el taxi de la aplicación beat al domicilio de una amiga frente al monumento a la revolución cerca de donde se encontraba el bar en el que conoció al aquí quejoso y a las otras dos personas que también señaló como probables responsables; la llegada al departamento de aquél; los tocamientos que le hicieron así como que la desvistieran y le rompieran su ropa íntima, a pesar de que ella se negaba y lloraba; posteriormente su narrativa en cuanto a que la penetraron vía vaginal en tres ocasiones sin que pudiera señalar en las dos primeras quien de los tres sujetos haya sido, ya que estaba boca abajo y la luz apagada, aclarando que la última fue violada por el aquí quejoso, los mensajes que se realizaron del teléfono del amparista al de su novio para pedir el rescate por diez mil pesos, amenazando con hacerle un daño, además que la mantuvieron privada de su libertad pues no la dejaban salir. Asimismo, el Ministerio Público aseveró que al entrevistar al novio de la víctima refirió que la acompañó para que abordara el taxi, además de, recibir los mensajes en donde pedían la cantidad de diez mil pesos por el rescate de aquélla. De igual forma, refirió esa representación social que el papá de la víctima le manifestó que al ver que no llegaba, denunció su desaparición, al tiempo que el novio de ésta les enseñó los mensajes en los que le exigían diez mil pesos a cambio de su liberación. Que al día siguiente por medio de la aplicación Beat ubicó el lugar donde había sido el último destino de aquélla y al trasladarse al lugar escuchó gritos de auxilio de su hija que provenían de un edificio, por lo que solicitó el apoyo de los policías que circulaban con quienes entró al edificio y luego al departamento donde fue encontraba junto con el aquí quejoso. En tanto en el informe homologado los policías señalaron que al circular por la avenida insurgentes se les acercó una persona para pedir ayuda porque su hija, denunciada como desaparecida, al parecer se encontraba dentro de una vivienda solicitando auxilio por lo que pidieron permiso para entrar al edificio y posteriormente tocaron la puerta del lugar de donde provenían los gritos que fue abierto por . quien les permitió la entrada, siendo que al ingresar a uno de los cuartos encontraron a la víctima quien refirió que estaba ahí contra su voluntad. Además, indicaron que al revisar al amparista le encontraron el celular marca Huawei del que aparentemente se comunicaron para pedir el rescate. Finalmente, afirmó que cuentan con el dictamen médico donde se describen las diversas lesiones que presentó la víctima en su espalda, brazo y tórax. Por su parte la defensa se limitó a negar los hechos sosteniendo que todo lo que había ocurrido fue consensuado, derivado de una noche de copas, que al parecer la imputación que se le hacía era para que la víctima justificara la insistencia a su casa la noche anterior y para no tener problemas con su novio. Asimismo, las lesiones que presentaba aquélla se las pudo haber causado su padre cuando la sacó del departamento. Sobre las bases expuestas, este juzgador concluye que el conjunto de circunstancias y datos de prueba aportados por el Ministerio Público, son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de hechos delictivos y la probable participación del imputado . en su comisión; sin que los argumentos aportados por la defensa para controvertir aquéllos -con base en su derecho de contradicción- sean suficientes, en el momento procesal que nos ocupa, para desvirtuar tales extremos, como también pretende evidenciarlo en la demanda de amparo, habida cuenta que por ahora, resultan especulativas, por constituir una simple opinión o punto de vista de lo que pudo haber sucedido, carente de una base o sustento real, de ahí que conforme con el ejercicio de ponderación realizado por el juez de control, el cual cabe decir se ajusta a los principios que rigen el debido proceso legal, no infringe las reglas fundamentales de la lógica, los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, efectivamente no tenga el alcance que supone. Así, de las posturas proporcionadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa del aquí quejoso se puede establecer, en un grado razonable, la existencia del hecho imputado consistente en que el once de marzo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas la víctima de iniciales D.L.D.D.D., después de haber peleado con su novio, se trasladó en un taxi, utilizando una aplicación conocida como "beat", hacia el domicilio de una amiga frente al monumento a la revolución. En virtud de no haberla encontrado, a las veintidós horas ingresó a un bar situado frente al monumento a la revolución, ya en su interior se le acercó el hoy quejosos a hacerle platica invitándola a su mesa donde estaba con dos amigos más, a lo que accedió, posteriormente la invitó a seguir tomando en su departamento frente al bar. En el camino pasaron al Oxxo por unas cervezas y ya dentro del departamento, los tres sujetos, contra su voluntad la despojaron de su ropa, incluso rompieron su ropa interior y le realizaron tocamientos, a pesar de que les pedía que lo dejaran de hacer y los trataba de apartar, no obstante la penetraron vía vaginal en dos ocasiones sin poder precisar quien lo hizo porque estaba boca abajo y la luz apagada. Minutos después, . les indicó a sus amigos que se retiraran por lo que se quedó sólo con ella y sin su consentimiento la penetró vía vaginal, tocándola y besándola hasta que amaneció. Que pese a que les pidió que la dejaran salir no se lo permitieron. Por la mañana le pidió en reiteradas ocasiones a . que la dejara ir sin conseguirlo. A las catorce horas llegó su papá con la policía y la sacaron del cuarto donde estaba, manifestándoles que se encontraba ahí contra su voluntad. En las condiciones apuntadas, es dable establecer que la resolución en el fondo cuestionada, fue emitida sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos fundamentales, en virtud de que el juez de control, durante el desarrollo de la audiencia, tuteló los derechos fundamentales a una defensa adecuada y de debido proceso, ubicándolo siempre en un plano de igualdad frente a la parte acusadora. Adicionalmente, al tratarse el auto de vinculación a proceso de una etapa preliminar de la investigación no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso, a través de la etapa de investigación formalizada en donde se practican las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, esto es, las partes preparan u obtienen sus medios de prueba que, en su momento, habrán de ofrecer en la audiencia intermedia para que se determine si se llevan o no a juicio, es decir, es en esta etapa procesal donde la parte quejosa puede solicitar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos imputados, a efecto de reforzar su teoría del caso, consistente en que fue una mala broma realizada para excusarse y evitar el regaño del padre y que la cópula, de existir, fue consentida o inclusive, algún otro dato de prueba que sea relevante para acreditar sus afirmaciones; de ahí que resulten infundado los conceptos de violación señalados con los números 5 y 6.1 a 6.3, toda vez que es en la etapa de investigación formalizada donde las partes pueden realizar las diligencias para aclarar los hechos de acuerdo a la teoría del caso que pretendan sostener. Respecto de la actualización de una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, tanto el juez responsable como este órgano de control constitucional, no advirtieron alguna de ellas. No ha lugar a realizar algunas consideraciones en especial respecto a las manifestaciones que en vía de amicus curiae hicieron valer diversas personas ya que coinciden en lo esencial con los conceptos de violación de fueron desestimados en esta sentencia. Finalmente, debe decirse que no se advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. SEXTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
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