Carlos Miguel Álvarez García

Expediente 1261/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1261/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Miguel Álvarez García

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el trece de marzo de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe. AMC/VMMF/jlfb

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa ********************, de la sentencia dictada en autos, así como del proveído de veinticinco de agosto del año en curso, en el cual se ordenó la reanudación del procedimiento del presente juicio; de igual forma, de autos se obtiene que no obra constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del auto de reanudación. En ese sentido, túrnense los autos a la Actuaria de la adscripción a fin de que lleve a cabo las notificaciones respectivas. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Miguel Álvarez García, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 1261/2019-IV, sin que resulte necesario ordenar abrir a trámite el incidente de suspensión relativo por no haberlo solicitado. Se señalan las diez horas con diez minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. En otro contexto, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión en el que se encuentra interno; por tanto, se instruye al Actuario de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este juicio, se realicen en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a lo previsto en los artículos 17 Constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevén el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, requiérase al quejoso Carlos Miguel Álvarez García, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo designar abogado que lo represente; apercibido que de no hacerlo así dentro del término concedido se acordará lo que en derecho proceda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Por otro lado, para configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Finalmente, en atención a la solicitud del quejoso, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia simple del presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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