Carlos Mendoza Moreno
Expediente 539/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2021
Partes del expediente
- Carlos Mendoza Moreno
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón del fedatario judicial de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente al quejoso ***************, el proveído de veintinueve de julio último. Por lo anterior, demostrada la imposibilidad material que tuvo el funcionario judicial para practicar la notificación de mérito en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista que se fije en los estrados de este juzgado, sin ulterior acuerdo, el auto de referencia, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 539/2021-II, de este índice, ello con motivo de la incompetencia planteada mediante proveído de veintinueve de julio último; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, si bien es cierto, de la lectura del oficio que se atiende no se aprecia de manera expresa que el citado homologo federal precise avocarse al conocimiento del presente asunto, también lo es, que en la fecha en que acusó recibo de los autos, formuló una prevención a efecto de que la parte quejosa subsanara las deficiencias ahí precisadas; por ello, se colige que tácitamente el referido órgano jurisdiccional continuará con el trámite de la demanda que nos ocupa. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
(Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 29 de julio de 2021 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades; regístrese con el número de juicio 539/2021-II. Acto reclamado. El quejoso señala como acto reclamado: La orden de aseguramiento del inmueble ubicado en el lote de terreno marcado con el ************* fraccionamiento Complejo Industrial Ciudad Mitras, municipio de García, en el estado de Nuevo León, emitida por el Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, Unidad Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en los autos de la carpeta de investigación ***************. Incompetencia Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que Carlos Mendoza Moreno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aseguramiento del inmueble ubicado en el lote de terreno marcado con **************, fraccionamiento Complejo Industrial Ciudad Mitras, municipio de García, en el estado de Nuevo León, emitida por el Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, Unidad Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en los autos de la carpeta de investigación **************. Entonces en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. En el caso, el acto reclamado tiene aparejada una emisión y ejecución material. Sirve de apoyo a la anterior la tesis cuyo rubro y textos son del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE BIENES INMUEBLES POR DELITOS FEDERALES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE SE MATERIALICE LA ORDEN RESPECTIVA O SE LLEVE A CABO SU PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama el aseguramiento ministerial de bienes inmuebles, el cual deriva de la indagatoria seguida por la probable comisión de delitos federales, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza con la anotación marginal que hace la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el citado mandato de restricción constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos sustantivos y adjetivos federales penales, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir.". Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de amparo es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto el cual tendrá su verificativo en el estado de Nuevo León; por tanto, el Juzgado de Distrito competente lo será aquél que tenga su residencia en ese estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por Carlos Mendoza Moreno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese y personalmente.".
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades; regístrese con el número de juicio 539/2021-II. Acto reclamado. El quejoso señala como acto reclamado: La orden de aseguramiento del inmueble ubicado en el lote de terreno marcado con el ************* fraccionamiento Complejo Industrial Ciudad Mitras, municipio de García, en el estado de Nuevo León, emitida por el Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, Unidad Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en los autos de la carpeta de investigación ***************. Incompetencia Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que Carlos Mendoza Moreno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aseguramiento del inmueble ubicado en el lote de terreno marcado con **************, fraccionamiento Complejo Industrial Ciudad Mitras, municipio de García, en el estado de Nuevo León, emitida por el Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, Unidad Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en los autos de la carpeta de investigación **************. Entonces en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. En el caso, el acto reclamado tiene aparejada una emisión y ejecución material. Sirve de apoyo a la anterior la tesis cuyo rubro y textos son del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE BIENES INMUEBLES POR DELITOS FEDERALES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE SE MATERIALICE LA ORDEN RESPECTIVA O SE LLEVE A CABO SU PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama el aseguramiento ministerial de bienes inmuebles, el cual deriva de la indagatoria seguida por la probable comisión de delitos federales, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza con la anotación marginal que hace la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el citado mandato de restricción constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos sustantivos y adjetivos federales penales, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir.". Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de amparo es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto el cual tendrá su verificativo en el estado de Nuevo León; por tanto, el Juzgado de Distrito competente lo será aquél que tenga su residencia en ese estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por Carlos Mendoza Moreno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese y personalmente.
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